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El Derecho no es lógica, sino más bien experiencia (Holmes)

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Oliver Wendell Holmes (1841-1935)

En el desarrollo de las Teorías de Argumentación Jurídica (TAJ), el profesor Manuel Atienza nos explica que uno de sus principales pilares es desmitificar la noción de que el Derecho puede ser reducido a la lógica. Por supuesto, el término lógica puede ser entendido desde una acepción estrecha (en donde se limita a la lógica formal, a un sistema meramente deductivo) o amplia (que incluye elementos de la lógica informal). De aquí conviene ver cómo el pensamiento realista influye considerablemente en el desarrollo del Derecho como argumentación, y entre sus precursores, el gran jurista americano Oliver Wendell Holmes, que expresa con una frase lapidaria:

 

“(…) la vida del Derecho no ha sido lógica, sino experiencia”

Atienza explica, al respecto, que la argumentación jurídica no se identifica con la lógica, pero la lógica es una dimensión esencial de la argumentación; a seguidas, procede a explicar la dimensión en que Holmes formula su crítica, que a pesar de que dicha frase es parte de su obra “The Common Law“, se entiende menor en una obra posterior, The Path of Law,  en la que expone la falacia de la lógica. A seguidas algunos pasajes de ese libro, citados por Atienza en su obra, que a su vez citamos nosotros en el presente blog. En otras palabras, no asumimos derecho de autor por lo que exponemos a seguidas, sino que forma parte de nuestro acervo de Notas Inéditas sobre Argumentación Jurídica:

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La acción de amparo en materia inmobiliaria, ¿Es alguna vez admisible?

I. Introducción. Nuestro sistema de Derecho no sólo se conforma de reglas objetivas dirigidas a coaccionar la conducta de sus destinatarios; cuenta además (sino principalmente) con una serie de prerrogativas fundamentales propias a todo ser humano, y que no pueden ser objeto de negociación, ni de limitación arbitraria. De esta manera, nuestra Constitución consagra como derechos fundamentales todo una constelación de prerrogativas respecto de las cuales el Estado tiene una obligación positiva de tutelarlos. Esto quiere decir que, para que éstos derechos se hagan efectivos no basta con su mera enunciación, sino que deben acompañarse de garantías para que cualquier tercero, institución, y hasta el propio Estado se vea impedido de transgredir este “espacio de lo indecidible” que rodea a los derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 51 de la Constitución. Entre estas garantías se encuentra la Acción Constitucional de Amparo (art. 72), cuya finalidad es la protección inmediata ante cualquier vulneración o injerencia de parte de terceros, para lo cual se rige con un carácter informal, sumario y preferente.

No obstante a ello, la legislación adjetiva plantea una serie de requisitos que debe tomar en cuenta razonablemente el juzgador a los fines de determinar su admisibilidad y procedencia, situación ante la cual procede confrontar esta acción constitucional con las reglas propias de la materia inmobiliaria a los fines de determinar si realmente procede esta acción ante dicha jurisdicción, y cuáles requisitos deben tomarse en cuenta.

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Análisis al “Derecho Dúctil” de Zagrebelsky (Colaboración)

OsvaldoColaboración del Lic. Osvaldo Fernández Santana para Letrado21, en la que realiza un análisis minucioso, detallado y crítico a la hora cumbre de Gustavo Zagrebelsky, “El Derecho Dúctil”, tomando en consideración problemas fundamentales que son el diario vivir y debatir en el Derecho Constitucional. 

El enfoque, por supuesto, es desde el estudio de la Teoría del Derecho, pero ofrece un lenguaje sumamente digerible para neófitos en la materia, sin restar con esto la calidad del trabajo brindado por nuestro colega. 

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El Recurso de Revisión en materia de amparo. Parámetros del TC para la celebración de audiencias públicas

En buen Derecho, la celebración de una audiencia no constituye una simple formalidad dentro de algún proceso judicial; más allá, se trata de una garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva cuando el artículo 69.4 de la Constitución dispone como una de sus garantías mínimas: “(…) el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”. A pesar de que este “derecho a una audiencia” se constituye en una garantía fundamental, en la legislación encontramos distintas disposiciones que limitan o perfilan este derecho a circunstancias y eventos determinados, pudiendo incluso decidirse en algunos casos sin la necesidad de celebrar una audiencia. Tal es el caso del recurso de revisión contra la sentencia emitida en ocasión a una acción constitucional de amparo, que si bien el artículo 94 de la ley 137-11 habilita que este recurso ante el Tribunal Constitucional, se hace en la forma y bajo las condiciones establecidas por la ley. Ante esta situación cabría preguntarse: ¿Cuáles serían los parámetros o directrices que tendría el Tribunal Constitucional para celebrar una audiencia pública durante el conocimiento de un Recurso de Revisión contra una sentencia de amparo?

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¿Cumple la octava franca con el debido proceso y la tutela judicial efectiva?

Me resulta bastante curioso como en nuestro actual Estado de Derecho, en donde se predica el debido proceso y la tutela judicial efectiva como valores inherentes a todo proceso judicial, aparezcan detalles o aristas donde las cosas no parecen ser tan cordiales con el texto constitucional.

Una de ellas es el caso de la notificación dentro del plazo de la octava franca, que conforme al estado actual del Procedimiento Civil, una parte notifica a la otra para que dentro de un plazo de ocho días (08) francos realice su constitución de abogado. En el caso de que la parte demandada realice formalmente su constitución de abogado; cualquiera de las dos partes puede diligenciar la fijación de audiencia por ante el tribunal apoderado [Es el acto de la demanda y no la fijación la que apodera al tribunal], y notificar por simple acto de abogado la fecha de la audiencia… acto mejor conocido como acto de avenir.

Pero… ¿Qué sucede si dentro del plazo de la octava franca la parte demandada no realiza su constitución de abogado? por lo general el abogado de la parte demandante procede a solicitar fijación de audiencia, y una vez la Presidencia de la Cámara Civil emite el auto correspondiente, no se molesta en notificar esta pieza a la contraparte, en tanto que “desde el momento en que dicha deja de constituir abogado en el plazo establecido por la ley, se encuentra en defecto”. Y esto lo decimos, a modo de comentario justificativo que utilizaría un abogado de la parte demandante que incurre en esta actitud, y esto lo hace precisamente porque la ley no le exige notificar avenir a la parte que no constituye abogado dentro del plazo de la octava franca.

En resumidas cuentas, dentro del paradigma sentado en nuestra práctica procesal civil, el derecho de defensa se encuentra debidamente garantizado con un emplazamiento en la octava franca que no indica fecha en que se celebrará audiencia; quedando el demandado desprevenido de cuando pudiera celebrarse esta audiencia… total, fue un descuido de su parte por el cual debe pagar.

¿No sería esto prejuzgar? O mejor aún… ¿Qué sucede entonces, si el demandado, por arte de magia, consigue la fecha de la audiencia, asiste a través de un abogado para la audiencia, sin realizar la constitución establecida en el artículo 72 del CPC?. Si admitimos la tesis de que “ya hizo defecto”, entonces esta parte no tiene derecho de pronunciarse a una audiencia sobre un proceso en el que no constituyó abogado en el tiempo establecido por la ley, y que por demás, no fue convocado para su celebración, como si fuera un chisme en donde se le informa a la víctima: “Estamos hablando de ti… pero no contigo”. Esta absurda tesis no opera ni en teoría (Gracias al difunto artículo 8.2.j de la otrora Constitución, hoy remoldeado en el artículo 69 de la nueva), ni en la práctica (se trata de un simple caso de no hay nulidad sin agravio, y en todo caso, el demandante que se sienta lesionado por esta “irregularidad” puede pedir un aplazamiento para defenderse de la persona a la que demanda).

Pero por un criterio de coherencia, y tomando en cuenta que quien pronuncia el defecto es el Juez en la audiencia pública, y que en un caso como el descrito en el párrafo anterior resultaría cuesta arriba que pronunciare el defecto; cabe analizar la validez y eficacia de pronunciar un defecto en el caso de que ese demandado no compareciere, máxime cuando existe la posibilidad de que sí haya constituido abogado. En efecto, el acto de constitución de abogado es un acto que reposa en manos de los abogados de las partes demandante y demandado, no necesariamente en un tribunal. Supóngase ahora el caso de que ciertamente el demandado constituya abogado mediante acto de alguacil, pero el demandante deliberada o involuntariamente haga omisión de esto, y solicite fijación de audiencia sin notificar el avenir…. el demandante llegaría a la audiencia con el solo acto de emplazamiento y el juez asumiría que el demandado no cumplió con su deber de notificar constitución de abogado, y bajo esta forma de pensar, le pronuncie el defecto a una parte que sí constituyó abogado y se quedó pacientemente en su casa a que le notificaran el avenir para la audiencia fijada.

Claro está que esto es una situación que puede resolverse por la vía de los recursos; que incluso de determinarse litigación temeraria conllevaría sanciones mayores para la parte demandante. Pero se trata de un drama judicial que bien puede evitarse con un cambio de óptica sobre la forma en que deben ser convocadas las partes a la audiencia.

En resumidas cuentas, considero que la legislación inmobiliaria y el anteproyecto del CPC ofrece una solución mas viable, pero en lo que el hacha va y viene, debemos nosotros como jueces ser los garantes de que la extrema legalidad no conlleve a cercenar los derechos fundamentales de las partes en los procesos. Con esta cavilación lo único pretendido es abrir este debate, para que de esta manera fluyan las más variadas y nutridas opiniones.

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La justicia constitucional y sus principios [ensayo académico]

A los fines de desarrollar adecuadamente el presente ensayo, debemos puntualizar en primer orden qué es la “justicia constitucional” y cuál es su relación con el “derecho procesal constitucional”. En efecto, si nos limitamos a la estructura práctica del concepto (los mecanismos procesales, las formalidades exigidas, etc.) bien pudiéramos establecer que ambos conceptos son idénticos, más sin embargo la justicia constitucional tiene un alcance teleológico (y por ende, mayor), en tanto la misma se deriva del carácter fundamental y superior de la Constitución, sirviendo para imponer el cumplimiento de su texto y de su superioridad; al respecto Iván Escobar establece que “El Estado de Derecho se perfecciona con el control de la legalidad de la administración y el control de la constitucionalidad mediante la justicia constitucional. Este control es una pieza fundamental de la democracia moderna (…) Sin una justicia constitucional, regulada por la Constitución y las leyes, la Constitución será papel mojado, sin importancia, porque no existiría un instrumento de su defensa y cumplimiento, como le pasaría a un Código Penal sin un Código Procesal Penal para su aplicación…”. (autor citado, “La Justicia Constitucional”, pág. 3).

Huelga decir que en nuestro Estado contamos una normativa legal de doble función: la ley 137-11, que es orgánica del Tribunal Constitucional, y adjetiva en cuanto a los procedimientos constitucionales. Dicha legislación versa (art. 7) sobre los principios constitucionales: Inderogabilidad.

A pesar de que el orden en que se encuentran estos principios numerados es alfabético, sentimos necesario iniciar con el principio de constitucionalidad, que no es más que el eje central en que operan los demás principios de la justicia constitucional, colocando a los demás principios en un plano de interdependencia, donde la subsistencia de un principio depende de la prevalencia de los demás. En efecto, la constitucionalidad nos exige a todos los administradores de justicia que nuestra primera fuente de derecho sea precisamente la Carta Magna y demás instrumentos que integran el bloque de constitucionalidad, no tan sólo a nivel formal (hacer una simple mención de los artículos en nuestras decisiones, sino en un contexto real de aplicación constante.

En ese orden la sola lectura de estos principios nos indica su arraigo constitucional, siendo la accesibilidad, la celeridad y la efectividad devienen del contenido del artículo 69 de la Constitución que consagra el debido proceso y la tutela judicial efectiva; el principio de favorabilidad es el resultado de los criterios de interpretación planteados en el artículo 74 de la Carta Magna.

La gratuidad, por su parte, va más allá de la mera gratuidad de la justicia planteada de forma abstracta en la Constitución, y aplica una gratuidad de las actuaciones idéntica a la que versa la Ley 136-03, en tanto que de su contenido se extrae una exención tributaria para accionar en esta materia, distinto a las principales materias ordinarias. Este principio, conjugado con el de informalidad, tiene como propósito evitar que tanto el exceso de formalismo como las cargas impositivas propias de un proceso civil ordinario, por ejemplo, constituyan un real obstáculo para acceder a la justicia constitucional.

Además de estos principios, encontramos particularidades en la materia constitucional no tan frecuentes en la materia ordinaria; tal es el caso del principio de oficiosidad, del que se verifica que en esta materia se rompe con el principio dispositivo propio del derecho común, y en donde se le otorga al Juez un papel mucho más activo; además de esto, en la vinculatoriedad se detecta un dato importante en cuanto al carácter de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, en donde el criterio emitido por este alto órgano jurisdiccional constituyen algo más que un precedente consultivo, teniendo fuerza normativa la interpretación dada por este tribunal tal si fuere el texto propio de la Constitución. En todo caso, contamos con el principio de supletoriedad para aquellos casos en donde las ambiguedades y lagunas normativas, se aplicarán los principios del derecho procesal de cada materia, siempre y cuando no afecten las cuestiones sustanciales del derecho procesal constitucional.

Tal es el caso del principio de Saneamiento, que aplicable tanto en la materia civil (arts. 37, 43 y 48 L. 834-1978), como en la materia penal (art. 168 CPP); no opera de igual forma en la justicia constitucional, donde el principio de inconvalidabilidad, donde no se admite la subsanación ante una violación flagrante a derechos constitucionales.

A modo de conclusión hemos querido dejar el principio de inderogabilidad para último, porque resulta que en nuestra realidad práctica contamos con una visión muy relativa y débil en cuanto a derechos constitucionales se refiere, sobre todo ante situaciones “especiales” y “emergentes” donde lo correcto parecería ser olvidarse del derecho constitucional y pensar pragmáticamente. Para esto debemos recordar las épocas en que el derecho constitucional tuvo mayor auge, especialmente en los tiempos contemporáneos de post-guerra y luego de descubrirse los horrores del nazismo en los campos de concentración, y es que la justicia constitucional no se diseñó para ser derogada en los estados de excepción; fue creada precisamente para que dejemos de ser estado de excepción (equivalente a ser un estado fallido) y nos convirtamos cierta, real y efectivamente en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho).

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Relaciones del DIDH y el Derecho Interno Dominicano (ensayo académico)

flag-globeEnsayo académico presentado para el curso virtual de Derecho Constitucional impartido en la Escuela Nacional de la Judicatura durante el programa de formación de aspirantes a jueces de Paz durante el período octubre-diciembre del 2010, en donde la relación que presenta la República Dominicana con la comunidad internacional, a la luz de temas como la soberanía, la supremacía constitucional y  la apertura al Derecho Internacional general y Americano. Mucho ha llovido desde este ensayo (todavía no contábamos con la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional), pero imagino que sostiene cierto grado de utilidad aún para estos días. Como siempre, las puertas están abiertas para las más agrias de las críticas.

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