Letrado 21

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El recurso de casación en materia penal. ¿En cuáles casos procede?

Trabajo académico presentado en la Escuela Nacional de la Judicatura (circa 2009), con motivo al curso taller de “Derecho Procesal Penal III: Derecho de los Recursos y Ejecución Penal”. Aquí exploramos la naturaleza del recurso extraordinario por excelencia: La casación, cuya finalidad objetiva es la unificación de la jurisprudencia a nivel nacional. Para ellos, deberá explorarse todas aquellas decisiones que ponen fin al procedimiento. Mucha lluvia ha caído desde este artículo, pero he decidido dejarlo intacto para abrir el abanico de posibles críticas, sobre todo, en vista de la nueva ¿ley? 10-15 que modifica el Código Procesal Penal. Esperamos sea de utilidad. 

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Sobre la Objetividad y la Separación de Funciones (art. 22 del CPP)

Al inicio del 2012, saltaba a la vista como una de las mayores luces del inicio de la gestión presidencial de DM la designación de Francisco Domínguez Brito como PGR, quizás a modo de superación de su predecesor en ese puesto, precisamente por la elección que se debe hacer entre las cosas propias de la política y desempeñar responsablemente una función pública. Habiendo dicho esto, el populismo penal se ha convertido en un monstruo tan poderoso al que nadie escapa, ni siquiera el actual PGR, cuyos pronunciamientos nuevamente redirigen el tema de la delincuencia como culpa compartida entre jueces penales y el “nuevo” Código. No ha bastado ni siquiera que hayamos aprobado, promulgado y publicado retroactivamente una ley 10-15 con las que se ha doblado la muñeca a muchas de esas reglas tediosas que necesitan cumplirse para un debido proceso. No… desde la óptica de la parte acusadora, si hay criminales en la calle es única y exclusivamente por las decisiones ‘favorables’ que emiten los jueces desde su tribunal. En términos muy breves, y utilizando precisamente las herramientas normativas con las que todos nos regimos, algunos puntos:

1.- El “nuevo” Código no es tan nuevo que digamos

El Código Procesal Penal, al que aún se refieren como “el nuevo Código”, introduce una forma innovadora de contemplar la justicia penal: El proceso como campo de juego[1], donde se rompe con el “todos para uno… y uno para todos” del sistema inquisitorio y se introduce un sistema acusatorio que reafirma los principios y derechos previamente establecidos en nuestra Constitución Política, en torno al derecho del imputado como ser humano. Reafirma… ya que gran parte de esas reglas tediosas de las que tanto se quejan los actores del sistema vinieron de manos del bloque de constitucionalidad. De hecho, si nuestro país no se caracterizara por una cultura de anomia social, el artículo 1 del CPP fuese totalmente innecesario:

“Primacía de la Constitución y de los Tratados. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio”.

Una sociedad respetuosa de las reglas del Derecho no requiere que le recuerden tanto cuáles reglas respetar y en que rango se ubican.

2.- La dualidad entre el ciudadano y el delincuente. 

Entre el ciudadano con derechos y el potencial delincuente interviene el CPP como una barrera casi mística de derecho procesal, al implementar una serie de reglas y mecanismos que garantizan una justicia eficaz en la medida en que sean correctamente implementados. Entre ellas, el artículo 22 del CPP consagra:

“Separación de funciones. Las funciones de investigación y de persecución están separadas de la función jurisdiccional. El Juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el ministerio público actos jurisdiccionales. La policía y todo otro funcionario que actúe en tareas de investigación en un procedimiento penal dependen funcionalmente del ministerio público”.

En síntesis, se plantea una división entre lo que el Juez y el Fiscal hacen: uno realiza labores jurisdiccionales y el otro investiga. El símil de esta separación no es precisamente un muro, sino más bien un colador o filtro, donde el juez no interviene directamente en la investigación, dejando el imperium de esa situación al fiscal, y asimismo, el MP tiene en sus hombros la carga de trabajo de dirigir la investigación (y todos los actores que en ella intervienen), y presentar una acusación objetiva y seria, conforme a los hechos investigados, estando en manos del juzgador determinar etapa por etapa, si la misma cumple con los méritos para arribar finalmente a una sentencia condenatoria firme.

3.- La apuesta hacia investigaciones de calidad.

Obviamente la sentencia penal no depende exclusivamente del rol que juega el MP, empero esa labor de investigación influye considerablemente en gran parte de las decisiones emitidas en la justicia penal, sobre todo aquellas en que se determina la “no-culpabilidad” (no confundir con inocencia) de un ciudadano por insuficiencia o ilegalidad de las pruebas obtenidas.

Imaginando el escenario más trágico: el de un caso sumamente grave, donde la persona se encuentra imputada de un crimen horrendo como lo sería una violación sexual, un atraco, un homicidio o inclusive las tres cosas juntas. Frente a un caso de esa magnitud, imagine un expediente pobre de pruebas vinculantes hacia la persona que se le acusa de cometer el hecho. Este es un caso trágico, porque ninguna solución judicial será favorable:
(a) Si se declara no-culpable por insuficiencia de pruebas, la insatisfacción será el jugo amargo que beberá toda la sociedad, incluida los mismos jueces obligados por ley a dar ese tipo de decisión, porque al final nadie -como ser humano con sentido común y con sentimientos- desea ver que un crimen quede impune;
(b) Si se declara culpable, aún con una deficiencia probatoria notoria, entonces se emite un “falso positivo”, donde queda la duda razonable de si la persona encausada realmente cometió los hechos… o si fue otra persona que ha quedado con carta blanca. O incluso peor, que se ha tratado de “coger al diablo saltándose las leyes“.

Por ello la importancia del artículo 14 del CPP, cuando dispone que:

Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción. En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad”.

Esto así, ya que bajo el símil del campo de juego, si pensamos solamente en función de Juez-Fiscal-Víctima-Imputado para los procesos, dejamos de lado la contraparte procesal , el encargado de velar por que su patrocinado salga libre o con la decisión más favorable a su persona. Hablamos de…

4.- La labor de la defensa técnica. 

Salvo aquellos casos en que el imputado goza de buen carisma y aprecio dentro del vox populi, generalmente la labor del defensor no es debidamente reconocida por la opinión pública, dejándose incluso huérfanos proyectos importantes como la Defensa Pública debido a la mala fama obtenida cuando se defiende a un “culpable”; es que el abogado defensor es comparado con una larva que crece a lo interno de un pozo séptico cuando no solamente se limita a realizar una defensa aparente y superficial, sino que precisamente hace su trabajo: detectar y explotar las fisuras en la investigación realizada o a realizarse. Es muy probable que ellos también influyan en la impunidad, sobre todo cuando saltan con este tipo de “diabluras” en los procesos:

* Que el plazo de las 48 horas de la Constitución se encuentra ventajosamente vencido.
* Que las pruebas fueron obtenidas ilícitamente por las autoridades.
* Que las pruebas obtenidas lícitamente no constituyen cintila para imponer la medida de coerción (art. 227.1); o para dictar auto de apertura a juicio (arts. 300-304); o para fundar una sentencia condenatoria (art. 337-338)… quizás por eso de la Presunción de Inocencia.
* Que a la hora de imponer la pena, si procediere, se pueden acoger circunstancias atenuantes, atendiendo al caso concreto.

Resta decir que la labor del defensor en procura de los mejores intereses legales de su cliente, lejos de ser una vileza de su persona, es una actitud ética y profesional que debe ser respetada. Por ello el artículo 18 del CPP dispone que:

Derecho de defensa. Todo imputado tiene el derecho irrenunciable a defenderse personalmente y a ser asistido por un defensor de su elección.  Si no lo hace, el Estado le designa uno. El imputado puede comunicarse libre y privadamente con su defensor desde el inicio de los actos de procedimiento y siempre con anterioridad a la primera declaración sobre el hecho. El defensor debe estar presente durante la declaración del imputado. El Estado tiene la obligación de proporcionar un intérprete al imputado para que le asista en todos los actos necesarios para su defensa, si éste muestra incomprensión o poco dominio del idioma castellano”.

A esto vienen excepciones propias del ejercicio abusivo del derecho, la litigación temeraria, la deslealtad procesal, y en esencia, toda actitud indecorosa para un profesional del derecho. Y en consecuencia, la labor de este “antagonista” en el proceso penal también es influyente, aunque no de forma única y exclusiva, en la solución final a que pueda arribarse… donde incluso acoger circunstancias atenuantes puede convertirse en el producto de una defensa positiva exitosa. En definitiva, cuestionar a priori la labor del defensor, por el mero hecho de ser el defensor, es la forma mas elocuente de escupir hacia arriba… porque a un proceso penal estamos expuestos todos, inclusive aquellos que nos digamos en llamarnos ciudadanos respetuosos de la ley.

5.- Igualdad ante la ley ≠ Igualdad de roles ante un estrado

El crescendo que se agrega, frente a las posiciones antitéticas del fiscal y del abogado defensor, se encuentra el principio de objetividad del Ministerio Público, que mientras el abogado trabaja en base a una tesis subjetiva en aras de defender a su cliente, al representante del Estado como acusador se le exige mantener una actitud objetiva durante la investigación y en la presentación de la acusación; al punto de que el CPP exige la presentación de pruebas tanto a cargo, como a descargo, pudiendo con esto último favorecer a su adversario en justicia.

Esa objetividad exigida flaquea fuertemente cuando se evalúa la tasa de criminalidad y de “impunidad” ante la justicia a través de las sentencias como único instrumento de medición, y peor aún, cuando sólo se toman para muestreo las sentencias absolutorias. Como esos pronunciamientos “metajurídico” llevan la discusión a un plano pragmático-social, huelga decir que el analfabetismo, la desigualdad social, el tercermundismo del que no salimos nunca, la pobreza extrema, el mal ejemplo inspirado por muchos en la cúpula, el criterio selectivo y arbitrario a la hora de dar persecución a los hechos punibles, la igualdad extremada con la que trabajan los medios de comunicación, y muchos factores más… quizás contribuyen por igual al auge de la criminalidad. Decimos quizás, porque la sociología y la criminología no son ciencias exactas. Si nos limitamos al plano jurídico, si realmente vamos a estudiar sólo las sentencias judiciales, no estaría de más que evaluáramos por igual el camino recorrido en el proceso para arribar a dicha decisión.

A modo de conclusión…

Personalmente no soy partidario de la impunidad; se necesita de un verdadero compromiso para combatir la delincuencia. Entiendo incluso que aún cuando erróneamente se pretenda correlacionar el auge de la delincuencia con la impunidad y ésta a la labor judicial con un vínculo necesario, estos pronunciamientos son guiados con las mejores intenciones, propias de buenos padres y madres de familia que les aterra vivir en una sociedad donde la peor clase de delincuentes vivan sin temor a la Ley. Soy igualmente partidario de que debemos cambiar el paradigma actual de que la impunidad es la regla.

Sin embargo, ello requiere un verdadero compromiso de todos los actores del sistema, a los fines de llevar una justicia íntegra y responsable, donde se pueda corregir la enfermedad y no nos quedemos en los síntomas, donde la culpabilidad en materias complejas no se limite a los chivos expiatorios, pero sobre todo, donde nunca se pretenda una intromisión en lo jurisdiccional, ni se pretenda omitir los derechos y garantías establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. El proceso penal es de las partes que directamente intervienen en él, y muy indirectamente del impacto que puedan producir en la sociedad; una investigación deficiente o una carga probatoria insuficiente no puede ser condonada con una sentencia condenatoria para calmar la sed de sangre que tenga la población dominicana, y si nos decidimos saltar toda la estructura constitucional y legal con tal de calmar esa sed de venganza, no estaríamos haciendo ni justicia, ni derecho… sino un atentado hacia ambas figuras.

Atm

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1. BINDER, Alberto; et al. Derecho Procesal Penal. Santo Domingo. Escuela Nacional de la Judicatura, 2006. págs. 19-21.

¿Promulgación defectuosa o vigencia retroactiva? Crónica de la ley 10-15 que modifica el CPP

Abstracto: ¿Es la legislación un argumento de autoridad fiable en la República Dominicana? ¿Qué papel deben asumir sus destinatarios ante dificultades de promulgación y de interpretación? Cuando navegamos en los pantanos de nuestro ordenamiento jurídico, ¿Podemos servirnos de la legislación como ruta hacia la civilización, o nos ahonda más en la jungla de la inseguridad jurídica? Esta y otras interrogantes parecen propicias, a la luz de la concepción abstracta de la ley[1] dentro de un Estado Democrático de Derecho, frente a las debilidades que pueden ser detectadas en la práctica. El presente artículo viene con motivo de las modificaciones al Código Procesal Penal mediante la ley 10-15, sin abordar el contenido material de la dicha ley, sino con un enfoque especial respecto de su “vigencia” inmediata (y podría argüirse que retroactiva) desde febrero del cursante año, y de cómo esto viene a ser noticia mes y medio después.


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“Paths of Glory” o la antitesis del debido proceso

Kirk Douglas

“El patriotismo es el último refugio de las sabandijas”.

Esta majestuosa obra de Stanley Kubrick, basada en la novela homónima de Humphrey Cobb, la cual funda su historia en una historia triste (pero real) de unos soldados franceses que, durante la primera guerra mundial, fueron ejecutados para poner un ejemplo al resto del regimiento. Lo deprimente no solamente es el trasfondo real de esta historia, ni el hecho de que no se trata de un hecho históricamente aislado, sino el escenario de la imposibilidad de la ejecución de una orden, como además las flagrantes violaciones a todo lo que se llama debido proceso. 

Vemos en esta película de 1957 dos personajes que constituyen su respectiva antitesis uno del otro: El general General George Broulard (Adolphe Menjou), que sólo busca (curiosamente) su camino de la gloria, y el Coronel Dax, personificado por el inigualable Kirk Douglas, que representa lo que Walter Scott llamaría “el defensor del ausente” para los pobres infelices que sirvieron de chivo expiatorio, en ocasión a una fracasada operación para tomar el “hormiguero” alemán.

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¿Un monumento a la impunidad o tutela judicial efectiva y debido proceso?

Mag. Alba Beard (autora)Excelente colaboración de parte de la magistrada Alba Luisa Beard, en el que se explora el actual paradigma que se vive en R.D. con respecto de la impunidad y la función judicial.

El Periódico Listín Diario de fecha 2 de diciembre del año 2011, en sus paginas 8-A y 9-A produjo un escrito titulado “Monumento a la Impunidad” el cual carece de autor, ya que en ninguna de las dos páginas antes señaladas se hace constar si se trata de un reporte de algún periodista o si se trata de una publicación pagada, por tanto, su contenido se le atribuye a los responsables de dicho medio, como a quienes le suministraron la referida información, que según dice el mismo periódico fueron los miembros de la DNCD. Obviamente que, sin la anuencia de su director no pudo haber sido. En él se reflejan una serie de decisiones judiciales cuyo contenido se refiere a Autos de no ha Lugar o a Resoluciones sobre Variación de Medidas de Coerción, dictadas por varios jueces del Poder Judicial, entre los cuales se encuentra esta servidora, Alba Luisa Beard Marcos, a propósito de una decisión que rendí en ocasión de una acusación presentada por el Ministerio Publico contra seis personas acusadas de narcotráfico. En ese sentido, es necesario hacer un ejercicio introductorio respecto a algunos aspectos fundamentales para conocimiento de la ciudadanía, en especial, y de aquellos órganos llamados a ejercer, de alguna manera, el poder punitivo del Estado.

En ese sentido, es necesario a titulo de preámbulo, hacer algunas acotaciones relativas a lo que es un Estado Social de Derecho, en sentido general y en sentido particular si nuestro país se corresponde con este sistema de Estado, o no.

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HACIA UNA DESMITIFICACION DEL C.P.P. [EDICION ESPECIAL DE LETRADO21]

...porque todos contribuimos, en mayor o menor medida....

Resulta normal escuchar estos días que la delincuencia está azotando la población dominicana, y sobre todo, el aire de impunidad en que viven los infractores de la Ley, en donde vemos que muchos casos penales quedan en el olvido, y poco a poco se va perdiendo la seguridad y la confianza de la ciudadanía en las normas y en las instituciones. Ante esta problemática, es obvio que debe buscarse un culpable, y de la misma forma en que E.E.U.U. culpa a los inmigrantes de sus problemas económicos, R.D. culpa a los haitianos de atentar contra nuestra soberanía (si eso todavía existe), y algunos padres culpan a sus hijos de no haber disfrutado su vida a plenitud, el dominicano en sus distintos estratos sociales ha optado por tomar la decisión más rápida y cortar la soga por la parte más fina… y qué sería más fino que un objeto inanimado, sin capacidad para responder a la crítica y sin defensor alguno que lo represente, como es el caso de nuestro CODIGO PROCESAL PENAL.

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El Doble Grado como un Derecho Constitucional de las Partes

En el estudio de nuestra legislación procesal penal verificamos dos aspectos relevantes en los que se centra el presente ensayo: por un lado tenemos que el artículo 21 del Código Procesal Penal establece que el imputado tiene derecho a un recurso contra las sentencias condenatorias ante un juez o tribunal distinto al que emitió la decisión; y por el otro tenemos los distintos sujetos procesales que, además del imputado, conforman el proceso penal, como son el ministerio público, la víctima, la parte querellante, el actor civil y los terceros civilmente demandados. En virtud de lo antes expuesto, este trabajo se centra en la doble instancia como un derecho de las partes en el proceso, para lo cual se requiere puntualizar en que consiste exactamente la doble instancia, y en consecuencia, si la misma puede ser vista como una prerrogativa de las partes que se ven envueltas dentro del proceso, tomando en cuenta para ello las diversas teorías existentes que discuten la naturaleza del doble grado de jurisdicción, y sobre todo, si este derecho es inherente únicamente al imputado dentro del proceso.

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