Letrado 21

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Las costas, la perención y el desistimiento en materia inmobiliaria

ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE CICLO DE MEJORA: Costas del Procedimiento, Desistimiento de la Acción y  Perención de la Instancia.

El presente es un trabajo académico desarrollado por los colegas Wanda Yisel Pérez, Bayoan Rodríguez y un servidor, Luis Adriano Taveras Marte, con motivo a la materia de “Procedimientos Judiciales I”, de la maestría en Derecho Inmobiliario impartida en la PUCMM. Este esfuerzo académico se fundamenta en el análisis de figuras propias del derecho civil, como son las costas del procedimiento, el desistimiento de la acción y la perención de la instancia dentro del marco del derecho inmobiliario. Para tales fines, se hará un análisis comparativo entre lo establecido en la legislación procesal civil, la cual tiene un carácter supletorio en la materia inmobiliaria, y lo que de manera concreta y específica señala la ley 108-05 y los reglamentos complementarios.


Las Costas Procesales

¿Qué son las costas procesales?

De las disposiciones combinadas de los artículos 130 al 133 del Código de Procedimiento Civil se extrae que la parte que sucumbe en un proceso judicial carga con las costas del procedimiento, las cuales podrán ser distraídas en favor de la contraparte; y en el caso de que los litigantes sucumbieren en algunos de sus puntos –o que hubiese un grado de parentesco entre ellos–, las mismas podían ser compensadas por el juez.

Vale recalcar que esta condenación en costas no sólo afecta a la parte litigante directamente, sino además el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “Los abogados y alguaciles que excediesen los límites de su ministerio; los tutores, curadores, herederos beneficiarios u otros administradores que hubiesen comprometido los intereses confiados a su administración podrán ser condenados a las costas, en su propio nombre y sin derecho a repetición; as í como a los daños y perjuicios, si hubiere lugar; sin perjuicio de pronunciar la suspensión contra los abogados y alguaciles, y la destitución contra los tutores y los demás, según la gravedad de las circunstancias”.

Paralelamente, en nuestro derecho inmobiliario la condenación en costas se rige por el artículo 66 de la Ley 108-05, los artículos 88 al 91 del Reglamento de los Tribunales de Tierras, manteniendo la regla general antes establecida de que todo el que sucumbe en un proceso debe pagar las costas. Sin embargo, la redacción del artículo 66 indica que es una facultad del juez[1], a diferencia del derecho común, donde queda claro que la condenación es un mandato y no una opción del tribunal[2].  La única excepción a esta regla, en materia de tierras, es el saneamiento, por mandato expreso de la ley.

Bajo ese entendido, ¿puede considerarse que el artículo 66 de la Ley 108-05 derogó el Código de Procedimiento Civil?En sentido práctico, no. En efecto, ha de entenderse que el propósito de ambas normativas en lo relativo a la condenación en costas es indemnizar a la parte gananciosa por el perjuicio causado por la acción judicial en su contra, por lo cual siempre se deberá condenar a quien pierda el pleito; más esto es un asunto de puro interés privado, es decir, dependerá de la solicitud de la contraparte al respecto[3].

Por ello, se entiende que constituye una obligación del juez referirse respecto de las costas del proceso, tanto en materia civil como en lo inmobiliario, no sólo por las disposiciones legales antes expuestas, sino además porque de no hacerlo incumpliría además con su obligación de estatuir; y por su parte, al tratarse de un asunto de puro interés privado, si la parte gananciosa no solicita condenación en costas (o la solicita, pero no pide distracción), lo correcto es que se produzca su condenación en costas sin distracción[4].

Quid sobre el artículo 89 del Reglamento de los Tribunales de Tierras.

Este dispone que “La parte en beneficio de la cual se ordena el pago de las costas, dispondrá de un plazo de quince (15) días para someter al Juez o Tribunal correspondiente, la instancia de validación del estado de costas”. Este plazo no está en la Ley 108-05 ni en alguna otra ley aplicable. El único caso en que hay plazo para exigir la liquidación de las costas es el contemplado en el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil, para los casos de sentencia sobre incidente, nulidad, o excepción que hayan desapoderado el tribunal para conocer del fondo; sin embargo, lo que aquí se plantea es que las costas serán exigibles un mes después de haber adquirido dicha sentencia la fuerza de la cosa irrevocablemente juzgada, siempre que durante ese plazo no se haya introducido de nuevo demanda sobre el fondo del litigio. Es decir, esta disposición de la legislación procesal civil no plantea un plazo aparentemente perentorio, como lo hace el precitado artículo 89 del Reglamento General de los Tribunales de Tierras.

Ha lugar a considerar que esta disposición no viene acompañada de una consecuencia legal, es decir, no se establece qué pasaría si el reclamante de las costas deja transcurrir el referido plazo de quince (15) días; y ante este vacío, es correcto interpretar –de acuerdo a las reglas del artículo 37 de la ley 834-1978– que a falta de un texto que prevea nulidad o inadmisibilidad, no puede imponerse una consecuencia de derecho para el reclamante en costas en base a ese artículo 89. Como propuesta a esta situación, es consideración nuestra que debe establecerse claramente una con consecuencia legal expresa y así esa disposición no se queda en un limbo jurídico.

Quid sobre el artículo 9 de la ley 302-64 sobre Honorarios de Abogados.

No es discutible la facultad que tiene el juez que liquida un estado de costas para modificarlo; y en ese orden, es bueno tomar en cuenta el Auto Núm. 48-2013 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 9/7/2013, que ajustan o indexan las partidas establecidas en la Ley 302-64 de acuerdo al artículo 289 del Código Tributario. Dicho Auto se dictó a propósito de un caso particular pero algunos abogados lo entienden  como “jurisprudencia” que, en ese tenor, unifica criterios al respecto. En lo personal, consideramos peligroso hacer extensivo los efectos de una decisión particular para todos los casos análogos, en donde la mejor respuesta debe provenir del órgano legislativo.

Por ello entendemos como necesario que se haga una revisión al ajuste de las partidas de la referida Ley de Honorarios de Abogados, recordando que esas partidas son un “monto mínimo”[5]; lo importante es que cada gasto esté debidamente sustentado, y aquellos que no lo estén, entonces puedan ser ajustados según el referido Auto 48-2013 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia y el artículo 289 del Código Tributario. Otra propuesta alternativa, sería simplemente justificar cada actuación correspondiente en un Estado de Costas y Honorarios. Lo que nunca debe ajustarse por decisión judicial es el monto de algunos impuestos, pues esto corresponde a la ley.


Sobre el desistimiento.

¿Qué es el desistimiento?

El desistimiento es definido como una “terminación anormal del proceso por el que el actor manifiesta su voluntad de abandonar su pretensión, pero sin renunciar al derecho en que le basaba, es decir, que tiene la posibilidad de poder plantear la misma litis posteriormente”[6]. Esta noción asimila el desistimiento al abandono: el demandante que desiste renuncia al beneficio de una situación jurídica de la cual hubiera podido prevalerse. Pero no es una renuncia a su derecho, sino a la demanda en justicia en tutela de dicho derecho (art. 36, Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario); en otras palabras, por medio del desistimiento, el demandante abandona el proceso.

Forma y condiciones del desistimiento. En materia inmobiliaria, la figura del desistimiento se regula por los artículos 36 y 37 de la ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario, que redirige para el procedimiento a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. El artículo 402 del C.P.C. establece que el desistimiento puede hacerse “por simple actos bajo firma de las partes o de quienes las representen, y notificados de abogado a abogado”. Esta formalidad no es sacramental, y de hecho existe la posibilidad de que el desistimiento pueda ser presentado en audiencia; la condición para ello es que el juez pueda establecer la voluntad de la parte (no necesariamente de su abogado apoderado) de desistir de la acción judicial[7].

Tal cual lo ha establecido la doctrina, el desistimiento tiene una naturaleza convencional, y como tal, requiere no sólo de la voluntad de la parte demandante para desistir, sino además de la aceptación por parte del demandado, tal y como se extrae del art. 403 del C.P.C.; sin embargo, hay casos en que el desistimiento puede ser aceptado independientemente de toda aceptación del demandado:

  • Cuando le precede a que la instancia se ligue formalmente. Mientras el demandado no manifieste expresamente su participación en la instancia (presentando un acto de constitución de abogado, o compareciendo a una de las audiencias), el demandante puede perfectamente desistir de la instancia, sin requerir que haya aceptación por parte del demandado[8]. Esto no impide que éste pueda interponer de forma principal algún tipo de acción en contra de la parte demandante.
  • Cuando el rechazo del demandado carece de legitimidad. Aun cuando el desistimiento sea propuesto luego de que la instancia quede ligada, nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido que el rechazo del demandado debe ser legítimo: “(…) que si es cierto que el desistimiento de instancia, cuando esta está ligada entre las partes, debe ser aceptado por la otra parte, no es menos cierto que siendo como es un abandono de la instancia o del procedimiento, nada se opone a que se produzca en cualquier momento, aun cuando la instancia esté ya ligada entre las partes y el tribunal apoderado puede validarlo si la negativa del intimado a aceptarlo no está fundada en una razón legítima, como ocurre en la especie, puesto que lo que hace imposible su validación por el tribunal es no sólo que la instancia esté comprometida entre las partes, sino que se haya consumado con el pronunciamiento de un fallo contradictorio que ponga fin a la misma, pues evidentemente ya carecería de objeto el desistimiento; que por todo lo expuesto procede acoger la instancia sometida por el recurrente”[9].

Efectos del desistimiento. Una vez se produce el desistimiento y su consecuente aceptación (tácita o expresa) esto implica de pleno derecho que las cosas sean repuestas, de una y otra parte, en el mismo estado en que se encontraban antes de la acción (art. 37 ley 108-05 y art. 403 del C.P.C.).

 Sobre el defecto y el desistimiento. La jurisprudencia ha considerado que el defecto del demandante se asimila, no a un desistimiento de la acción, sino a un desistimiento de la instancia; la parte contra quien se dicta una sentencia de descargo puro y simple puede reintroducir su demanda, si entre la fecha en que se pronuncia el descargo y el nuevo acto de emplazamiento no se ha vencido el plazo legal para la acción de que se trata[10]. En materia inmobiliaria esto resulta invariable para procesos de interés privado como lo es la Litis sobre Derechos Registrados, siendo un proceso impulsado a interés de las partes: “el hecho de la parte recurrente no presentarse a la audiencia que había quedado debidamente citado para concluir con su recurso, esto implica un desistimiento implícito del mismo; que al pronunciar la Corte a-qua el descargo del recurso en esas condiciones, ha realizado una correcta aplicación de la Ley”[11].

Sobre el saneamiento y el desistimiento. Si el reclamante no asiste a la audiencia, lo usual es cancelar el rol. Ahora bien, si ha intervenido alguna persona en el proceso, y/o efectuada la publicidad requerida, resulta aplicable el art. 73 del Reglamento de los Tribunales de Tierras: “Efectuada la publicidad correspondiente para el inicio del proceso judicial del saneamiento, el Juez o Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria apoderado podrá proceder a la vista de la causa, y fallar el mismo independientemente de la comparecencia o no de los convocados, sin perjuicio de poder beneficiarlos o perjudicarlos con su decisión”.


Sobre la perención de instancia.

Henry Capitant define la perención en su Vocabulario Jurídico como “el aniquilamiento de todos los actos procesales cumplidos en un juicio, que puede ser invocada contra el demandante cuando haya transcurrido cierto tiempo sin que haya transcurrido ningún acto del procedimiento”. En efecto, la perención de instancia se constituye en una solución a evitar que los procesos se prolonguen indefinidamente a consecuencia de la inacción de las partes. Su origen data del Derecho Romano, “al establecerse como un remedio para evitar que los litigios se tornen interminables, y excedan la duración de vida de los hombres”[12].

En función de esta finalidad es que el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil dispone que toda instancia, aunque en ella no haya habido constitución de abogado, se extinguirá por cesación de los procedimientos durante tres años. Este plazo se ampliará a seis meses más, en aquellos casos que den lugar a demanda en renovación de instancia, o constitución de nuevo abogado. De esta disposición se extrae que la perención tiene como condición de plazo para el derecho civil de tres (03) años, contados a partir del último acto del procedimiento, no de la duración del proceso mismo. Esto quiere decir que mientras el proceso se mantenga en constante movimiento, no operará causa de perención, independientemente de su duración en el tribunal[13].

Asimismo, la perención en nuestro ordenamiento civil no opera de pleno derecho, sino que debe ser solicitada (artículo 399 del Código Civil), y en todo momento puede ser cubierta por los actos válidos que haga una u otra de las partes con anterioridad a la demanda en perención. En cuanto a lo primero, se produce una importante diferencia frente a la forma de operar la perención en materia inmobiliaria, ya que el artículo 38 de la ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario refiere a que la perención opera de pleno derecho. En otras palabras, para la materia inmobiliaria no se hace necesario que se solicite la perención; la misma puede ser pronunciada de oficio por el juez.

La perención no opera, ni en materia civil ni en materia inmobiliaria,  para aquellos casos en que el expediente se encuentre en estado de fallo. Esto tiene un fundamento lógico: Aquí no sería entonces un problema de inacción procesal de las partes, sino de mora judicial; declarar la perención en procesos conocidos ante la Jurisdicción Inmobiliaria en base a un expediente en estado de recibir fallo es el equivalente a estatuir sobre la base de una falla del sistema, más que de una dejadez de las partes.

En cuanto a lo segundo, es decir, la intervención de un acto válido para cubrir una posible perención, caben destacarse dos cosas:

  • ¿Qué es un acto válido?
  • ¿Puede cubrirse la perención con un acto válido que se produzca después de transcurrido el plazo máximo?

La primera pregunta salta a la vista en función de las distintas actuaciones que pueden realizar las partes, como sería el caso de intimar a la contraparte mediante una notificación, o bien solicitar una fijación de audiencia para dar continuación a la instancia. Obviamente, el sólo hecho de alegar que no se precisa la fecha de la última actuación no basta para cubrir la perención; así lo dispone nuestra Suprema Corte de Justicia al establecer que: “(…) para determinar el fundamento de una demanda en perención, se requiere la precisión de las fechas en que se produjo la última actuación procesal válida y la demanda o recurso del caso de que se trata; que en el presente caso, la parte recurrente no ha depositado prueba en contrario a lo establecido por la Corte a-qua, en relación a que desde la última fijación de audiencia del recurso, fecha en que el ahora recurrido solicitó por instancia motivada la perención de la instancia del recurso, el recurrente no realizó ningún tipo de actuación procesal, limitándose solo a alegar que no se estableció de manera clara los periodos en que fueron conocidas varias audiencias, no así aportar prueba de esto, en consecuencia, el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Norte contrario a lo invocado por el recurrente no incurrió en desnaturalización de los hechos como alega, sino que actuó conforme al citado artículo 38 de la Ley núm. 108-05 de Registro Inmobiliario, al declarar la perención del recurso, en tal virtud procede rechazar el presente recurso de casación”[14].

Por otra parte, muchos doctrinarios afirman que cualquier acto con efecto en el expediente del caso sirve para cubrir ante una potencial perención de instancia; algunas corrientes afirman, por el contrario, que sólo aquellos actos con cierto grado de eficacia pueden considerarse válidos para no declarar la perención de instancia. El caso de la fijación de audiencia, por ejemplo, puede conducir a la celebración y posterior cancelación del rol de audiencias en vista de que no fueron convocadas las partes, y lo único que consta es la solicitud de fijación como diligencia hecha por una parte.

Sostenemos en este punto como tesis que independientemente de la eficacia de este acto jurídico, dado el ejemplo ofrecido anteriormente, el sólo acto de solicitar fijación de audiencia, y provocar –en consecuencia– una actuación administrativa del tribunal respecto de dicho expediente (un auto administrativo fijando audiencias, el llamamiento del rol de audiencias, etc.) se constituye un acto válido al amparo del precitado artículo 399 del Código de Procedimiento Civil. Por ello advierte la doctrina que: “La perención puede cubrirse por un acto que emane del demandado o del demandante. Si el demandado tiene la intención de pedir la perención debe, por lo tanto, abstenerse de toda actuación que sea susceptible de cubrirla”[15].

En cuanto a la segunda interrogante, de la sola redacción del precitado artículo 399 del Código de Procedimiento Civil se infiere razonablemente que se habla ante la hipótesis de que haya transcurrido más del plazo máximo de tres años de inacción procesal; por hecho el aclarando inicial de que la misma no se produce “de pleno derecho”.

Quid sobre el sobreseimiento y la perención. En nuestro Código de Procedimiento Civil, ni en la Ley de Registro Inmobiliario, se especifica claramente, cuándo es necesario sobreseer la instancia, esta imprevisión deja abierta la discusión que hace en muchos casos el Juez o los jueces lo resuelvan con su íntima convicción o libre apreciación, que se basa en el poder soberano de libre apreciación que tienen los jueces y que ha sido atribuido por la jurisprudencia. El sobreseimiento de estatuir no desapodera al Juez, cuando cesan las causas que le dio origen, la instancia es perseguida por una de las partes y el proceso continúa, es por estas causas, que el sobreseimiento suspende la instancia.  En ese sentido, de la misma forma en que la mora judicial no puede provocar la perención, tampoco puede hablarse de la misma ante un sobreseimiento, ya que debe esperarse el cese de la causa que lo justificó, independientemente del tiempo que transcurra.

Efectos de la perención. En cuanto a los efectos de la perención, cabe destacar que ésta no es un sinónimo de prescripción: mientras la última produce una extinción de la acción en justicia, la primera produce únicamente la extinción de la instancia. Así lo establece el artículo 401 del Código de Procedimiento Civil cuando señala que la perención no extingue la acción, sino que produce solamente la extinción del procedimiento, sin que se pueda oponer acto alguno del procedimiento extinguido, ni apoyarse en él.

Este principio de que “lo que perime es la instancia, no el Derecho”[16] opera igualmente en materia inmobiliaria, al establecer el referido artículo 38 de la ley 108-05 que cuando se produzca la perención de instancia, la sentencia que la declare ordenará el archivo definitivo del expediente y se refutará irrefragablemente que no hay interés en el mismo. Esto último no debe confundirse con el medio de inadmisión por falta de interés, en tanto que la parte demandante puede perfectamente solicitar el desglose de los documentos depositados en el expediente, y accionar nuevamente en justicia.

Ahora bien, de lo que disponen las normas antes citadas se extrae que uno de los efectos de la perención es que la cuestión queda nuevamente en el estado antes de la demanda: y  se considera que la prescripción no ha sido jamás interrumpida. Es por ello que aunque la perención no sea lo mismo que prescripción, una declaratoria de perención puede inducir necesariamente a la declaratoria de inadmisibilidad de la misma demanda –ante una nueva instancia- por efecto de la prescripción.

Otro importante efecto de la perención es que nada de lo ventilado en el proceso perimido pueda usarse a futuro, de lo que se extrae que si constan declaraciones informativas o una posible admisión del demandado de algún punto de la demanda en su comparecencia personal, estos elementos no pueden ser utilizados en la instancia nueva; y deberán celebrarse esas medidas nuevamente.



R e c a p i t u l a c i ó n

Luego de haber estudiado las instituciones jurídicas del derecho procesal civil e inmobiliario antes presentadas, podemos concluir razonablemente de que –al menos en el aspecto jurisdiccional– el derecho inmobiliario se comporta como una rama o un desmembramiento del derecho civil aplicado a derechos reales inmobiliarios y su registro. Esto así, dado a que la aplicación de figuras como la condenación en costas procesales a la parte sucumbiente, la producción de un desistimiento -tácito o expreso- en el curso de una instancia, y la declaratoria de perención del proceso, operan prácticamente de la misma forma en materia inmobiliaria como en la materia civil ordinaria; al punto que para el estudio de todas estas figuras en la materia inmobiliaria debemos necesariamente remitimos a lo que dispone el derecho común.

Esto en modo alguno implica que todas las interrogantes respecto a la modalidad de condenación en costas pueden ser suplidas automáticamente recurriendo a lo que plantea la legislación, la jurisprudencia y la doctrina en materia civil. La función dinámica del Derecho provoca que en la medida en que contestamos una interrogante, surgen automáticamente más preguntas a responder. Es por ello que en el desarrollo de este trabajo hemos propuesto una serie de mejoras para que el derecho inmobiliario, aun teniendo un fuerte arraigo en el Derecho civil, pueda desenvolverse de una forma más autónoma, considerando las peculiaridades sustanciales y procesales de éste que no se verifican en el procedimiento de derecho común.

Asimismo, del estudio de figuras como la perención verificamos aportes que pueden remitirse directamente a la materia civil; donde se puede considerar la posibilidad de que se declare la perención de una instancia de oficio por el Juez, tal cual se hace en materia inmobiliaria. Esto constituye una forma de garantizar que muchos expedientes civiles no queden en el limbo jurídico en el que actualmente viven por falta de impulsión procesal de las partes supuestamente interesadas.

Y finalmente tenemos figuras respecto de las cuales no tenemos todas las respuestas ni para la materia civil, ni para la materia inmobiliaria, que es el caso del desistimiento. Si bien una litis sobre derechos registrados enfrenta intereses aparentemente privados, sería importante determinar cuál es el papel que debe asumir el juez ante un desistimiento o un acuerdo transaccional entre las mismas, tomando en consideración la posibilidad de que detrás de ese tipo de negociaciones lo que se busque sea realmente una homologación de una operación económica en detrimento de terceros no convocados para la litis sobre derechos registrados. No se necesita una imaginación tan radical para no imaginar casos análogos que puedan producirse en materia civil, donde detrás de un proceso litigioso lo que se busca realmente es un fraude a la ley.

En conclusión, el estudio de cada una de estas figuras y su análisis comparativos entre ambas materias nos reafirman que el Derecho es una ciencia que requiere constante estudio, para que podamos reconstruirla acorde a las necesidades de nuestra sociedad que vive en eterna evolución.

 

Bibliografía

  • Constitución Dominicana.
  • Código Civil Dominicano.
  • Código de Procedimiento Civil dominicano.
  • Ley 302 sobre Honorarios de Abogados.
  • Ley 108-05 Sobre Registro Inmobiliario.
  • Enciclopedia Jurídica Online: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/
  • KELSEN, HANS, “Teoría Pura del Derecho”,
  • ROSS, ALF, “Sobre el Derecho y la Justicia”, editorial Buenos Aires, pág. 35.
  • VARIOS AUTORES, “Los Incidentes en Materia Civil” (Seminario), Escuela Nacional de la Judicatura
  • VARIOS AUTORES, “Derecho Inmobiliario”, Escuela Nacional de la Judicatura.
  • Anteproyecto del Nuevo Código de Procedimiento Civil.
  • Jurisprudencia consultada en el portal oficial del Poder Judicial: http://poderjudicial.gob.do/

 

Notas

[1] En efecto, la Ley 108-05 dispone que “se podrá condenar al pago de las costas a la parte que sucumba, el tribunal apoderado aprueba las [costas] de acuerdo con la ley.”

[2] Tal obligación se desprende del artículo 130 del C.P.C.: “Toda parte que sucumba será condenada en las costas.Aquí seguimos la concepción kelseniana de las normas jurídicas, que siendo su contenido actos coercitivos, éstas tienen como destinatarios a los encargados de disponer su ejecución o de ejecutarlos (léase, los Jueces). Concepción similar es encontrada en autores como Alf Ross, para quien “el derecho suministra normas para el comportamiento de los tribunales, no de los particulares (autor citado, “Sobre el Derecho y la Justicia”, Editorial Buenos Aires, pág. 35)

[3] Sentencia del 6 de marzo del 2002, B.J. 1096, página 713; Sentencia número 29, del 18 de marzo del 1998, B.J. 1048, pág. 459.

[4] Ciertamente hay criterios jurisprudenciales de que las costas, y en caso de no solicitarse, se compensan entre las partes (Sentencia núm. 5 del 2/10/2002, B. J. 1103); sin embargo, endentemos que la interpretación más correcta es la descrita (condenar al pago de las costas sin distracción), toda vez que la misma se ajusta más acorde por lo planteado en el artículo 133 de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, además de que existe igualmente el criterio jurisprudencial de que la compensación de las costas no procede cuando una sola de las partes ha sucumbido (Sentencia número 2, 18 de febrero del año 1998, B.J. 1047, páginas 80-01).

[5] Art. 8, Ley 302 sobre Honorarios de Abogados.

[6] “El desistimiento”, en: “Enciclopedia Jurídica”, http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/ , consultado el 25-09-2016.

[7]Al respecto, nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido que: “(…)el hecho de que el desistimiento de una acción se haga en desmedro de los derechos del abogado apoderado por el desistente no determina la nulidad del mismo, sino que permite al abogado accionar en contra de su cliente en cumplimiento de las obligaciones que haya adquirido en el contrato de cuota litis, lo que en modo alguno compromete la responsabilidad de la parte en favor de quien se haya hecho el desistimiento, salvo el caso de que lo haya inducido a los fines de desconocer los derechos del abogado, por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado” (Tercera Sala SCJ, sentencia número 62, diciembre del 1998. B.J. 1057);

[8] Sobre este punto, el anteproyecto del Nuevo Código de Procedimiento Civil plantea en el artículo 393, párrafo segundo, que la aceptación del demandado no es exigida más que si el desistimiento se produce después que el adversario haya invocado una defensa al fondo o un fin de no recibir.

[9] Tercera Sala SCJ, Sentencia número 22, del 10 de junio del 1998, B.J. 1051.

[10] Primera Sala SCJ, Sentencia número 76, agosto del 2012, B.J. 1221

[11] Tercera Sala SCJ, Sentencia num 67, 27 de abril del 2012. BJ 1217.

[12] VARIOS AUTORES, “Los Incidentes en Materia Civil” (Seminario), Escuela Nacional de la Judicatura. Pág. 111

[13] Distinto a lo que ocurre paralelamente en materia penal y el caso de la extinción de la acción penal por haber transcurrido el plazo máximo del procedimiento (art. 44 del Código Procesal Penal), que aunque tiene una naturaleza y efectos distintos a la perención, guardan similitudes importantes

[14] Tercera Sala SCJ. Sentencia número 40, 30 de abril del 2014, BJ 1241.

[15] Ídem, pág. 113.

[16] VARIOS AUTORES, “Derecho Inmobiliario”, Escuela Nacional de la Judicatura, p.46


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