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MANIFIESTO POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA PRESERVACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA #IndependenciaJudicialRD

Nosotros, Jueces y Juezas de la República Dominicana, inspirados en los valores y principios fundamentales de la dignidad humana, la justicia, libertad, igualdad y el imperio de la Ley, como base esencial para la existencia del Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en el artículo 7 de la Constitución, en ejercicio de nuestro derecho fundamental a expresar de manera libre y sin censura previa nuestras opiniones e ideas, presentamos el siguiente MANIFIESTO POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y  LA PRESERVACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA:

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El Poder Judicial celebró en octubre del año 2016, la Cumbre Judicial Nacional como una iniciativa para identificar e impulsar reformas en el sector justicia que respondan de forma efectiva a las necesidades de la sociedad dominicana y sus instituciones, asumiendo el compromiso de promover la autonomía y la independencia del Poder Judicial como un mecanismo para el sostenimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, y establecer  protocolos y reglamentos estandarizados en el marco del sistema de integridad y régimen de consecuencias para los jueces y empleados judiciales, de manera que exista un procedimiento previamente establecido y acorde con las normas del Debido Proceso establecido en la Constitución Dominicana.

Sin embargo, durante el devenir del año 2017, la sociedad dominicana ha sido testigo de primer orden de lo que podemos calificar como un atentado sistemático a la independencia judicial desde el Consejo del Poder Judicial, que ha recurrido en numerosas ocasiones a la suspensión de jueces, de forma indefinida y sin disfrute de salario, sin emitir una decisión que contenga los motivos de esta suspensión, sin la realización y conclusión de un proceso disciplinario y en muchos casos sin siquiera iniciar una investigación.

La independencia judicial no es una garantía del juez, no es un privilegio de los miembros de la judicatura, es un derecho de todo ciudadano, del conglomerado social, que, en ejercicio de sus derechos e intereses legítimos debe recibir tutela judicial efectiva. Y, ¿cómo se ejerce este derecho? Acudiendo al escenario judicial con plena certeza de que recibirá respuesta de un juez independiente e imparcial, que juzgará el reclamo que ha presentado y decidirá en base a lo que le ha sido mostrado y probado, al margen de toda influencia externa, sin recelo, temor, ni preocupación por el impacto que pueda tener esa decisión, apegado única y exclusivamente a la Constitución y las leyes.

La suspensión de un juez de forma indefinida, sin disfrute de salario, sin la debida fundamentación y al margen de una investigación o proceso disciplinario,  atenta contra las garantías del debido proceso establecidas en el artículo 69 de la Constitución de la República, muy especialmente la presunción de inocencia; constituye una sanción anticipada para los jueces que, sin disponer de acciones para reivindicar sus derechos ven  lesionadas su moral, su estabilidad  familiar, su estabilidad laboral, y sobretodo su dignidad personal, al ser privados de los ingresos económicos que le permiten tener un mínimo vital; recordemos la realidad legal conforme la cual, un juez está impedido de realizar otra labor fuera del quehacer jurisdiccional y la academia.

Reconocemos la importancia de un régimen disciplinario, y un efectivo sistema de consecuencias como mecanismo de control, legitimación y fortalecimiento del sistema judicial. Ningún miembro de la judicatura que falte al juramento de cumplir y hacer cumplir las leyes en detrimento de los intereses legítimos del ciudadano que reclama justicia debe quedar impune, lo que exigimos es la existencia de un proceso disciplinario acorde con el debido proceso de ley, en el que se respeten los derechos y garantías de la persona sometida al mismo, donde primen los valores supremos de dignidad, igualdad y justicia.

En atención a esto, solicitamos a los miembros del Consejo del Poder Judicial reflexionar acerca de este proceder, advertir la afectación que esto está ocasionando al sistema de justicia del país, cómo erosiona la credibilidad del Poder Judicial, debilitando la seguridad jurídica de la Nación.

 

Ante esta crítica situación que afecta al Poder Judicial y la sociedad, requerimos al Consejo del Poder Judicial:

  1. Cumplir con el compromiso asumido públicamente en la Cumbre Judicial Nacional de impulsar la autonomía e independencia del Poder Judicial.

  2. Actuar con objetividad, divorciados del populismo y abrazados de la Constitución y las leyes, con el interés de contribuir a la estabilidad y el mantenimiento del sistema de justicia de la República Dominicana

  3. Abolir de manera inmediata la práctica irregular de suspender jueces, sin disfrute de salario en el curso de un proceso disciplinario.

  4. Establecer un reglamento para la realización de los juicios disciplinarios, delimitando las medidas cautelares, supuestos de aplicación, procedimiento y extensión y los plazos para la investigación, procesamiento y juzgamiento del funcionario, acorde con las reglas del debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución Dominicana, como eje transversal a toda actuación de órganos de poder.

  5. Hacer cesar de forma inmediata toda transgresión a los derechos fundamentales de los funcionarios judiciales sometidos a proceso disciplinario y de aquellos suspendidos sin proceso.

 

La independencia judicial no es nuestra, es del pueblo ¡Independencia!

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El Derecho no es lógica, sino más bien experiencia (Holmes)

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Oliver Wendell Holmes (1841-1935)

En el desarrollo de las Teorías de Argumentación Jurídica (TAJ), el profesor Manuel Atienza nos explica que uno de sus principales pilares es desmitificar la noción de que el Derecho puede ser reducido a la lógica. Por supuesto, el término lógica puede ser entendido desde una acepción estrecha (en donde se limita a la lógica formal, a un sistema meramente deductivo) o amplia (que incluye elementos de la lógica informal). De aquí conviene ver cómo el pensamiento realista influye considerablemente en el desarrollo del Derecho como argumentación, y entre sus precursores, el gran jurista americano Oliver Wendell Holmes, que expresa con una frase lapidaria:

 

“(…) la vida del Derecho no ha sido lógica, sino experiencia”

Atienza explica, al respecto, que la argumentación jurídica no se identifica con la lógica, pero la lógica es una dimensión esencial de la argumentación; a seguidas, procede a explicar la dimensión en que Holmes formula su crítica, que a pesar de que dicha frase es parte de su obra “The Common Law“, se entiende menor en una obra posterior, The Path of Law,  en la que expone la falacia de la lógica. A seguidas algunos pasajes de ese libro, citados por Atienza en su obra, que a su vez citamos nosotros en el presente blog. En otras palabras, no asumimos derecho de autor por lo que exponemos a seguidas, sino que forma parte de nuestro acervo de Notas Inéditas sobre Argumentación Jurídica:

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La acción de amparo en materia inmobiliaria, ¿Es alguna vez admisible?

I. Introducción. Nuestro sistema de Derecho no sólo se conforma de reglas objetivas dirigidas a coaccionar la conducta de sus destinatarios; cuenta además (sino principalmente) con una serie de prerrogativas fundamentales propias a todo ser humano, y que no pueden ser objeto de negociación, ni de limitación arbitraria. De esta manera, nuestra Constitución consagra como derechos fundamentales todo una constelación de prerrogativas respecto de las cuales el Estado tiene una obligación positiva de tutelarlos. Esto quiere decir que, para que éstos derechos se hagan efectivos no basta con su mera enunciación, sino que deben acompañarse de garantías para que cualquier tercero, institución, y hasta el propio Estado se vea impedido de transgredir este “espacio de lo indecidible” que rodea a los derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 51 de la Constitución. Entre estas garantías se encuentra la Acción Constitucional de Amparo (art. 72), cuya finalidad es la protección inmediata ante cualquier vulneración o injerencia de parte de terceros, para lo cual se rige con un carácter informal, sumario y preferente.

No obstante a ello, la legislación adjetiva plantea una serie de requisitos que debe tomar en cuenta razonablemente el juzgador a los fines de determinar su admisibilidad y procedencia, situación ante la cual procede confrontar esta acción constitucional con las reglas propias de la materia inmobiliaria a los fines de determinar si realmente procede esta acción ante dicha jurisdicción, y cuáles requisitos deben tomarse en cuenta.

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Sobre la Objetividad y la Separación de Funciones (art. 22 del CPP)

Al inicio del 2012, saltaba a la vista como una de las mayores luces del inicio de la gestión presidencial de DM la designación de Francisco Domínguez Brito como PGR, quizás a modo de superación de su predecesor en ese puesto, precisamente por la elección que se debe hacer entre las cosas propias de la política y desempeñar responsablemente una función pública. Habiendo dicho esto, el populismo penal se ha convertido en un monstruo tan poderoso al que nadie escapa, ni siquiera el actual PGR, cuyos pronunciamientos nuevamente redirigen el tema de la delincuencia como culpa compartida entre jueces penales y el “nuevo” Código. No ha bastado ni siquiera que hayamos aprobado, promulgado y publicado retroactivamente una ley 10-15 con las que se ha doblado la muñeca a muchas de esas reglas tediosas que necesitan cumplirse para un debido proceso. No… desde la óptica de la parte acusadora, si hay criminales en la calle es única y exclusivamente por las decisiones ‘favorables’ que emiten los jueces desde su tribunal. En términos muy breves, y utilizando precisamente las herramientas normativas con las que todos nos regimos, algunos puntos:

1.- El “nuevo” Código no es tan nuevo que digamos

El Código Procesal Penal, al que aún se refieren como “el nuevo Código”, introduce una forma innovadora de contemplar la justicia penal: El proceso como campo de juego[1], donde se rompe con el “todos para uno… y uno para todos” del sistema inquisitorio y se introduce un sistema acusatorio que reafirma los principios y derechos previamente establecidos en nuestra Constitución Política, en torno al derecho del imputado como ser humano. Reafirma… ya que gran parte de esas reglas tediosas de las que tanto se quejan los actores del sistema vinieron de manos del bloque de constitucionalidad. De hecho, si nuestro país no se caracterizara por una cultura de anomia social, el artículo 1 del CPP fuese totalmente innecesario:

“Primacía de la Constitución y de los Tratados. Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley. La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida en favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio”.

Una sociedad respetuosa de las reglas del Derecho no requiere que le recuerden tanto cuáles reglas respetar y en que rango se ubican.

2.- La dualidad entre el ciudadano y el delincuente. 

Entre el ciudadano con derechos y el potencial delincuente interviene el CPP como una barrera casi mística de derecho procesal, al implementar una serie de reglas y mecanismos que garantizan una justicia eficaz en la medida en que sean correctamente implementados. Entre ellas, el artículo 22 del CPP consagra:

“Separación de funciones. Las funciones de investigación y de persecución están separadas de la función jurisdiccional. El Juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el ministerio público actos jurisdiccionales. La policía y todo otro funcionario que actúe en tareas de investigación en un procedimiento penal dependen funcionalmente del ministerio público”.

En síntesis, se plantea una división entre lo que el Juez y el Fiscal hacen: uno realiza labores jurisdiccionales y el otro investiga. El símil de esta separación no es precisamente un muro, sino más bien un colador o filtro, donde el juez no interviene directamente en la investigación, dejando el imperium de esa situación al fiscal, y asimismo, el MP tiene en sus hombros la carga de trabajo de dirigir la investigación (y todos los actores que en ella intervienen), y presentar una acusación objetiva y seria, conforme a los hechos investigados, estando en manos del juzgador determinar etapa por etapa, si la misma cumple con los méritos para arribar finalmente a una sentencia condenatoria firme.

3.- La apuesta hacia investigaciones de calidad.

Obviamente la sentencia penal no depende exclusivamente del rol que juega el MP, empero esa labor de investigación influye considerablemente en gran parte de las decisiones emitidas en la justicia penal, sobre todo aquellas en que se determina la “no-culpabilidad” (no confundir con inocencia) de un ciudadano por insuficiencia o ilegalidad de las pruebas obtenidas.

Imaginando el escenario más trágico: el de un caso sumamente grave, donde la persona se encuentra imputada de un crimen horrendo como lo sería una violación sexual, un atraco, un homicidio o inclusive las tres cosas juntas. Frente a un caso de esa magnitud, imagine un expediente pobre de pruebas vinculantes hacia la persona que se le acusa de cometer el hecho. Este es un caso trágico, porque ninguna solución judicial será favorable:
(a) Si se declara no-culpable por insuficiencia de pruebas, la insatisfacción será el jugo amargo que beberá toda la sociedad, incluida los mismos jueces obligados por ley a dar ese tipo de decisión, porque al final nadie -como ser humano con sentido común y con sentimientos- desea ver que un crimen quede impune;
(b) Si se declara culpable, aún con una deficiencia probatoria notoria, entonces se emite un “falso positivo”, donde queda la duda razonable de si la persona encausada realmente cometió los hechos… o si fue otra persona que ha quedado con carta blanca. O incluso peor, que se ha tratado de “coger al diablo saltándose las leyes“.

Por ello la importancia del artículo 14 del CPP, cuando dispone que:

Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción. En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad”.

Esto así, ya que bajo el símil del campo de juego, si pensamos solamente en función de Juez-Fiscal-Víctima-Imputado para los procesos, dejamos de lado la contraparte procesal , el encargado de velar por que su patrocinado salga libre o con la decisión más favorable a su persona. Hablamos de…

4.- La labor de la defensa técnica. 

Salvo aquellos casos en que el imputado goza de buen carisma y aprecio dentro del vox populi, generalmente la labor del defensor no es debidamente reconocida por la opinión pública, dejándose incluso huérfanos proyectos importantes como la Defensa Pública debido a la mala fama obtenida cuando se defiende a un “culpable”; es que el abogado defensor es comparado con una larva que crece a lo interno de un pozo séptico cuando no solamente se limita a realizar una defensa aparente y superficial, sino que precisamente hace su trabajo: detectar y explotar las fisuras en la investigación realizada o a realizarse. Es muy probable que ellos también influyan en la impunidad, sobre todo cuando saltan con este tipo de “diabluras” en los procesos:

* Que el plazo de las 48 horas de la Constitución se encuentra ventajosamente vencido.
* Que las pruebas fueron obtenidas ilícitamente por las autoridades.
* Que las pruebas obtenidas lícitamente no constituyen cintila para imponer la medida de coerción (art. 227.1); o para dictar auto de apertura a juicio (arts. 300-304); o para fundar una sentencia condenatoria (art. 337-338)… quizás por eso de la Presunción de Inocencia.
* Que a la hora de imponer la pena, si procediere, se pueden acoger circunstancias atenuantes, atendiendo al caso concreto.

Resta decir que la labor del defensor en procura de los mejores intereses legales de su cliente, lejos de ser una vileza de su persona, es una actitud ética y profesional que debe ser respetada. Por ello el artículo 18 del CPP dispone que:

Derecho de defensa. Todo imputado tiene el derecho irrenunciable a defenderse personalmente y a ser asistido por un defensor de su elección.  Si no lo hace, el Estado le designa uno. El imputado puede comunicarse libre y privadamente con su defensor desde el inicio de los actos de procedimiento y siempre con anterioridad a la primera declaración sobre el hecho. El defensor debe estar presente durante la declaración del imputado. El Estado tiene la obligación de proporcionar un intérprete al imputado para que le asista en todos los actos necesarios para su defensa, si éste muestra incomprensión o poco dominio del idioma castellano”.

A esto vienen excepciones propias del ejercicio abusivo del derecho, la litigación temeraria, la deslealtad procesal, y en esencia, toda actitud indecorosa para un profesional del derecho. Y en consecuencia, la labor de este “antagonista” en el proceso penal también es influyente, aunque no de forma única y exclusiva, en la solución final a que pueda arribarse… donde incluso acoger circunstancias atenuantes puede convertirse en el producto de una defensa positiva exitosa. En definitiva, cuestionar a priori la labor del defensor, por el mero hecho de ser el defensor, es la forma mas elocuente de escupir hacia arriba… porque a un proceso penal estamos expuestos todos, inclusive aquellos que nos digamos en llamarnos ciudadanos respetuosos de la ley.

5.- Igualdad ante la ley ≠ Igualdad de roles ante un estrado

El crescendo que se agrega, frente a las posiciones antitéticas del fiscal y del abogado defensor, se encuentra el principio de objetividad del Ministerio Público, que mientras el abogado trabaja en base a una tesis subjetiva en aras de defender a su cliente, al representante del Estado como acusador se le exige mantener una actitud objetiva durante la investigación y en la presentación de la acusación; al punto de que el CPP exige la presentación de pruebas tanto a cargo, como a descargo, pudiendo con esto último favorecer a su adversario en justicia.

Esa objetividad exigida flaquea fuertemente cuando se evalúa la tasa de criminalidad y de “impunidad” ante la justicia a través de las sentencias como único instrumento de medición, y peor aún, cuando sólo se toman para muestreo las sentencias absolutorias. Como esos pronunciamientos “metajurídico” llevan la discusión a un plano pragmático-social, huelga decir que el analfabetismo, la desigualdad social, el tercermundismo del que no salimos nunca, la pobreza extrema, el mal ejemplo inspirado por muchos en la cúpula, el criterio selectivo y arbitrario a la hora de dar persecución a los hechos punibles, la igualdad extremada con la que trabajan los medios de comunicación, y muchos factores más… quizás contribuyen por igual al auge de la criminalidad. Decimos quizás, porque la sociología y la criminología no son ciencias exactas. Si nos limitamos al plano jurídico, si realmente vamos a estudiar sólo las sentencias judiciales, no estaría de más que evaluáramos por igual el camino recorrido en el proceso para arribar a dicha decisión.

A modo de conclusión…

Personalmente no soy partidario de la impunidad; se necesita de un verdadero compromiso para combatir la delincuencia. Entiendo incluso que aún cuando erróneamente se pretenda correlacionar el auge de la delincuencia con la impunidad y ésta a la labor judicial con un vínculo necesario, estos pronunciamientos son guiados con las mejores intenciones, propias de buenos padres y madres de familia que les aterra vivir en una sociedad donde la peor clase de delincuentes vivan sin temor a la Ley. Soy igualmente partidario de que debemos cambiar el paradigma actual de que la impunidad es la regla.

Sin embargo, ello requiere un verdadero compromiso de todos los actores del sistema, a los fines de llevar una justicia íntegra y responsable, donde se pueda corregir la enfermedad y no nos quedemos en los síntomas, donde la culpabilidad en materias complejas no se limite a los chivos expiatorios, pero sobre todo, donde nunca se pretenda una intromisión en lo jurisdiccional, ni se pretenda omitir los derechos y garantías establecidas en nuestro ordenamiento jurídico. El proceso penal es de las partes que directamente intervienen en él, y muy indirectamente del impacto que puedan producir en la sociedad; una investigación deficiente o una carga probatoria insuficiente no puede ser condonada con una sentencia condenatoria para calmar la sed de sangre que tenga la población dominicana, y si nos decidimos saltar toda la estructura constitucional y legal con tal de calmar esa sed de venganza, no estaríamos haciendo ni justicia, ni derecho… sino un atentado hacia ambas figuras.

Atm

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1. BINDER, Alberto; et al. Derecho Procesal Penal. Santo Domingo. Escuela Nacional de la Judicatura, 2006. págs. 19-21.

Análisis al “Derecho Dúctil” de Zagrebelsky (Colaboración)

OsvaldoColaboración del Lic. Osvaldo Fernández Santana para Letrado21, en la que realiza un análisis minucioso, detallado y crítico a la hora cumbre de Gustavo Zagrebelsky, “El Derecho Dúctil”, tomando en consideración problemas fundamentales que son el diario vivir y debatir en el Derecho Constitucional. 

El enfoque, por supuesto, es desde el estudio de la Teoría del Derecho, pero ofrece un lenguaje sumamente digerible para neófitos en la materia, sin restar con esto la calidad del trabajo brindado por nuestro colega. 

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Crónica Jurisprudencial: Sent. SCJ inembargabilidad vs derechos salariales (desde la perspectiva de la teoría de la ponderación)

Planteamiento inicial

Este constituye un ensayo académico realizado con motivo al curso de Razonamiento Jurídico, impartido durante la Especialidad de Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales en la Escuela Nacional de la Judicatura. El trabajo a realizar requería evaluar si en una sentencia judicial si en la Suprema Corte de Justicia de R.D. se realiza una correcta aplicación de la ponderación en sentido estricto, tratada por Robert Alexy en su obra. En ese tenor, desarrollar correctamente este trabajo requiere versar brevemente sobre éste y su teoría de la ponderación, de lo que trataremos en breve. Este es un trabajo que tuvo su momento, su espacio y sus circunstancias; y en ese tenor, está abierto a cualquier observación y crítica por parte del lector, aunque haya decidido dejar intacto su contenido, tal cual fue desarrollado durante las clases.

 

Breve esbozo sobre la teoría de la ponderación

Alexy1En tal virtud, Alexy desarrolló una teoría argumentativa del derecho denominada “teoría procedimental”, puesto que la clave de la misma reside no tanto en el carácter racional o no del contenido de la decisión, sino en el mecanismo argumentativo y procedimental que lleva a aquella (MORONTA, Alberto A. et al, “Argumentación Jurídica”. Escuela Nacional de la Judicatura. Santo Domingo, 2007, pág. 44). Dentro de su teoría argumentativa, Alexy distingue bajo “normas” tanto las reglas como los principios, estableciendo que las primeras sólo pueden ser cumplidas o no: “Si una regla es válida, entonces de hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctico y de lo jurídicamente posible”; mientras que los principios son mandatos de optimización, normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes (ALEXY, Robert. “Teoría de los Derechos Fundamentales”, págs. 86-87).

En ese sentido, la ponderación se constituye en una forma especial de razonamiento judicial, que parte -como presupuesto inicial- de la ausencia de una norma jurídica (una situación de laguna normativa), o ante la realidad de la norma, su incompatibilidad con los principios en que se funda el ordenamiento jurídico (laguna axiológica) (MORONTA, Alberto A. et al, op. cit., pág. 100). Este modelo de razonamiento va más allá de la simple subsunción, en tanto que cuando se trata de un mero choque de reglas, una de las reglas prevalecerá categóricamente sobre la otra; pero cuando estamos ante un auténtico problema de colisión de Derechos Fundamentales, la labor argumentativa implica establecer o definir un conjunto de reglas a partir de principios o valores, y posteriormente, aplicar dicha regla. El problema ocurre en que los derechos fundamentales, si bien tienen rango constitucional, no son absolutos y por tanto, debe establecerse la prioridad o precedencia de un principio sobre otro en el caso concreto enjuiciado.

Ante esta situación, y teniendo nuestra Suprema Corte de Justicia como principal atribución el conocimiento conocer del recurso de casación a fin de establecer y mantener la unidad de la jurisprudencia nacional (Véase art. 154.2 de la Constitución y la ley 3276 sobre el Procedimiento de Casación), tiene este alto órgano la última palabra a la hora de “decir el derecho”, y cabría preguntarse: ¿Realiza nuestra Suprema Corte de Justicia una correcta labor de ponderación los casos que así lo requieran?

 

Resumen del caso

Para responder esta pregunta, se ha seleccionado la decisión de fecha 8 de febrero del año 2012, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión a un recurso de casación interpuesto por la señora Ana Francisco Soto en contra de la ordenanza dictada el 31 de julio del año 2012. En la sentencia dictada por la SCJ, se verificó que con motivo a una demanda en reclamación de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios, la Corte de Trabajo del Distrito Nacional condenó al Banco Central de la República Dominicana a abogar a la reclamante la suma de Cien Mil (RD$100,000.00) pesos como justa indemnización por los daños y perjuicios derivados de su actuación contraria al derecho, condenando además a un astreinte y al pago de las costas del procedimiento. En base a esta decisión, la reclamante procedió a demandar sumariamente la ejecución de la sentencia, la entrega de valores retenidos y pago de astreinte al mismo banco, rechazando dicha demanda la Corte de Apelación apoderada con la ordenanza del 31 de julio del 2012. La parte recurrente, en sus medios de casación, ha alegado violación a los derechos fundamentales del trabajador, así como violación al debido proceso a la garantía fundamental de la ejecución de las sentencias, y violación al principio de razonabilidad. La Corte de Apelación fundamentó su decisión en el art. 16 de la Ley 183-02 (Código Monetario y Financiero) en la que se establece la inembargabilidad que ampara Banco Central de la Republica Dominicana como institución descentralizada del Estado, y que en consecuencia, el artículo 731 del Código de Trabajo queda tácitamente derogado bajo el principio lex posteriori derogat priori. Ante esta situación, la corte de casación argumentó que aun cuando el patrimonio del Banco Central de la República Dominicana es inembargable, esta inembargabilidad no podría hacerse valer ni oponerse a un crédito de naturaleza salarial, pues admitir lo contrario sería desconocer las garantías constitucionales que deben ofrecer los poderes públicos para que un derecho fundamental, como lo es el salario, pueda ser satisfecho y efectivo; en consecuencia, de aceptarse que el Banco Central pueda prevalecerse de esa inembargabilidad para impedir que su trabajadora pueda obtener el pago de su crédito salarial, debidamente reconocido por sentencia con autoridad definitiva de la cosa juzgada, equivaldría a permitir que el empleador disponga libremente del salario adeudado y descontar así, no ya una parte, sino la totalidad de – su importe, lo que obviamente sería contrario y violatorio a las disposiciones del Convenio 95 de la OIT y lo establecido en el artículo 201 del Código de Trabajo. En tal sentido, la SCJ casó la referida ordenanza con envío a otra jurisdicción de apelación.

Análisis del caso, desde la ponderación.

Un dato importante omitido por la Tercera Sala de la SCJ es que la inembargabilidad, aun cuando se encuentra fundamentada en una disposición legal expresa, se constituye además en una norma ius-fundamental, en tanto que su ratio legis reside precisamente en la Seguridad Jurídica, de lo cual hubiese sido un éxito si la Corte hubiese ponderado debidamente esta cuestión. Recordemos que ante un conflicto puramente normativo, la existencia de una implica la erradicación de la otra dentro del orden jurídico vigente. Si bien la Corte de Casación no le dio a la inembargabilidad la denominación de “principio” en sus motivaciones, no menos cierto fue que trato esta figura como principio y no como norma, ya que mantuvo vigente ambas disposiciones legislativas en pugna (el artículo 16 del Código Monetario y Financiero y el artículo 731 del Código de Trabajo).

En todo caso, un correcto ejercicio de ponderación para este caso hubiese sido utilizar cargas argumentativas objetivas para sopesar ambas posiciones de manera equilibrada en el caso concreto, y no sencillamente acentuar el carácter fundamental del derecho del trabajador. Esta jurisdicción, en su decisión, parece utilizar más el criterio jerárquico de solución de antinomias, imponiendo categóricamente el derecho al salario sobre la inembargabilidad; dado a que, aun reconociendo que el Banco Central de la República Dominicana cuenta con esa prerrogativa, los argumentos de la SCJ se limitaron a establecer que “no valen” cuando se tratan de derechos del trabajador. Este tipo de argumentación es bastante peligrosa, considerando que la inembargabilidad también opera para los bienes constituidos en familia, a lo que utilizando esta misma ratio decidendi nos queda por preguntar: ¿Sería correcto argumentar que los derechos del trabajador se imponen, aún para aquellos bienes tutelados ante un régimen de protección a la familia?

Por ello es que Alexy en su teoría dispone que la solución judicial, ante casos como éstos, dependerá: (1) de la definición en bruto, de los principios y valores contrapuestos; (2) la atribución de la prioridad de un principio sobre otro, sobre el caso concreto; (3) el establecimiento de una regla que constituirá la base a partir de la cual decidir.

En conclusión… en la especie, a pesar de que se cimentó en una buena base empírica, no se detalló ni el grado de afectación de la inembargabilidad frente al grado de satisfacción de los derechos del trabajador, que es la base primaria de la ley de la ponderación; lo que deja mucha insatisfacción por parte de un auditorio racional que someta dicha decisión a un test de consistencia y coherencia con el resto del ordenamiento jurídico vigente y la realidad socio-jurídica en que dicha decisión debe impactar. Aun cuando personalmente comparto el resultado final, hubiese optado por otro procedimiento argumentativo, garantizando que la decisión realmente sirva de paradigma para el tratamiento de ambos principios en un futuro.

Atm

¿Es República Dominicana un Estado Constitucional de Derecho? (3 de 3)

viene de la primera parte…

viene en la segunda parte…

Casi concluyendo…

Para responder a la interrogante inicial de si somos un Estado Constitucional de Derecho, y hacerlo de una manera acabada y objetiva, tendríamos que distinguir lo que se contempla formalmente (las instituciones, normas y principios contemplados en nuestro sistema jurídico), y la realidad social, política, económica y jurídica que se vive República Dominicana). En ese sentido, y tomando en cuenta los requisitos para establecer conformar un Estado Social y Democrático de Derecho, si analizamos el contenido de nuestra actual Constitución Política, como también el de varias leyes adjetivas que la complementan, podemos afirmar prima facie que RD cumple con los requisitos formales para convertirse en un Estado Social y Democrático de Derecho, lo que se verifica desde su preámbulo…

“Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los próceres de la Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nación dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente Constitución”

…en donde se plasma que eRReDé es un Estado Democrático, regida por valores supremos como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y el bienestar social, hasta su articulado, en donde su artículo 40.15 versa sobre el Principio de Legalidad conjugado con el principio de razonabilidad, que implica un límite a la intervención estatal en la libertad individual; en su artículo 39 se habla sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, tendente a que todos(as), sin discriminación alguna, recibamos la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, gozando de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Además de esto, contempla toda una amalgama de derechos sociales y económicos (libertad de empresa, el derecho de propiedad, derechos del consumidor, seguridad alimentaria, la protección especial de personas en estado de vulnerabilidad, derecho a la salud, a la educación, seguridad social, vivienda, etc.); y por si fuera poco, en sus artículos 68 y siguientes una serie de acciones constitucionales tendentes a garantizar la tutela de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución.

La realidad, sin embargo, nos plantea un escenario diferente: uno de los grandes males que atañe a la sociedad dominicana es su debilidad institucional, el no acatamiento de las disposiciones legales por quienes están más obligados a cumplirlas (las autoridades), cuyas actuaciones ponen en duda el hecho de que República Dominicana siquiera sea un Estado de Derecho, vulnerando en todo sentido normas de carácter constitucional como son la preservación del medio ambiente, el derecho a la educación, una democracia pluralista, el derecho a accionar, y sobre todo, la preservación de un ideal de justicia.

Ante esta dicotomía, pudiéramos limitarnos a concluir que no somos un Estado Constitucional de Derecho, de lo que no hay que sentirse tan avergonzado, considerando que es un compromiso difícil de asumir de la noche a la mañana. Sin embargo, el problema es que tampoco estamos siguiendo la ruta requerida para convertirnos eventualmente en un EDC: Esto constituye una noble aspiración por parte de nuestra Constitución, empero, requiere mucho más que un logro textual o en papel, se requiere de acción, responsabilidad y sobre todo, compromiso por parte de los órganos estatales… y de todos los que vivimos aquí y nos hacemos llamar parte de este Estado.

Es cierto, existen mecanismos para corregir situaciones anormales, y así los hemos mencionado en este esfuerzo académico, como son las acciones directas y difusas de constitucionalidad, la tutela judicial efectiva (que engloba el acceso gratuito y oportuno a la justicia), el amparo constitucional y el hábeas data. Sin embargo, aún con la existencia de vías judiciales, se requiere de un compromiso más fuerte para solidificar nuestro Estado de Derecho como uno Social, Democrático, y sobre todo, con estricta sujeción a la Constitución como norma sustantiva, y las demás leyes que la complementan. Requiere que luchemos cada día por ser más República Dominicana, el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, y no eRReDé, la parodia en la que vivimos.

Atm

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