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Los tribunales de justicia: entre la ficción y la realidad

moz-screenshot.pngEste artículo lo escribí con motivo al editorial “De buena tinta” del periódico digital Diario Libre de fecha 07 de septiembre del 2013 titulado “Estos jueces no aprenden”. Hoy, hace casi tres años ya… las cosas no parecen cambiar. 

Quentin Tarantino, brillante director y guionista, se ha destacado con sus más recientes películas no sólo por una excelente narrativa, el exceso de violencia innecesaria y Christoph Waltz como una poderosa dama de ajedrez en sus películas[1], sino además por el uso recurrente del deseo ilusorio sobre venganza: Mientras en Inglorious Basterds(2009) la trama se funda en un grupo de soldados judío-americanos encomendados en la tarea de matar a nazis -y que dicha tarea se convierte en una misión para matar al propio Führer-, en Django Unchained (2012) un esclavo afroamericano es liberado con la finalidad de auxiliar a un mercenario para capturar viva o muerta a gente mala –que coinciden con ser blancos y esclavistas-. Estos aspectos, que van de lo históricamente cuestionable a considerarse “cuentos de hadas para adultos”, son los que nos llenan de una satisfacción propia de ese sentimiento de justicia retributiva insertado en nuestra cabeza: el bueno debe ganar y el malo debe ser castigado.

Lo grave ocurre cuando entremezclamos ficción con realidad en nuestros tribunales, donde al igual que en ajedrez, las probabilidades iniciales que tiene cada parte en un proceso es de 50/50: se puede ganar o se puede perder. Esto no parece evitar la ferviente crítica cuando la situación aparente es que los jueces andan “soltando criminales”, y se sugiere que la motivación real de esto no es la más pura. Me adelanto a preguntar entonces: ¿Qué debe hacer un Juez cuando no hay suficientes pruebas para condenar? ¿La ley procesal penal es acaso un adorno que podemos remover cada vez que su aplicación puede “calentar” a quien tiene que aplicarla? ¿Ceñirse a lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes es una muestra de “arrogancia” o de “altanería”?

Mientras desde adentro se pide a gritos que se reivindique la posición del juez como administrador de justicia, algunos autodenominados “voceros de la opinión pública” no pierden oportunidad para empalar la moral e imagen del pobre infeliz encargado de aplicar el derecho al caso concreto. Siempre que la decisión sea condenatoria –por controversial que fuere– no parece haber problema; cuando se requiere de una sentencia absolutoria o de cualquier otra decisión favorable al imputado, se despierta entonces un Leviatán que arremete contra esa autoridad judicial, que cuestiona tanto la decisión como la moral de quien la dicta.

He propuesto incluso la creación de una base de datos común donde se archiven y publiquen las sentencias emitidas por los tribunales penales para que, ante cualquier duda, verifiquen por escrito los razonamientos utilizados para llegar a la decisión cuestionada. Esto, sin embargo, es una idea fútil, considerando que vivimos en una sociedad en la que (tomando las palabras del Poeta Callejero) “…la lectura p0asó de moda”. En efecto, vivimos en una sociedad donde la costumbre es hablar primero, leer después; una actualización de status en una red social opera más rápido que la documentación previa en Wikipedia para hablar con base[2]. Aplicando esto a la situación judicial, publicar sentencias es una tarea inefectiva, en tanto vivimos en una sociedad escéptica hacia nuestra labor, entendiéndose que detrás de cada decisión controversial hubo ‘algo que se movió de por medio’. Lo peor del caso, se trata de una duda fomentada por los primeros que llamados a informar a la población, y con argumentos incendiarios colocan al juzgador en la necesaria posición de justificar su decisión más allá de la sentencia rendida, que por demás, probablemente no ha sido leída por sus detractores.

Al Juez que no reacciona ante presiones externas, se le tilda de ‘indiferente’. El periodismo se encarga de colocar esa tilde con falacias ad populum y ad numerum: cuando impone la opinión pública sobre los hechos ventilados y el derecho aplicado por el juzgador, y mientras mayor es el número de personas que afirman que se trató de un disparate jurídico, mayor peso parece tener dicha aserción. Pregunto entonces: Si se convenciera a la opinión pública de que “la tierra es el centro del universo”, ¿acaso el peso de dicha opinión merece, por adhesión numérica, mayor credibilidad frente a la tesis contraria sostenida por una minoría que se vale de bases científicas para refutarlo? La respuesta obvia todos la conocemos. En ese orden de ideas, si admitimos que ese “clamor popular” puede ceder ante el conocimiento objetivo de la realidad de las cosas, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender que en algunos casos no siempre opera una decisión desfavorable para el imputado; que en algunos casos, por penoso que suene, lo que procede es soltarlo?

Es ahí donde interviene otro factor usado como elemento incendiario contra el juez: que no toma conciencia de que el caso es grave. Ciertamente, hay que admitir que todos los casos no son iguales y como prueba de ello bastaría observar las distintas penas contempladas para determinados tipos penales, dejando la pena máxima vigente para aquellos revestidos de especial gravedad. Para estos últimos casos, cualquier ser dotado de humanidad (y esto incluye jueces) no quisiera ver estos crímenes sin la adecuada respuesta: de hecho queremos colocar un rostro humano al hecho horrendo, y es un sentimiento normal, ya que como hemos explicado, somos esa audiencia que espera al final de la película a que se imparta esa justicia al villano que tanto necesitamos para nuestra satisfacción, sea alegando retribución (porque se lo merecía) o prevención (porque así podremos dormir más seguros).

El problema ocurre cuando la respuesta adecuada de la justicia, o mejor dicho la debidamente contemplada en la norma procesal penal no va acorde con esa vendetta personal que tanta satisfacción requiere: Ver un potencial homicida o un violador en las calles no produce una sensación agradable, pero es la consecuencia necesaria de un proceso penal mal llevado ante la justicia penal, cuando a veces se inobservan las garantías más elementales que tendría el propio lucifer encarnado si fuese imputado, y que se contemple como consecuencia a dicha inobservancia la irregularidad de actuaciones, que termina desmantelando  la acusación en su contra. La insatisfacción aquí es mayor, ya que este engendro al que llamamos proceso no termina siendo ni culpable ni inocente, sino no-culpable, símbolo de la duda razonable generada en su favor, y que deja al espectador con el mal sabor en la garganta que nos dice: aquí no hay justicia.

Aquí es donde está el problema: las normas jurídicas no se diseñaron para ceder ante la presión propia de un caso grave, sino para que los actores del sistema se sientan identificados con su rol dentro del proceso penal: el ministerio público acusa y recauda las pruebas necesarias para sustentarla, la defensa técnica ejerce todos y cada uno de los mecanismos necesarios y legítimos para defender a su cliente, y el juez pondera lo que tiene en manos para tomar una decisión. Lo demás es accidental: poco importa si el caso es un “robito simple” o un robo millonario, un caso de poca monta o uno muy sonado, sin pruebas no hay sentencia condenatoria (arts. 14, 338 CPP); si las actuaciones procesales no se hacen observando las reglas fundamentales, devienen en irregulares y no pueden ser tomadas en cuenta (arts. 26, 166 y 167 CPP); lo mismo para el irrespeto de los plazos legalmente establecidos (art. 40.5 Constitución, arts. 8, 148 y 149 del CPP), y quizás estas reglas no se correspondan con la práctica jurídica de muchos tribunales, pero es el deber-ser planteado por nuestra legislación; no son normas de optimización que sirven para ser “adecuadas al caso”, sino mandatos expresos de la Ley a los que el Juez debe ceñirse. Esa es la indiferencia propia de la legislación, en el sentido de que no se puede establecer diferencia ni preferencia sobre un caso particular.

¿Qué es lo que demanda de nosotros esta realidad? Mejorar la estructura. Si las debilidades se ubican exclusivamente dentro del gremio judicial, que operen las sanciones correspondientes. Pero si admitimos, por un instante, que estamos ante una responsabilidad compartida, esto nos llama a mejorar la calidad en los distintos actores del sistema, y esto incluye a la prensa como cuarto poder, donde su responsabilidad periodística debe ir más allá de ser mercaderes de la desgracia humana.

Finalizo este artículo tomando el pensamiento de John Rawls, quien define la justicia bajo un símil interesante: “imagínese usted como miembro de un consejo encargado de la seria tarea de elaborar las leyes de una futura sociedad. Para esto tendría que evaluar absolutamente todo, pues nada mas haber llegado al acuerdo y firmadas las leyes, todos los miembros del consejo morirán para renacer en esa misma sociedad donde elaboraron las leyes. El quid del asunto es que no tendrían la más leve idea sobre qué lugar ocuparían en la sociedad”[3]. Esa sed de venganza propia del populismo debemos saciarla con el manantial de la razón, tomando decisiones con una cabeza fría y optando siempre por la moderación de nuestro actuar, no sea que terminemos diseñando un guión de una película de Tarantino y terminemos representando un personaje que no sobrevive al final.

__________

Atm

[1] Este actor ha repetido en dos ocasiones, bajo la dirección de Tarantino, el premio de la academia como mejor actor secundario.

[2] Cito como ejemplo a Wikipedia, ya que siendo una enciclopedia libre disponible en la red, y que se expone a vandalismo de parte de cualquiera que decida editar, ahorra tiempo y esfuerzo de una real “investigación”.

[3] GAARDER, Jostein, “El mundo de Sofía”.

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