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La acción de amparo en materia inmobiliaria, ¿Es alguna vez admisible?

I. Introducción. Nuestro sistema de Derecho no sólo se conforma de reglas objetivas dirigidas a coaccionar la conducta de sus destinatarios; cuenta además (sino principalmente) con una serie de prerrogativas fundamentales propias a todo ser humano, y que no pueden ser objeto de negociación, ni de limitación arbitraria. De esta manera, nuestra Constitución consagra como derechos fundamentales todo una constelación de prerrogativas respecto de las cuales el Estado tiene una obligación positiva de tutelarlos. Esto quiere decir que, para que éstos derechos se hagan efectivos no basta con su mera enunciación, sino que deben acompañarse de garantías para que cualquier tercero, institución, y hasta el propio Estado se vea impedido de transgredir este “espacio de lo indecidible” que rodea a los derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 51 de la Constitución. Entre estas garantías se encuentra la Acción Constitucional de Amparo (art. 72), cuya finalidad es la protección inmediata ante cualquier vulneración o injerencia de parte de terceros, para lo cual se rige con un carácter informal, sumario y preferente.

No obstante a ello, la legislación adjetiva plantea una serie de requisitos que debe tomar en cuenta razonablemente el juzgador a los fines de determinar su admisibilidad y procedencia, situación ante la cual procede confrontar esta acción constitucional con las reglas propias de la materia inmobiliaria a los fines de determinar si realmente procede esta acción ante dicha jurisdicción, y cuáles requisitos deben tomarse en cuenta.

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El Recurso de Revisión en materia de amparo. Parámetros del TC para la celebración de audiencias públicas

En buen Derecho, la celebración de una audiencia no constituye una simple formalidad dentro de algún proceso judicial; más allá, se trata de una garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva cuando el artículo 69.4 de la Constitución dispone como una de sus garantías mínimas: “(…) el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”. A pesar de que este “derecho a una audiencia” se constituye en una garantía fundamental, en la legislación encontramos distintas disposiciones que limitan o perfilan este derecho a circunstancias y eventos determinados, pudiendo incluso decidirse en algunos casos sin la necesidad de celebrar una audiencia. Tal es el caso del recurso de revisión contra la sentencia emitida en ocasión a una acción constitucional de amparo, que si bien el artículo 94 de la ley 137-11 habilita que este recurso ante el Tribunal Constitucional, se hace en la forma y bajo las condiciones establecidas por la ley. Ante esta situación cabría preguntarse: ¿Cuáles serían los parámetros o directrices que tendría el Tribunal Constitucional para celebrar una audiencia pública durante el conocimiento de un Recurso de Revisión contra una sentencia de amparo?

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