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El recurso de casación en materia penal. ¿En cuáles casos procede?

Trabajo académico presentado en la Escuela Nacional de la Judicatura (circa 2009), con motivo al curso taller de “Derecho Procesal Penal III: Derecho de los Recursos y Ejecución Penal”. Aquí exploramos la naturaleza del recurso extraordinario por excelencia: La casación, cuya finalidad objetiva es la unificación de la jurisprudencia a nivel nacional. Para ellos, deberá explorarse todas aquellas decisiones que ponen fin al procedimiento. Mucha lluvia ha caído desde este artículo, pero he decidido dejarlo intacto para abrir el abanico de posibles críticas, sobre todo, en vista de la nueva ¿ley? 10-15 que modifica el Código Procesal Penal. Esperamos sea de utilidad. 


A los fines de poder elaborar objetivamente un análisis respecto de las decisiones son susceptibles de recurrirse en casación, ha lugar a puntualizar ciertos aspectos de este recurso en nuestro ordenamiento jurídico. En efecto, el Recurso de Casación Penal es definido como el medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos por la ley, una parte postula la revisión de errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que le perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva, o la anulación de la sentencia, y una nueva decisión, con o sin reenvío a juicio[1].

El régimen legal vigente que administra el procedimiento, es decir, la Ley 76-02 o Código Procesal Penal, establece las normas, los límites y las posibilidades de recurrir las resoluciones; es el llamado principio de taxatividad de los recursos, en donde el mismo procede solamente en los casos y por los medios expresamente establecidos por la ley, de tal manera que para que las resoluciones o decisiones sean recurribles se requiere que la ley así lo consigne y le otorgue a quien lo promueva la facultad de hacerlo. En tal virtud, el recurso de casación sólo procede en los casos previstos en el artículo 425 del Código Procesal Penal.

A los fines del presente ensayo nos enfocaremos primordialmente en el recurso de casación aplicable a aquellas decisiones que ponen fin al procedimiento, que difieren de las decisiones que emanan de la Corte de Apelación, y sobre todo, las resoluciones que deniegan la extinción o suspensión de la pena. En efecto, el Código Procesal Penal dispone en su artículo 71 cuáles acciones son competencia de la Corte de Apelación (el recurso de apelación, los conflictos de competencia dentro de su jurísdicción, las recusaciones de los jueces, etc.), de donde se infiere que todas estas decisiones, una vez conocidas en la Corte, son susceptibles de casación, por aplicación del artículo 425.1 del CPP.

Por una interpretación sistemática de los artículos 71, 425.1 y 425.2, cuando se dispone que son recurribles en casación toda decisión que pone término al procedimiento, también constituye un requisito esencial el hecho de que las mismas no sean recurribles en apelación. En efecto, las decisiones que ponen término al procedimiento son aquellas que adoptan una decisión definitiva con relación al objeto del proceso[2], más debemos distinguir entre éstas y las decisiones emanadas de la Corte de Apelación, ya que las primeras son decisiones de primer grado que no pueden ser recurridas en apelación, por aplicación del artículo 393 del Código Procesal Penal que dispone la taxatividad del recurso de apelación. En otras palabras, ciertas decisiones dictadas por el tribunal de primer grado no son susceptibles de apelación, bien sea porque se considere que dicha decisión se basta a sí misma y sólo puede ser recurrida en casación, o sencillamente en virtud de que el código no prevea este recurso para estas decisiones.

En tal sentido, dentro de las decisiones que ponen término al procedimiento susceptibles de casación tenemos:

a) La prescripción: Siendo la prescripción el plazo a cuya expiración queda extinguida la acción pública contra el infractor de la ley penal, el artículo 45 dispone que en nuestro ordenamiento jurídico que cuando la pena sea privativa de libertad, la acción prescribirá al vencimiento de un plazo igual al máximo de la pena[3], y de un año en aquellos casos en que las infracciones no se castiguen con penas privativas de libertad. En ese tenor, estamos frente a una decisión que declara extinguida la acció penal, para la cual no se prevé el recurso de apelación, de donde se infiere razonablemente que la misma es suscriptible de ser recurrida en casación. Así lo ha establecido la jurisprudencia, cuando dispone que: “…las decisiones que ponen fin al procedimiento sólo son recurribles en casación, lo que es perfectamente compatible con el caso de la especie donde se declaró la prescripción de la acción, que es uno de los medios por los que puede poner fin a un procedimiento (…) Que al tenor de lo anteriormente expresado, esta Tercera Sala colige que, conforme a la norma vigente, la vía de impugnación correcta debió ser interpuesta en el presente caso es la casación y no la apelación como lo ha hecho la recurrente, por no encontrarse la decisión recurrida dentro los casos taxativamente señalados por el Código Procesal Penal para ser recurridos en apelación”[4].

b) La declaración de la extinción de la acción penal por transcurso del tiempo: Esta decisión no debe confundirse con la que declara la prescripción de la acción, ya que en este caso se declara la extinción de la acción penal en virtud de la inacción de las partes dentro del proceso penal. En efecto, el artículo 44 prevé dos causas de extinción de la acción penal: 1. el vencimiento del plazo máximo de la duración del proceso; y 2. el vencimiento del plazo máximo del procedimiento preparatorio sin que haya formulado acusación u otro requerimiento conclusivo.

En efecto, se dispone que la duración máxima de todo proceso es de tres años, a partir del inicio de la investigación[5],y una vez vencido este plazo, los jueces declaran extinguida la acción penal.  Asimsimo, en lo que respecta al procedimiento preparatorio, el artículo 151 define la forma en que ha de extinguirse la acción penal, al disponer que vencido el plazo de la investigación, si el ministerio público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez, de oficio o a solicitud de parte, intima al superior inmediato y notifica a la víctima, para que formulen su requerimiento en el plazo común de diez días. Si ninguno de ellos presentan requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal. En virtud de que en ninguno de estos supuestos se contempla el recurso de apelación como un medio de impugnación para recurrir la decisión de la extinción de la acción penal, la misma sólo puede ser recurrida en casación.

c) Decisión judicial respecto de la suspensión condicional del procedimiento: Por aplicación del artículo 41 del indicado Código, la decisión de la suspensión del procedimiento no es apelable, salvo que el imputado considere que las reglas fijadas son inconstitucionales, resulten manifiestamente excesivas o el juez se haya excedido de sus facultades. Ahora bien, no es lo mismo suspender el procedimiento que ponerle fin, por lo cual la suspensión exige el cumplimiento futuro de las reglas establecidas en el precitado artículo 41, ya que si el imputado se aparta de las condiciones impuestas, comete una nueva infracción o incumple con los acuerdos de reparación, el juez puede ordenar la revocación y la renaudación del procedimiento. Por ello es que varios autores consideran que “la suspensión, por su propia naturaleza, deja insatisfecha la exigencia de que la resolución recurrible en casación ha de ser una decisión jurisdiccional que ponga fin al proceso”[6]. Ahora bien, es el mismo artículo 44 que dispone en su numeral 7 que uno de los causales de extinción de la acción penal es el vencimiento del plazo de suspensión condicional del procedimiento penal, sin que haya mediado revocación, de donde se infiere que la misma, al extinguir la acción penal, se convierte en una decisión que pone fin al procedimiento, y por ende, susceptible de ser recurrida en casación.

Además de estas decisiones, muchos autores han establecido tanto la decisión que deniega el auto de apertura a juicio, como también la que confirma el archivo del caso, en virtud de que ponen fin al procedimiento, son recurribles en casación. Cabe destacar en este punto que para ambas acciones se encuentra abierto el recurso de apelación, de donde se infiere que no se puede recurrir directamente en casación este tipo de decisiones. En efecto, en lo que respecta a la denegación de apertura a juicio oral, la parte in-fine del artículo 304 dispone que la resolución que dicta auto de no ha lugar es apelable, de donde se infiere que la casación sólo procede una vez agotado el recurso de Apelación. Igual situación se verifica en la decisión judicial que confirma el archivo de las actuaciones ordenado por el fiscal, ya que el artículo 283 en su parte infine dispone que este tipo de decisión es apelable, de donde se infiere que el recurso de casación no procede directamente en contra de esta decisión, sino más bien en contra de la decisión que emita la Corte en cuanto al recurso de apelación de esta decisión.

Fuera de estos casos, la casación en procede en los siguientes supuestos: abandono de la acusación, en materia de acción privada, la decisión emitida respecto de una conciliación, la aplicación del criterio de oportunidad; en virtud de que son decisiones que ponen fin al procedimiento, y para las mismas no se prevé el recurso de apelación.

En conclusión, si bien podemos decir que, en principio, toda decisión que ponga fin al procedimiento es una decisión susceptible de ser recurrida en casación, no menos cierto es que muchas de las decisiones que ponen fin al procedimiento pueden ser apeladas, en virtud de que el mismo Código así lo expresa. En tal sentido, la casación en estos casos sólo procederá una vez agotado el recurso de apelación correspondiente.

Atm

[1]            Beard Gómez, Miguelina de Jesús et al, “Proceso Penal Acusatorio en la República Dominicana”, Santo Domingo, República Dominicana: Escuela Nacional de la Judicatura, 2002. págs. 381-382

[2]   Conejo, Milena et al, “Fundamentación de los Recursos”, Santo Domingo, República Dominicana: Escuela Nacional de la Judicatura. 2007. pag. 310

[3]          El mismo artículo dispone en tal supuesto que en ningún caso podrá exceder de 10 años, ni ser inferior a 3.

[4]          Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacinoao, Resolución número 00192-TS-2005, de fecha 30 mayo del 2005 [Citado por CAMACHO HIDALGO, Ignacio P., “Código Procesal Penal Anotado”, págs. 620-621].

[5]          Este plazo sólo puede extenderse por seis (06) meses en virtud de una sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos (artículo 148 CPP).

[6]          Binder, Alberto et al “Derecho Procesal Penal”, Santo Domingo, República Dominicana: ENJ, 2006. pag. 368

 


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