Letrado 21

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¿Es República Dominicana un Estado Constitucional de Derecho? (3 de 3)

viene de la primera parte…

viene en la segunda parte…

Casi concluyendo…

Para responder a la interrogante inicial de si somos un Estado Constitucional de Derecho, y hacerlo de una manera acabada y objetiva, tendríamos que distinguir lo que se contempla formalmente (las instituciones, normas y principios contemplados en nuestro sistema jurídico), y la realidad social, política, económica y jurídica que se vive República Dominicana). En ese sentido, y tomando en cuenta los requisitos para establecer conformar un Estado Social y Democrático de Derecho, si analizamos el contenido de nuestra actual Constitución Política, como también el de varias leyes adjetivas que la complementan, podemos afirmar prima facie que RD cumple con los requisitos formales para convertirse en un Estado Social y Democrático de Derecho, lo que se verifica desde su preámbulo…

“Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los próceres de la Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nación dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente Constitución”

…en donde se plasma que eRReDé es un Estado Democrático, regida por valores supremos como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y el bienestar social, hasta su articulado, en donde su artículo 40.15 versa sobre el Principio de Legalidad conjugado con el principio de razonabilidad, que implica un límite a la intervención estatal en la libertad individual; en su artículo 39 se habla sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, tendente a que todos(as), sin discriminación alguna, recibamos la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, gozando de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Además de esto, contempla toda una amalgama de derechos sociales y económicos (libertad de empresa, el derecho de propiedad, derechos del consumidor, seguridad alimentaria, la protección especial de personas en estado de vulnerabilidad, derecho a la salud, a la educación, seguridad social, vivienda, etc.); y por si fuera poco, en sus artículos 68 y siguientes una serie de acciones constitucionales tendentes a garantizar la tutela de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución.

La realidad, sin embargo, nos plantea un escenario diferente: uno de los grandes males que atañe a la sociedad dominicana es su debilidad institucional, el no acatamiento de las disposiciones legales por quienes están más obligados a cumplirlas (las autoridades), cuyas actuaciones ponen en duda el hecho de que República Dominicana siquiera sea un Estado de Derecho, vulnerando en todo sentido normas de carácter constitucional como son la preservación del medio ambiente, el derecho a la educación, una democracia pluralista, el derecho a accionar, y sobre todo, la preservación de un ideal de justicia.

Ante esta dicotomía, pudiéramos limitarnos a concluir que no somos un Estado Constitucional de Derecho, de lo que no hay que sentirse tan avergonzado, considerando que es un compromiso difícil de asumir de la noche a la mañana. Sin embargo, el problema es que tampoco estamos siguiendo la ruta requerida para convertirnos eventualmente en un EDC: Esto constituye una noble aspiración por parte de nuestra Constitución, empero, requiere mucho más que un logro textual o en papel, se requiere de acción, responsabilidad y sobre todo, compromiso por parte de los órganos estatales… y de todos los que vivimos aquí y nos hacemos llamar parte de este Estado.

Es cierto, existen mecanismos para corregir situaciones anormales, y así los hemos mencionado en este esfuerzo académico, como son las acciones directas y difusas de constitucionalidad, la tutela judicial efectiva (que engloba el acceso gratuito y oportuno a la justicia), el amparo constitucional y el hábeas data. Sin embargo, aún con la existencia de vías judiciales, se requiere de un compromiso más fuerte para solidificar nuestro Estado de Derecho como uno Social, Democrático, y sobre todo, con estricta sujeción a la Constitución como norma sustantiva, y las demás leyes que la complementan. Requiere que luchemos cada día por ser más República Dominicana, el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, y no eRReDé, la parodia en la que vivimos.

Atm

La evolución del constitucionalismo en la República Dominicana

Para el día de hoy celebramos el 170º aniversario de nuestra Constitución Dominicana, y con la instauración del Tribunal Constitucional en eRReDé, desde el 2012 hasta la fecha los temas de naturaleza constitucional han tenido mayor auge, impacto y controversia que nunca antes (o al menos, nunca antes que mi memoria permita albergar). Tenemos actualmente una Constitución con tantas cirugías plásticas como el interés político lo permite, y cabe preguntarse: ¿Tales modificaciones van acorde con el constitucionalismo? ¿Se puede identificar avance, progreso y desarrollo en la evolución del derecho constitucional? ¿O es acaso todo lo contrario? Sin mayores preámbulos, queremos brindar en esta oportunidad un panorama histórico de las evoluciones de la Constitución, y cuál ha sido el nivel de preservación del constitucionalismo, tanto clásico como moderno, en el desarrollo político y jurídico de la República Dominicana.

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La confianza pública en la justicia dominicana [ensayo académico]

A la sazón de un ensayo académico para la asignatura de Ética Judicial, en la Especialidad que actualmente estoy cursando sobre Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones judiciales en la Escuela Nacional de la Judicatura; se me ha pedido redactar un breve ensayo sobre la confianza pública como elemento importante en la administración de justicia. En concreto, para el ensayo a redactar se han pedido los siguientes requisitos:

1.- Analizar el concepto de ‘confianza pública’, como eje principal para el servicio adecuado de la administración de justicia.

2.- Reconocer qué rol y de qué manera se ocupa de ella el Código de Comportamiento Ético.

3.- Reflexionar y hacer una propuesta que aporte a dicho fortalecimiento podría cumplirse.

A continuación el desarrollo de mi esfuerzo académico, tratando de responder las preguntas antes expuestas con una mezcla del deber-ser inherente a toda autoridad judicial, frente a la realidad social y jurídica que enfrenta un país como el nuestro. Asimismo, se me ha pedido que el ensayo no sobrepase un límite de 800 palabras, así que les prometo, tal y como prometí al profesor de la materia, brevedad:

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Mis consideraciones sobre [los debates generados por] la sentencia 168-2013 del TC

Sobre el tema del Tribunal Constitucional había agotado toda una oda especulativa sobre el paradigma que iba a representar en República Dominicana, los poderes con que iba a contar, y el efecto que sus decisiones implicarían para el ordenamiento jurídico, en cuanto a su coherencia interna se refiere. Digo especulativa, en tanto que al momento del escrito no había sido puesto en funcionamiento, sino meramente creado por la Constitución. Hoy en día, luego de casi dos años, y muchas decisiones paradigmáticas, el TC se ha convertido en tema jurídico obligatorio entre expertos, aficionados y gente que simplemente vive del cuento; y todo esto gracias a una de sus más recientes decisiones: La sentencia 168-2013. Y no es casualidad ese grado de popularidad, ya que ha trastocado uno de un tema tabú en la sociedad dominicana: El haitiano en R.D.

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¿Qué es el derecho? (Ensayo Académico)

Lic. Wendy Mueses

Lic. Wendy Mueses

Ensayo realizado por la Lic. Wendy Mueses, como parte del programa de formación de aspirantes a Jueces de Paz en la Escuela Nacional de la Judicatura. Personalmente, lo que me gusta de este trabajo académico es que explora la pregunta planteada desde una óptica que comparto: Una pregunta sin respuesta satisfactoria. 

Esperemos les sea de provecho y utilidad!

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La igualdad como valor

Lic. Natali Vásquez Baldera

 Ensayo académico realizado por la licenciada Natali Vásquez Baldera, como aporte a este espacio virtual. En un lenguaje breve y sencillo, pero con un contenido conciso y puntual, y puntuales palabras, la autora desarrolla una tesis de la Igualdad más allá de la simple obligación constitucional, y en Letrado·21 apreciamos y compartimos este aporte para todo aquel interesado en una noción más allá del derecho a la igualdad, y evitar los tratos discriminatorios. 

Email: lic.natalivasquez@hotmail.com

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El alquiler de vientre y su ausencia de regulación jurídica en R.D. (Ensayo Académico)

Ensayo académico realizado por la magistrada Togarma Abreu, en ocasión al curso de

Mag. Togarma Abreu

Argumentación Jurídica” impartido en la Escuela Nacional de la Judicatura durante el período Enero-Abril del 2012. De estos apuntes se extrae un estudio más allá de lo superficial, en donde se enfoca la problemática del alquiler de vientre tanto desde una perspectiva normativa, como además tocando los aspectos económicos, sociales y culturales que envuelven a este tema.

Utilizando como base los criterios de solución a los problemas jurídicos planteados por Neil MacCormick en su teoría argumentativa, se trata de un artículo indispensable para todo el interesado en el tema.

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