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Quid sobre el positivismo jurídico (…y IV)

En ocasión anterior en este blog, trabajamos un punto de partida sobre las distintas escuelas del Derecho, sin profundizar detenidamente sobre cada una de ellas. Ahora, gracias a la colaboración de los magistrados Rosalba Ortega, Bayoan Rodríguez y Alicia Campos Ega, tengo la oportunidad de retomar esta tarea con el positivismo normativo.

En este capítulo final, lo dedicamos al famoso debate Hart-Dworkin.  


Un poco sobre el debate Hart·Dworkin.

Hart, al justificar su teoría sobre las reglas de reconocimiento, establece que estan tienen por finalidad es identificar las normas que integran un determinado ordenamiento jurídico, se trata pues de una regla no escrita pero que establecen una serie de hechos que deben darse para que una regla sea jurídica. Según sostiene Hart, ante la inexistencia de una regla jurídica, corresponderá a los jueces de manera discrecional, crear derecho.

El debate Hart-Dworkin, constituye un muy interesante desacuerdo teórico entre dos eminentes juristas de la teoría del derecho. Se fundamenta básicamente, en dos críticas fundamentales realizadas por Dworkin a la teoría de Hart, la primera de ellas con relación a la clasificación de las reglas en primarias y secundarias, pues, según señala Dworkin, al realizar esa clasificación Hart deja de lado otras pautas no menos importantes, que no constituyen reglas sino más bien principios. Por otro lado, Dworkin indica, al criticar la teoría de Hart, la no posibilidad de discrecionalidad judicial desde el modo que la plantea Hart, Fundamentado precisamente en el hecho de la existencia de los principios.

Con relación a las reglas de reconocimiento planteadas por Hart, Dworkin critica el hecho de que estás sólo tendrían aplicabilidad en un sistema jurídico compuesto únicamente por reglas, debido a que la naturaleza de dichas reglas es esencialmente formal, lo que impide utilizarlas para el reconocimiento de los principios.  Hart por su parte, al contestar la crítica de Dworkin, sostiene que las reglas de reconocimiento son también un mecanismo para identificar los principios jurídicos, en el entendido de que su diferencia con relación a las reglas es únicamente que el grado de incertidumbre con estos, es mayor que el de las reglas.

En lo que respecta a mi inclinación a una de las dos posturas, siento mayor simpatía por la tesis de Hart, sobre todo en sus planteamientos en el Postcriptum;  en el entendido de que, contrario a lo que sostiene Dworkin, entiendo que la clasificación en reglas primarias y secundarias, no está diseñada exclusivamente para un sistema de reglas, sino que, a través de las reglas de reconocimiento, se pueden identificar también los principios, y a establecer su pertenencia o no al sistema jurídico. Entiendo además la importancia de las reglas de reconocimiento a los fines de determinar la pertenencia de una norma determinada, al ordenamiento jurídico, a fin de establecer su validez.  Entiendo que Hart, si bien es un positivista metodológico, no deja de reconocer valor en los principios, al indicar que estos pueden ser utilizados por el juez para resolver los casos difíciles

Quid sobre el positivismo jurídico (III)

En ocasión anterior en este blog, trabajamos un punto de partida sobre las distintas escuelas del Derecho, sin profundizar detenidamente sobre cada una de ellas. Ahora, gracias a la colaboración de los magistrados Rosalba Ortega, Bayoan Rodríguez y Alicia Campos Ega, tengo la oportunidad de retomar esta tarea con el positivismo normativo, ahora continuando con el representante de la versión moderada del positivismo metodológico: H.L.A. Hart.


El positivismo metodológico.

H.L.A y el concepto del Derecho.

a.    Críticas a John Austin y a Hans Kelsen

Hart, filósofo del derecho y figura clave en el estudio del neopositivismo, ha visitado en su obra “El Concepto de Derecho” las teorías normativistas formuladas por John Austin (y consecuentemente, Hans Kelsen), y ha formulado una serie de críticas relevantes para el presente estudio.  Las objeciones de Hart se dirigen en tres grandes grupos: En cuanto al contenido de las normas jurídicas, en cuanto a su origen, y en cuanto a su ámbito de aplicación. Para los fines del presente trabajo, nos enfocaremos únicamente en las críticas en cuanto al contenido de la norma.

En primer lugar, este autor inglés inicia en su capítulo II a plantear diferencias conceptuales entre “norma jurídica”, “mandato” y “orden”. Refiere, para ello, al uso del lenguaje imperativo, cuyo uso en las situaciones sociales que a diario enfrentamos son diversas al extremo (súplica, advertencia, sugerencia, queja, etc.), distinguiendo un caso en donde la palabra imperativo resultaría apropiada, y es en los casos en que se le ordena a una persona realizar una acción determinada (Ejemplo: El asaltante que dice: “dame el dinero o te mato”). Hasta esta parte, no hay duda –aparente– de que estamos frente a una orden, otorgada por una persona con superioridad material frente a un destinatario en desventaja, quien finalmente se encuentra coaccionado de su voluntad. La pregunta que formula Hart en ese sentido es: En el caso del asaltante ¿Es lo mismo decir “el asaltante ordenó” que “el asaltante dio una orden”? Ante ello, Hart explica que: “Mandar es característicamente ejercer autoridad sobre hombres, no el poder de causar daño, y aunque puede ir combinado con amenazas de daños, un mandato no es primordialmente una apelación al miedo, sino respeto a la autoridad”[1].

En esencia, en el marco de la reflexión acerca de las dificultades para definir el derecho, Hart formula una crítica a la tesis de Austin que propone una definición del derecho como “órdenes respaldadas por amenazas” resulta incompatible con la variedad de normas que se encuentran en los sistemas jurídicos, observando (a) cómo las normas jurídicas no son necesariamente órdenes o mandatos; (b) cómo el derecho no es fruto del deseo de una persona o de un grupo de personas –Soberano– al cual los ciudadanos están acostumbrados a obedecer, lo que mucho menos toma en cuenta el caso de las democracias modernas; (c) cómo las normas no son necesariamente coactivas; es decir, cómo existe el derecho sin sanción[2].

Esta crítica de Hart al esquema de Austin se hace extensiva a la teoría kelseniana de que el derecho es un orden coactivo, ya que si bien este modelo responde bastante bien a la estructura de las normas jurídicas penales y a algunas pocas de las civiles, no recoge,  sin embargo, la estructura de una gran cantidad de normas que integran los sistemas jurídicos en forma característica.

Se descarta, con esta visión, las denominadas normas potestativas, es decir, aquellas que confieren poderes y atribuciones de índole privado a una persona física o jurídica (la capacidad de contratar, por ejemplo), como también aquellas que confieren potestades públicas, como las que otorgan la competencia  a la Suprema Corte de Justicia de dictar resoluciones de alcance general. Para estos casos, las normas no tienen por función imponer obligaciones sino acordar a los particulares facilidades para concretar sus deseos (recordar las reglas técnicas de von Wright), otorgándoles potestades para crear, en ciertas condiciones, derechos y obligaciones dentro de un marco coercitivo. Si no se siguen las reglas para hacer un testamento válido, no se dirá que se ha “infringido” alguna obligación, simplemente no se habrá concretado el propósito de hacer un testamento que tenga por efecto dar origen a derechos y obligaciones. La consecuencia en estos casos no es precisamente una sanción, sino por el contrario, una nulidad.

Frente a la posición que de Kelsen de que las normas primarias son las auténticas normas, Hart denomina a esto un “modelo simple”, que no compagina que la complejidad de una sociedad, y menos las sociedades modernas abiertas a fenómenos como el derecho internacional y el pluralismo social y jurídico. En efecto, el hecho de que haya necesidad de distinguir entre los diferentes tipos de normas no implica negar que haya relaciones relevantes entre ellas:

“Si comparamos la variedad de tipos diferentes de normas jurídicas que aparecen en el sistema moderno (…) con el modelo simple de órdenes coercitivas (…), brota una multitud de objeciones. Es patente que no todas las normas ordenan hacer o no hacer algo. ¿No es engañoso clasificar así  normas que confieren a los particulares la potestad de otorgar testamentos, celebrar contratos, contraer matrimonios, y normas que confieren potestades a funcionarios, por ejemplo, la de decidir litigios a un juez, la de dictar reglamentos a un ministro, la de aprobar ordenanzas a un consejo departamental? Es patente de que no todas las normas jurídicas son legisladas (enacted), ni todas son la expresión del deseo de alguien como son las órdenes generales de nuestro modelo. Esto parece inaplicable a la costumbre, que ocupa un lugar genuino, aunque modesto, en la mayor parte de nuestros sistemas jurídicos. Es obvio que las normas jurídicas, aun cuando se trate de leyes, que son normas deliberadamente creadas, no son necesariamente órdenes dadas a otros. ¿Acaso las leyes, no obligan, con frecuencia a los propios legisladores? Finalmente, ¿es menester que las normas legisladas, para ser normas jurídicas, expresen realmente las intenciones o anhelos efectivos de algún legislador? ¿No sería acaso norma jurídica una medida debidamente aprobada, si quienes la votaron no conocían su significado? (…)”[3].

En cuanto a la división formulada por Kelsen de las normas en primarias y secundarias (siendo éstas derivados lógicos de aquellas), y colegirse en consecuencia que las normas primarias, que son las “genuinas”, se dirigen a los funcionarios que aplica el Derecho, Hart objeta en el sentido de que esto implica desconocer la función del Derecho de motivar la conducta de sus destinatarios. Supone, además, considerar el ordenamiento jurídico sólo desde el punto de vista del hombre malo, el hombre que ya ha infringido su deber, y hay que ver qué hacer con él; en vez de poner en el centro al hombre que quiere cumplir con su deber y toma el derecho como guía.

b.   El derecho como un modelo complejo de normas

Ante la crítica planteada a los criterios austinianos y kelsenianos de la teoría de la norma jurídica, Hart plantea una solución que no acude, a la existencia de un derecho natural o primitivo, como lo hacen otros autores, sino que formula una división del Derecho entre reglas primarias y secundarias, que opera de la siguiente manera:

i.    Reglas primarias. Son las reglas que prescriben a los individuos realizar ciertos actos, lo quieran o no; imponen, en cierto sentido, obligaciones, puesto que tienen fuerza compulsiva y sirven de base para la crítica o el elogio por la conformidad o la no conformidad con la regla. Estas reglas no sólo se dirigen a los funcionarios, prescribiéndoles la aplicación de sanciones, sino que, principalmente, se dirigen a los súbditos, indicándoles conductas que se consideran deseables

ii. Reglas secundarias. Son reglas acerca de las reglas. Es decir, establecen potestades públicas o privadas, así como también la creación o modificación de deberes y obligaciones[4].

En efecto, Hart establece que es posible imaginar una sociedad sin legislatura, tribunales o funcionarios de ningún tipo, tal y como funcionaban algunas comunidades primitivas; funcionaría entonces como una estructura de reglas primarias de obligación. Sin embargo, esta idea resulta implausible en nuestro mundo moderno, tan sólo imaginar una sociedad organizada que viva precisamente en esas condiciones, estas reglas primarias enfrentan tres problemas esenciales: (a) falta de certeza; (b) carácter estático de las reglas; (c) la ineficiencia de la difusa presión social ejercida para hacer cumplir las reglas.

La solución a estos defectos en las reglas primarias de obligación consiste en la complementación de éstas con las reglas secundarias antes referidas; remedio éste que, aplicado a cada defecto particular, podría ser considerado el paso necesario del mundo pre-jurídico al mundo jurídico. En efecto, mientras las reglas primarias se ocupan de las acciones que los individuos deben o no hacer, las reglas secundarias especifican la manera en que las reglas primarias pueden ser verificadas en forma concluyente, introducidas, eliminadas, modificadas y su violación determinada de manera controvertible. En tal virtud, las reglas secundarias se dividen en tres importantes subconjuntos.

Reglas Primarias Prescriben a los individuos realizar ciertos actos, lo quieran o no; imponen, en cierto sentido, obligaciones, puesto que tienen fuerza compulsiva y sirven de base para la crítica o el elogio por la conformidad o la no conformidad con la regla
Reglas Secundarias Reglas de reconocimiento Ante el problema de la incerteza, ésta especifica alguna característica o características cuya posesión por una regla sugerida es considerada como una indicación afirmativa indiscutible de que se trata de una regla del grupo.
Reglas de

Cambio

Ante el problema de la cualidad estática de las reglas primarias, éstas permiten a un individuo o grupo de personas a introducir nuevas reglas principales para el desarrollo de la vida del grupo, o de alguna clase en su seno, o para eliminar las viejas reglas
Reglas de Adjudicación Como una solución a la insuficiencia de presión social difusa, éstas facultan a determinar, en forma revestida de autoridad, si en ocasión particular se ha transgredido una regla primaria. Ejemplo de reglas de adjudicación son: las que identifican a los individuos que pueden juzgar; las que definen el procedimiento a seguir; las que definen un grupo importante de conceptos jurídicos, como  “juez”, “tribunal”, “jurisdicción”, “sentencia”.

Hart sostiene que esta visión compleja del Derecho facilita una comprensión más aguda de una serie de fenómenos jurídicos que si se lo encasilla en forma simplista en un esquema unitario. Este enfoque de Hart permite advertir que, contrariamente a lo que piensan Kelsen y otros autores, no es posible distinguir una norma jurídica de otras clases de normas por su contenido o estructura, considerando a la norma en forma aislada, sino por su pertenencia a un sistema jurídico. En vez de definir “sistema jurídico” como un sistema integrado por normas jurídicas, hay que definir “norma jurídica” como una norma que pertenece a un sistema jurídico. Esto obliga a dar prioridad a la caracterización del concepto de sistema jurídico, lo que será tema del siguiente capítulo. Hart concluye advirtiendo que aunque la combinación de reglas primarias y secundarias, en razón de que explica muchos aspectos del derecho, merece el lugar central asignado a ella, esto no puede por sí iluminar todos los problema; dicha unión podrá estar en el centro de un sistema jurídico, pero no es el todo.

[1] HART, H.L.A., “El Concepto del Derecho” (traducción de Genaro Carrió), segunda edición, Abeledo-Perrot, 1998

[2] BAUTISTA ETCHEVERRY, Juan, “El debate sobre el positivismo incluyente: Un estado de la cuestión”. UNAM, 2006, pág. 10

[3] Op cit., capítulo III: “La diversidad de las normas jurídicas” (fragmento inicial)

[4] Ídem, pág. 101

 

Quid sobre el positivismo jurídico (II)

En ocasión anterior en este blog, trabajamos un punto de partida sobre las distintas escuelas del Derecho, sin profundizar detenidamente sobre cada una de ellas. Ahora, gracias a la colaboración de los magistrados Rosalba Ortega, Bayoan Rodríguez y Alicia Campos Ega, tengo la oportunidad de retomar esta tarea con el positivismo normativo, ahora abordando uno de los principales exponentes del positivismo metodológico: Hans Kelsen.

En una próxima entrega continuamos con H.L.A. Hart.

  • El positivismo metodológico.
    • Hans Kelsen: La teoría pura del Derecho.
    • H.L.A. Hart: El concepto del Derecho.
    • Un poco sobre el debate Hart-Dworkin

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Quid sobre el positivismo jurídico (I)

En ocasión anterior en este blog, trabajamos un punto de partida sobre las distintas escuelas del Derecho, sin profundizar detenidamente sobre cada una de ellas. Ahora, gracias a la colaboración de los magistrados Rosalba Ortega, Bayoan Rodríguez y Alicia Campos Ega, tengo la oportunidad de retomar esta tarea con el positivismo normativo. Esto, por supuesto, es un trabajo descriptivo, en donde nos limitamos a describir y explicar las características esenciales de esta escuela de pensamiento y sus principales exponentes, sin asumir una posición crítica al respecto. En este primer apartado, trabajaremos desde las nociones generales del positivismo, hasta los principales exponentes del positivismo jurídico anglosajón. 


EL POSITIVISMO JURIDICO.

  • Introducción. Nociones generales del positivismo
  • El positivismo jurídico anglosajón. 
    • Jeremy Bentham
    • John Stuart Mill
    • John Austin
  • El positivismo metodológico.
    • Hans Kelsen: La teoría pura del Derecho.
    • H.L.A. Hart: El concepto del Derecho.
    • Un poco sobre el debate Hart-Dworkin

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Demanda en Nulidad de Sentencia de Adjudicación: ¿Tribunal Civil o Jurisdicción Inmobiliaria?

El artículo 3 de la ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario dispone textualmente que tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana (…). Sin embargo, agrega una excepción importante en su párrafo I, cuando establece que:

Párrafo I.- Los embargos inmobiliarios, y los mandamientos de pagos tendentes a esos fines son de la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios y no de la Jurisdicción Inmobiliaria, aún cuando la demanda se relacione con la propiedad del inmueble cuya expropiación se persiga, o con cualquier derecho susceptible de registrar y aún cuando dicho inmueble esté en proceso de saneamiento.

Esta disposición estuvo vigente incluso en la otrora Ley 1542 sobre Registro de Tierras, que en su artículo 10 disponía que: “Los tribunales ordinarios serán competentes para conocer de toda demanda que se establezca con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario o de un mandamiento de pago tendiente a este fin, aún cuando se relacione esta demanda con la propiedad del inmueble cuya expropiación se persigue o con cualquier derecho a registrar y aún cuando esté en proceso de saneamiento de dicho inmueble”.

La pregunta sería: ¿Qué pasa con las acciones en nulidad de sentencia de adjudicación? ¿Sería competencia del Tribunal Civil o de la Jurisdicción Inmobiliaria? La respuesta evidentemente es que la jurisdicción civil, y a continuación exponemos tres motivos esenciales:

i. La JI es un Tribunal de Excepción. Contrario a la Jurisdicción Civil Ordinaria, la competencia establecida para los Tribunales de Tierra está estrictamente limitada por la ley, y es de esta forma que sentenciosamente inicia el referido artículo 3 de la LRI, lease una competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana. En ese sentido, si no se ha establecido expresamente por la ley la aptitud legal de los Tribunales de Jurisdicción Original para conocer de nulidades de sentencia de adjudicación, el Juez no puede deducir su competencia implícitamente para conocer de estas acciones. En contraparte…

ii. La Jurisdicción Civil es la jurisdicción de derecho común. Al efecto, la ley 821 sobre Organización Judicial dispone en su artículo 43 que…

En cada Distrito Judicial habrá un Juzgado de Primera Instancia con plenitud de jurisdicción, el cual podrá estar dividido en Cámaras según lo exija el mejor desenvolvimiento de las labores judiciales a su cargo.

Esa plenitud de jurisdicción, como bien es sabido, funciona a la inversa de los tribunales de excepción: El Juzgado de Primera Instancia tiene competencia implícita para conocer de todo aquello que la ley no la ha establecido expresamente para una jurisdicción especial. Por vía de consecuencia, bastaría decir que si no hay una competencia establecida para la Acción en Nulidad de Sentencia de Adjudicación, su conocimiento y fallo cae automáticamente ante el Tribunal de Derecho Común. Sin embargo, este análisis termina siendo simplista de la situación: Estamos ante una demanda en donde se pretende declarar nula la decisión judicial que adjudicó un inmueble. Es obvio que estamos ante una acción con consecuencias registrales.

iii. El Juez de la Acción es el Juez de la Excepción. Esta solución es la arribada por la jurisprudencia dominicana, cuando -invocándose la incompetencia de la jurisdicción civil para conocer de este tipo de acción- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió de la siguiente manera:

“(…) respecto al alegato de la parte recurrente de que procedía la incompetencia del tribunal ordinario para conocer de la demanda en nulidad de sentencia de adjudicación, por existir un apoderamiento previo del tribunal de tierras para conocer una litis de terrenos registrados sobre el certificado de título expedido a favor del recurrente, esta Corte de Casación, ha verificado que, contrario a lo alegado por la parte recurrente y conteste con lo expresado en la sentencia impugnada, el único tribunal competente para conocer una demanda en nulidad de sentencia de adjudicación es aquel que la dictó, es decir, el Juzgado de Primera Instancia correspondiente y no la jurisdicción inmobiliaria, conforme lo establece el artículo 10 de la Ley 1542 sobre Registro de Tierras, el cual expresa que: “Los tribunales ordinarios serán competentes para conocer de toda demanda que se establezca con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario o de un mandamiento de pago tendiente a este fin, aún cuando se relacione esta demanda con la propiedad del inmueble cuya expropiación se persigue o con cualquier derecho a registrar y aún cuando esté en proceso de saneamiento de dicho inmueble”; en consecuencia, el alegato examinado carece de fundamento y debe ser desestimado” Suprema Corte de Justicia, Primera Cámara, sent. 12, del 10 de octubre del 2007. BJ 1163.

Recapitulando, las tres razones que podemos ofrecer para determinar que el tribunal competente es la jurisdicción civil -y no la inmobiliaria- de la demanda en nulidad de sentencia de adjudicación fluyen por el mismo razonamiento: La jurisdicción inmobiliaria como jurisdicción especializada sólo conoce de aquello que la ley expresamente le otorga competencia, distinto a la jurisdicción civil ordinaria, que en el caso de la nulidad de sentencia de adjudicación, primero no es establecida su competencia para los tribunales inmobiliarios, y segundo su naturaleza deviene un embargo inmobiliario, que es de competencia expresa de las cámaras civiles y comerciales.

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¿A quién realmente le hemos fallado?

Hace exactamente tres años escribí estas líneas, y en su momento decidí no publicarlas en el blog. Aparentemente entendí que era mejor dejarlas como una nota personal y no como un pronunciamiento público. En todo caso, para el que dice que es mejor pensar antes de hablar, yo humildemente respondería que ese ejercicio, llevado al extremo, termina dejando a la gente muda. 

Fue un día ajetreado en la ciudad capital ese viernes 31 de enero del año 2013, en que yo, pobremente alimentado, tenía fijado tres eventos de día completo: recibir clases en la Escuela Nacional de la Judicatura en la mañana, reunirme con el nuevo Director Interino de Carrera Judicial en la tarde, y finalmente ir en la noche al Hotel Crowne Plaza, lugar donde se celebraría esta entrega de los Premios Nacionales de la Juventud y en el que nuevamente no ganaría. Quizás suene como un verdadero perdedor diciendo esto, pero esos premios por concurso de méritos no tienen un real valor objetivo en sí mismos (aunque el metálico y el viaje fuera del país no caen mal, que digamos), en el sentido de que con tanto talento compitiendo en los mismos renglones a nivel nacional, seleccionar una persona para ser premiada en cada renglón es el equivalente a comparar peras con manzanas, basketball con ajedrez: nadie, objetivamente hablando, puede ser mejor que otro (quizás si hubiese ganado, mi percepción sea otra, pero… ¿quién sabe?)

Aunque admito que la calidad del evento aumentó sustancialmente en esta particular entrega frente al anterior; en esta ocasión fue especial y estremecedora, ya que fue la oportunidad de conocer muy brevemente esa joven que de la que apenas había escuchado en las noticias: aquella talentosa ingeniera industrial cuya calidad de vida fue alterada para siempre por un acto injustificado de violencia, siendo atracada, recibiendo un disparo, y todo para sustraerle sus pertenencias. Esta joven, que por intervención divina hoy cuenta con la capacidad de narrar su historia personal, quedó totalmente ciega. En esas circunstancias, cualquiera -hasta aquellos más fríos, racionales y pasivos- le hubiese dado la licencia personal para sentir y externar su odio agresores; y sin embargo, en un acto inesperado para una mente tan cínica como la mía, ofreció el perdón a quienes cegaron su visión. Ese viernes por la noche, la ovación para recibir a Francina Hungría fue de pie, con un aplauso continuo que sólo fue callado cuando ella tomó la palabra mientras recibía un premio especial a la juventud, y ofrecía un discurso positivo y alentador a todo el conglomerado de jóvenes allí reunidos.

Luego de ese breve evento, esa joven retornaría a ser una nota informativa más en nuestra querida eRReDé, que uno inadvertidamente saca de circulación con noticias mas recientes y sigue -de forma indiferente- con el ritmo normal de su vida.

Mas adelante esta misma semana, su nombre y otros más han un sido tópico relevante en la palestra pública, cuando el proceso penal seguido en contra de sus supuestos agresores culminó con sentencia condenatoria (30 años) para uno de ellos, y sentencia absolutoria para los cuatro restantes. La reacción mediática no se hizo esperar, y por la ley del precedente, se hizo bastante predecible: Todo un aluvión conformado por la prensa, la pseudo-prensa, juristas y aspirantes a juristas, desde el contacto más anónimo de Facebook hasta el representante en jefe del Ministerio Público han mostrado públicamente su indignación y condenación moral a esta “benigna” y “reprochable” decisión; todo esto convirtiéndose en un huracán ante los medios sociales, con el ojo ubicado justamente en las honorables magistradas del Segundo Tribunal Colegiado. En efecto, ya todo un escenario post-procesal ha sido construido: desde la creación de programas especiales titulados: “Te fallamos, Francina”hasta la creación de campaña difamatoria en contra de las juezas de ese tribunal penal; campaña de la que no queda exento el Procurador General de la República, cuyas manifestaciones van (como en ocasiones anteriores) más allá del potencial recurso de apelación en contra de la impopular decisión. Lo peor de todo es que todas estas campañas han ido al plano personal, usando incluso el nombre de pila de las magistradas, tal si estos activistas realmente conocieran las personas detrás de Sarah Veras, Ingrid Soraya Fernández y Gisel Soto.

Personalmente, he tirado la toalla tratando de convencer a todo interlocutor, cuando toca estos temas, que una cosa es lo que se narra en la prensa y otra muy distinta lo que realmente sucede en los tribunales. Llegó un punto en una conversación con un amigo, muy educado y dispuesto a escuchar, en que le dije de manera inmerecida y ex-abrupta que si la idea era hacer un comentario social, yo ni pretendía rebatirle… es más, lo ayudaría buscando argumentos, que la justicia no sirve y que este país hay que cerrarlo con llave… todo para tratar de demostrarle que todas estas manifestaciones no son el producto de un juicio racional, sino de quien pierde los estribos (no dándome cuenta en el momento que fui yo quien perdí los estribos, al no contestar apropiadamente). Luego de esto, calmadamente procedí a adoptar una posición más metodológica y me dije que para proceder a un análisis adecuado tengo que ubicar el elemento esencial por antonomasia: La sentencia.

Siendo la sentencia el paso #1, me hice una pregunta sin respuesta al momento de este escrito: ¿Dónde está la sentencia? ¿Qué presentó el Ministerio Público en audiencia? ¿Cuáles motivos fueron esbozados para la parte absolutoria, y cuáles para la parte condenatoria? ¿Por qué treinta años?. De todo esto sólo puedo elaborar hipótesis infundadas, pero jamás un juicio acabado sobre la verdad construida en ese proceso y que finalizó con la sentencia que no tengo a mano.

En estas circunstancias, no puedo defender a la magistrada Ingrid Soraya Fernandez, quien he tenido la oportunidad de conocer y darme cuenta que es una agradable persona y muy dispuesta a su trabajo; tampoco puedo defender a la magistrada Sarah Veras, un excelente ser humano antes que jueza, muy amiga de la familia desde hace buen tiempo, pero sobre todo, una lumbrera en derecho procesal penal, tal y como se evidencia con sus diversos logros en el área. Pero sobre todo, no entiendo qué es lo que se debe defender, analizar o acusar sin tener el porqué en mis manos; un porqué tan necesario que tampoco lo tiene el honorable PGR, cuyos pronunciamientos se alejan del Derecho y se aproximan más a un proyecto político.

Al final, tanto los medios como las autoridades que han tomado esta oportunidad para ser nuevamente relevantes, cimientan su jugada en el buen nombre y reputación de estas magistradas, que sirven de chivos expiatorios para todas las políticas públicas fallidas o defectuosas de nuestro Estado de Derecho. El derecho penal es el último dique de la política criminal del Estado, y atribuir todos los males del mundo (como lo hace este activismo arrasador) a esta impopular sentencia, es negar la existencia de males que le preceden e imaginar que con una sentencia super-condenatoria se puede, no sólo devolver la vista a la joven Francina, sino además enmendar la plana a toda la sociedad dominicana, que de por sí vive en un paso a desnivel: Por cada Francina Hungría que sufre públicamente la atrocidad de la delincuencia, éste último mal no viene a desaparecer con una actitud vengativa, sino con el desarrollo de políticas preventivas para que otra persona por tenga que pasar nuevamente la misma experiencia.

¿Estamos acaso otorgándole mayor función y relevancia al Derecho Penal de la que realmente tiene?… Personalmente, no creo en la erradicación del Derecho Penal, y más bien considero que debe reforzarse su finalidad preventiva. Pero de ahí a que una pena tenga un efecto retroactivo, y restaure los cosas a su estado anterior es una noción idílica e irrealizable que sobrepasa la utopía en que muchos de nosotros quisiéramos vivir.

El hecho delictivo en manos es lamentable; que ese hecho haya quedado parcialmente impune, más lamentable aún. Pero una sociedad organizada debe elevar su nivel de respuesta al de una turba iracunda e irracional. Por ello es que los procesos son públicos, igual su resultado final en forma de sentencias y resoluciones judiciales. Antes de acudir a métodos primitivos, ¿no es mejor hacer uso del derecho a la información y documentarse de todos los acontecimientos al respecto?

Es lo que finalmente pido en este escrito, ya que la persona más afectada por todo esto hizo algo que elevo nuestra categoría como seres humanos: ofreció el perdón. Antes de que esto se malinterprete, no pido la liberación o el perdón judicial de la pena de una persona culpable de un hecho tan atroz (de hecho, legalmente no procede); lo que pido es que la actuación de la plebe vaya de la mano con una cabeza fría, meditada y que se pueda identificar con las herramientas legales que realmente tiene a mano. Porque si nos dejamos llevar por el odio, el sentimiento de indignación, y por saciar una sed inacabable de venganza, estaríamos fallando como parte de la sociedad a la que Francina pertenece.

El recurso de casación en materia penal. ¿En cuáles casos procede?

Trabajo académico presentado en la Escuela Nacional de la Judicatura (circa 2009), con motivo al curso taller de “Derecho Procesal Penal III: Derecho de los Recursos y Ejecución Penal”. Aquí exploramos la naturaleza del recurso extraordinario por excelencia: La casación, cuya finalidad objetiva es la unificación de la jurisprudencia a nivel nacional. Para ellos, deberá explorarse todas aquellas decisiones que ponen fin al procedimiento. Mucha lluvia ha caído desde este artículo, pero he decidido dejarlo intacto para abrir el abanico de posibles críticas, sobre todo, en vista de la nueva ¿ley? 10-15 que modifica el Código Procesal Penal. Esperamos sea de utilidad. 

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