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MANIFIESTO POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA PRESERVACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA #IndependenciaJudicialRD

Nosotros, Jueces y Juezas de la República Dominicana, inspirados en los valores y principios fundamentales de la dignidad humana, la justicia, libertad, igualdad y el imperio de la Ley, como base esencial para la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en el artículo 7 de la Constitución, en ejercicio de nuestro derecho fundamental a expresar de manera libre y sin censura previa nuestras opiniones e ideas, presentamos el siguiente MANIFIESTO POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y  LA PRESERVACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA:

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El Poder Judicial celebró en octubre del año 2016, la Cumbre Judicial Nacional como una iniciativa para identificar e impulsar reformas en el sector justicia que respondan de forma efectiva a las necesidades de la sociedad dominicana y sus instituciones, asumiendo el compromiso de promover la autonomía y la independencia del Poder Judicial como un mecanismo para el sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, y establecer  protocolos y reglamentos estandarizados en el marco del sistema de integridad y régimen de consecuencias para los jueces y empleados judiciales, de manera que exista un procedimiento previamente establecido y acorde con las normas del Debido Proceso establecido en la Constitución Dominicana.

Sin embargo, durante el devenir del año 2017, la sociedad dominicana ha sido testigo de primer orden de lo que podemos calificar como un atentado sistemático a la independencia judicial desde el Consejo del Poder Judicial, que ha recurrido en numerosas ocasiones a la suspensión de jueces, de forma indefinida y sin disfrute de salario, sin emitir una decisión que contenga los motivos de esta suspensión, sin la realización y conclusión de un proceso disciplinario y en muchos casos sin siquiera iniciar una investigación.

La independencia judicial no es una garantía del juez, no es un privilegio de los miembros de la judicatura, es un derecho de todo ciudadano, del conglomerado social, que, en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos debe recibir tutela judicial efectiva. Y, ¿cómo se ejerce este derecho? Acudiendo al escenario judicial con plena certeza de que recibirá respuesta de un juez independiente e imparcial, que juzgará el reclamo que ha presentado y decidirá en base a lo que le ha sido mostrado y probado, al margen de toda influencia externa, sin recelo, temor, ni preocupación por el impacto que pueda tener esa decisión, apegado única y exclusivamente a la Constitución y las leyes.

La suspensión de un juez de forma indefinida, sin disfrute de salario, sin la debida fundamentación y al margen de una investigación o proceso disciplinario,  atenta contra las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 69 de la Constitución de la República, muy especialmente la presunción de inocencia; constituye una sanción anticipada para los jueces que, sin disponer de acciones para reivindicar sus derechos ven  lesionadas su moral, su estabilidad  familiar, su estabilidad laboral, y sobretodo su dignidad personal, al ser privados de los ingresos económicos que le permiten tener un mínimo vital; recordemos la realidad legal conforme la cual, un juez está impedido de realizar otra labor fuera del quehacer jurisdiccional y la academia.

Reconocemos la importancia de un régimen disciplinario, y un efectivo sistema de consecuencias como mecanismo de control, legitimación y fortalecimiento del sistema judicial. Ningún miembro de la judicatura que falte al juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes en detrimento de los intereses legítimos del ciudadano que reclama justicia debe quedar impune, lo que exigimos es la existencia de un proceso disciplinario acorde con el debido proceso de ley, en el que se respeten los derechos y garantías de la persona sometida al mismo, donde primen los valores supremos de dignidad, igualdad y justicia.

En atención a esto, solicitamos a los miembros del Consejo del Poder Judicial reflexionar acerca de este proceder, advertir la afectación que esto está ocasionando al sistema de justicia del país, cómo erosiona la credibilidad del Poder Judicial, debilitando la seguridad jurídica de la Nación.

 

Ante esta crítica situación que afecta al Poder Judicial y la sociedad, requerimos al Consejo del Poder Judicial:

  1. Cumplir con el compromiso asumido públicamente en la Cumbre Judicial Nacional de impulsar la autonomía e independencia del Poder Judicial.

  2. Actuar con objetividad, divorciados del populismo y abrazados de la Constitución y las leyes, con el interés de contribuir a la estabilidad y el mantenimiento del sistema de justicia de la República Dominicana

  3. Abolir de manera inmediata la práctica irregular de suspender jueces, sin disfrute de salario en el curso de un proceso disciplinario.

  4. Establecer un reglamento para la realización de los juicios disciplinarios, delimitando las medidas cautelares, supuestos de aplicación, procedimiento y extensión y los plazos para la investigación, procesamiento y juzgamiento del funcionario, acorde con las reglas del debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución Dominicana, como eje transversal a toda actuación de órganos de poder.

  5. Hacer cesar de forma inmediata toda transgresión a los derechos fundamentales de los funcionarios judiciales sometidos a proceso disciplinario y de aquellos suspendidos sin proceso.

 

La independencia judicial no es nuestra, es del pueblo ¡Independencia!

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La justicia constitucional y sus principios [ensayo académico]

A los fines de desarrollar adecuadamente el presente ensayo, debemos puntualizar en primer orden qué es la “justicia constitucional” y cuál es su relación con el “derecho procesal constitucional”. En efecto, si nos limitamos a la estructura práctica del concepto (los mecanismos procesales, las formalidades exigidas, etc.) bien pudiéramos establecer que ambos conceptos son idénticos, más sin embargo la justicia constitucional tiene un alcance teleológico (y por ende, mayor), en tanto la misma se deriva del carácter fundamental y superior de la Constitución, sirviendo para imponer el cumplimiento de su texto y de su superioridad; al respecto Iván Escobar establece que “El Estado de Derecho se perfecciona con el control de la legalidad de la administración y el control de la constitucionalidad mediante la justicia constitucional. Este control es una pieza fundamental de la democracia moderna (…) Sin una justicia constitucional, regulada por la Constitución y las leyes, la Constitución será papel mojado, sin importancia, porque no existiría un instrumento de su defensa y cumplimiento, como le pasaría a un Código Penal sin un Código Procesal Penal para su aplicación…”. (autor citado, “La Justicia Constitucional”, pág. 3).

Huelga decir que en nuestro Estado contamos una normativa legal de doble función: la ley 137-11, que es orgánica del Tribunal Constitucional, y adjetiva en cuanto a los procedimientos constitucionales. Dicha legislación versa (art. 7) sobre los principios constitucionales: Inderogabilidad.

A pesar de que el orden en que se encuentran estos principios numerados es alfabético, sentimos necesario iniciar con el principio de constitucionalidad, que no es más que el eje central en que operan los demás principios de la justicia constitucional, colocando a los demás principios en un plano de interdependencia, donde la subsistencia de un principio depende de la prevalencia de los demás. En efecto, la constitucionalidad nos exige a todos los administradores de justicia que nuestra primera fuente de derecho sea precisamente la Carta Magna y demás instrumentos que integran el bloque de constitucionalidad, no tan sólo a nivel formal (hacer una simple mención de los artículos en nuestras decisiones, sino en un contexto real de aplicación constante.

En ese orden la sola lectura de estos principios nos indica su arraigo constitucional, siendo la accesibilidad, la celeridad y la efectividad devienen del contenido del artículo 69 de la Constitución que consagra el debido proceso y la tutela judicial efectiva; el principio de favorabilidad es el resultado de los criterios de interpretación planteados en el artículo 74 de la Carta Magna.

La gratuidad, por su parte, va más allá de la mera gratuidad de la justicia planteada de forma abstracta en la Constitución, y aplica una gratuidad de las actuaciones idéntica a la que versa la Ley 136-03, en tanto que de su contenido se extrae una exención tributaria para accionar en esta materia, distinto a las principales materias ordinarias. Este principio, conjugado con el de informalidad, tiene como propósito evitar que tanto el exceso de formalismo como las cargas impositivas propias de un proceso civil ordinario, por ejemplo, constituyan un real obstáculo para acceder a la justicia constitucional.

Además de estos principios, encontramos particularidades en la materia constitucional no tan frecuentes en la materia ordinaria; tal es el caso del principio de oficiosidad, del que se verifica que en esta materia se rompe con el principio dispositivo propio del derecho común, y en donde se le otorga al Juez un papel mucho más activo; además de esto, en la vinculatoriedad se detecta un dato importante en cuanto al carácter de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, en donde el criterio emitido por este alto órgano jurisdiccional constituyen algo más que un precedente consultivo, teniendo fuerza normativa la interpretación dada por este tribunal tal si fuere el texto propio de la Constitución. En todo caso, contamos con el principio de supletoriedad para aquellos casos en donde las ambiguedades y lagunas normativas, se aplicarán los principios del derecho procesal de cada materia, siempre y cuando no afecten las cuestiones sustanciales del derecho procesal constitucional.

Tal es el caso del principio de Saneamiento, que aplicable tanto en la materia civil (arts. 37, 43 y 48 L. 834-1978), como en la materia penal (art. 168 CPP); no opera de igual forma en la justicia constitucional, donde el principio de inconvalidabilidad, donde no se admite la subsanación ante una violación flagrante a derechos constitucionales.

A modo de conclusión hemos querido dejar el principio de inderogabilidad para último, porque resulta que en nuestra realidad práctica contamos con una visión muy relativa y débil en cuanto a derechos constitucionales se refiere, sobre todo ante situaciones “especiales” y “emergentes” donde lo correcto parecería ser olvidarse del derecho constitucional y pensar pragmáticamente. Para esto debemos recordar las épocas en que el derecho constitucional tuvo mayor auge, especialmente en los tiempos contemporáneos de post-guerra y luego de descubrirse los horrores del nazismo en los campos de concentración, y es que la justicia constitucional no se diseñó para ser derogada en los estados de excepción; fue creada precisamente para que dejemos de ser estado de excepción (equivalente a ser un estado fallido) y nos convirtamos cierta, real y efectivamente en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho).

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Relaciones del DIDH y el Derecho Interno Dominicano (ensayo académico)

flag-globeEnsayo académico presentado para el curso virtual de Derecho Constitucional impartido en la Escuela Nacional de la Judicatura durante el programa de formación de aspirantes a jueces de Paz durante el período octubre-diciembre del 2010, en donde la relación que presenta la República Dominicana con la comunidad internacional, a la luz de temas como la soberanía, la supremacía constitucional y  la apertura al Derecho Internacional general y Americano. Mucho ha llovido desde este ensayo (todavía no contábamos con la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional), pero imagino que sostiene cierto grado de utilidad aún para estos días. Como siempre, las puertas están abiertas para las más agrias de las críticas.

(más…)

¿Es República Dominicana un Estado Constitucional de Derecho? (2 de 3)

…viene de la primera parte

La desmitificación del Estado de Derecho Legal

El apartado anterior parecería un exabrupto mal ubicado dentro del contenido de este texto, pero es importante el aclarando anterior precisamente para poder explicar este paso, ya que el paso de un Estado de Derecho Legal a un Estado de Derecho Constitucional aún conserva la palabra “Derecho” en ambas nomenclaturas, lo que implica que lo que realmente tuvo que haber cambiado fue la concepción misma de Derecho. Como se establecía anteriormente: El EDL implicaba un tributo a la ley como símbolo de una sociedad libre, democrática e independiente, que fracasó precisamente por no dar en la diana del problema que permaneció intacto aún desde el Estado pre-moderno: el elemento humano, en un mundo donde el hombre es el lobo del hombre, estará latente la cuestión de la dominación.

El Derecho pre-moderno otorgaba legitimidad a los monarcas, a los emperadores e incluso a un grupo de hombres “sabios” en base a todo tipo de excusas: es la mano derecha de dios, es un dios, su linaje puede ser rastreado directamente hasta el primero que clavó una espada en la piedra o algo así, y demás cosas (que ahora nos parecen absurdas). Ese criterio de legitimidad de la dominación irracional lo sustituimos con el advenimiento del Estado Legal con otro: La idea de un soberano en la legislación, tal si no fuera el producto de hombres, tal si las divisiones políticas fueran de ideas y no de intereses, tal si no se pudiera comprometer (y corromper) el contenido de una ley cualquiera. La idea que implicaba una victoria del Derecho hacia la política hizo implosión en sí misma, dando más bien al Derecho el lugar de instrumento para cualquier fuerza política.

El siglo XX fue testigo, de esta manera, de las peores atrocidades humanas cometidas con el apoyo y el aval legislativo, y por ello tuvo que ser re-concebida la noción de Derecho, rescatando postulados iusnaturalistas que, si bien también sirvieron de instrumentos de injusticia en su momento, hoy por hoy implicaban redescubrir la fuente axiológica del Derecho para su aplicación en sociedad: y es que más importante que el texto cambiable de una ley, debían ser elementos intangibles, aquellas cosas que llamamos principios, aquellas cosas que llamamos valores. Aquello que consideramos nuestro por el sólo hecho de serlo, sin que se requiera verificación legislativa. Fue así como la segunda mitad del siglo XX constituyó el renacimiento de los Derechos Humanos, que pasaron de ser simples derechos subjetivos supeditados al trabajo que realice el Derecho objetivo, y más es éste último que encuentra sus verdaderos límites cuando choca de frente con los primeros.

Ante esta dimensión, las Constituciones pasaron de ser instrumentos políticos a verdaderos instrumentos normativos de aplicación directa, en donde la ley dejó de tener hegemonía incuestionable, y se vuelve ahora el principal instrumento en tela de juicio. Ya no es sólo el procedimiento formal lo que se observa para determinar su validez, sino si su contenido se ajusta a las exigencias constitucionales modernas.

Volviendo al caso dominicano…

En República Dominicana, aún para mis años de estudiante de Derecho (2002-2006), hablar de derecho constitucional era hablar de poesía inútil que carece de utilidad en la práctica jurídica. Hoy por hoy, esta es una realidad en proceso de cambio, ya que con el tema de la constitucionalización del Derecho, las materias que antes se enseñaban con una separación cortante (derecho civil con derecho penal, por ejemplo), hoy buscan puntos de acuerdo en las reglas mínimas del debido proceso contenidas en la Constitución, creando un criterio de unificación para todo lo jurídico en base al texto constitucional.

El Estado Constitucional del Derecho. ¿Ya llegamos o vamos de camino?

No es lo mismo hablar del tránsito hacia esta tierra prometida, que llegar finalmente a ella. Hablar de vivir en un Estado Constitucional refiere a una especie de “nirvana jurídico y estatal” (no quise utilizar la palabra “utopía”, debido a la carga peyorativa que lleva estos días), es decir, el nivel más alto de exaltación al que puede llegar el derecho, donde el espíritu constitucional (no necesariamente el texto) es vivido no sólo por los operadores jurídicos, sino más bien por toda una cultura estatal. En un Estado Constitucional, son los derechos subjetivos que fijan el paso del Derecho objetivo, y es este norte filosófico que debe asumirse en todas las actuaciones estatales. Respetar exigencias constitucionales implica, por supuesto, subrogar el poder de la propia democracia liberal decimonónica a una nueva concepción de democracia: aquella democracia en donde la voluntad popular no es la que pesa, sino la voluntad racional y coherente con la preservación de los derechos fundamentales. Vivir en el Estado de Derecho Constitucional significa un espacio de compromiso en una sociedad que tolera la diversidad cultural, pero también un centro intangible al que cláusulas pétreas no negociables.

La pesadilla dentro del mismo sueño

El detalle es que, como es entre seres humanos que vivimos, la dominación siempre será un factor imperante. Y si pudo sobrevivir el paso del Estado pre-moderno al Estado Legal, no hay duda de que puede sobrevivir en el Estado de Derecho Constitucional, y esto lo logra precisamente por la principal debilidad que representa este tipo de derecho: es una materia sumamente abstracta.

Ese nivel de abstracción, combinado con la necesidad de una cabeza, expone a que las interpretaciones de la Constitución hacia el caso concreto, dependa de la buena voluntad del intérprete autorizado. Ya los peligros del caso dominicano han sido precedentemente advertidos, y no es necesario sobre-esbozar sobre una cuestión tan reiterada en este portal, pero queremos tomar este punto de equilibrio precisamente porque hemos detallado la idea del tránsito hacia el EDC, y la idea de llegar definitivamente a esta tierra prometida, son dos cosas aparte.

Una Constitución en valores

El detalle de lo anterior es que podrá usar la nomenclatura de “Estado Constitucional de Derecho”, pero es más bien una parodia macabra de lo que este concepto implica, ya que implica superación, catarsis, y compromiso. Implica aceptar que ley no es sinónimo de Derecho, sino apenas una ilustración de uno de sus elementos; implica construir un mejor concepto de Derecho, uno que se ajuste a las necesidades actuales de nuestra sociedad, y que no se aparte de los valores fundamentales en que fue cimentada; implica el cierre de las malas prácticas y de referirse a la Constitución como un pedazo de papel; pero sobre todo, implica asumir el compromiso de tomar el derecho en serio, de entender que lo decidido por un tribunal, si no es conforme a los parámetros actuales del Derecho, no sólo es una sentencia viciada, sino una estocada a los propios valores en que se funda la sociedad. Ojo, esto último no es positivismo ideológico, sino tomar seriamente en cuenta que si bien ha sido desmitificada la noción de generalidad y certeza que antes tenían las normas jurídicas, hoy tenemos el compromiso de ir construyendo de manera coherente el Derecho, descubriendo su verdadera esencia y hacerlo operativo en la práctica.

Si decimos que una decisión en la que se le obliga a un joven hacer la comunión es una decisión contraria al Derecho, debemos decirlo no porque la Constitución refleje positivamente su derecho a la elección en tal sentido, sino más bien porque aun cuando no lo diga, se trata de una prerrogativa fundamental que no requiere positivización en primer lugar. Es contrario al Derecho, sencillamente por el mero hecho de que está mal, y punto.

Y una vez más en República Dominicana

El problema de República Dominicana, aparentemente, es que una cultura accidentada con toda una amalgama de cada una de estas etapas: Tenemos gobernantes y gobernados, que aun cuando su cargo es meramente representativo y fueron electos por vía de la democracia (o sea, ellos se deben al pueblo y no a la inversa), se sigue el mismo servilismo feudal propio del Estado pre-moderno. Por más “moderna” que se quiera vender nuestra Constitución, seguimos enseñando el Derecho con las mismas cátedras de Napoleón y Justiniano, que versan sobre un derecho codificado en el que todo está escrito, y donde la Constitución sirve como Código de Derecho Constitucional, y no como instrumento fundamental. Y del Estado Constitucional del Derecho lo que nos queda es la retórica vacía, carente de valores y carente del compromiso efectivo para hacer valer la Constitución de 1844. Hoy por hoy se enseña que nuestra Carta Magna ha sido modificada de manera incontable (como el personaje principal de James Bond o de “Doctor Who”), pero no se precisa en establecer que siempre ha sido la misma Constitución.

…continúa en la tercera parte

El ordenamiento jurídico

A continuación presentamos unas diapositivas utilizadas para la presentación de la clase de Teoría General del Derecho, respecto de las teorías del ordenamiento jurídico presentadas por distintos autores.

Conforme a estas concepciones, el problema del concepto de Derecho encuentra su lugar apropiado en la teoría del ordenamiento jurídico y no en la teoría de las normas jurídicas; es decir, analizando la cuestión jurídica no como un conjunto de normas que forman un ordenamiento, sino a la inversa: como un orden jurídico que establece los parámetros de validez y de eficacia de las normas.

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