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La acción de amparo en materia inmobiliaria, ¿Es alguna vez admisible?

I. Introducción. Nuestro sistema de Derecho no sólo se conforma de reglas objetivas dirigidas a coaccionar la conducta de sus destinatarios; cuenta además (sino principalmente) con una serie de prerrogativas fundamentales propias a todo ser humano, y que no pueden ser objeto de negociación, ni de limitación arbitraria. De esta manera, nuestra Constitución consagra como derechos fundamentales todo una constelación de prerrogativas respecto de las cuales el Estado tiene una obligación positiva de tutelarlos. Esto quiere decir que, para que éstos derechos se hagan efectivos no basta con su mera enunciación, sino que deben acompañarse de garantías para que cualquier tercero, institución, y hasta el propio Estado se vea impedido de transgredir este “espacio de lo indecidible” que rodea a los derechos fundamentales, como es el caso del derecho a la propiedad consagrado en el artículo 51 de la Constitución. Entre estas garantías se encuentra la Acción Constitucional de Amparo (art. 72), cuya finalidad es la protección inmediata ante cualquier vulneración o injerencia de parte de terceros, para lo cual se rige con un carácter informal, sumario y preferente.

No obstante a ello, la legislación adjetiva plantea una serie de requisitos que debe tomar en cuenta razonablemente el juzgador a los fines de determinar su admisibilidad y procedencia, situación ante la cual procede confrontar esta acción constitucional con las reglas propias de la materia inmobiliaria a los fines de determinar si realmente procede esta acción ante dicha jurisdicción, y cuáles requisitos deben tomarse en cuenta.

II. Aspecto fundamental del Amparo. En ese sentido, la Constitución Dominicana en su artículo 72 y el artículo 65 de la ley 137-11 definen el amparo como una prerrogativa subjetiva conferida a toda persona para reclamar ante los tribunales la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares. Esta previsión constitucional y legal del amparo no ha surgido de forma espontánea, sino que ha sido el producto de una evolución que la firma y ratificación de la Convención Americana de los Derechos Humanos en 1977-1978, la cual plantea en su artículo 25.1 como garantía fundamental la “Protección Judicial”. Autores como Diego Freedman y Shunko Rojas han establecido respecto que este derecho se constituye en una “garantía secundaria” o de un “derecho del derecho”, exponiendo que ésta…

“(…) consiste básicamente en la posibilidad de toda persona de ser oída y peticionar ante las autoridades judiciales exigiendo el respeto de otros derechos que considera violentados o en peligro y la obtención de una respuesta adecuada (…)”(1).

Continúa esta idea los referidos autores indicando que este derecho funciona como una llave, ya que permite, al menos formalmente, habilitar los mecanismos institucionales del sistema jurídico para la protección de los demás derechos(2). En consecuencia, tanto en las fuentes de derecho internacional como el derecho interno se instituye y reconoce el amparo como una herramienta jurisdiccional para acudir a la tutela de derechos vulnerados o en amenaza de serlo.

III.- Estructura legal del amparo. La naturaleza constitucional de esta garantía fundamental no implica falta de regulaciones, y en efecto, la legislación precisa reglas generales para su conocimiento ante los tribunales de justicia, tomando como primer requisito la competencia para conocer del asunto, que conforme el artículo 72 de la referida ley 137-11 dispone que la competencia será del Juzgado de Primera Instancia del lugar en donde se haya manifestado el acto u omisión, y específicamente en su párrafo I agrega que…

“En caso de división de salas, la acción de amparo deberá llevarse ante la jurisdicción cuya competencia de atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente violado”.

En cuanto a esto, la ley 108-05 de Registro Inmobiliario expone transversalmente en todo su contenido qué territorio entramos cuando hablamos de derechos registrados: dicho texto legal regula el registro de todos los derechos inmobiliarios correspondientes al territorio dominicano (principio I y art. 1, se encuentra debidamente conformada por Tribunales Superiores de Tierra y de Jurisdicción Original (art. 2), y éstos tienen…

“…competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde que se solicita la autorización y durante toda la vida jurídica del inmueble, salvo los casos expresamente señalados en la presente ley”.

Debe entenderse entonces como regla general que si el conflicto envuelve un derecho registrado sobre propiedad inmobiliaria (o simplemente “derecho registrado”, para los fines de este artículo), la competencia recae sobre la JI. Excepciones a esta generalidad la provee el propio artículo, cuando en su párrafo II refiere a conflictos inherentes al embargo inmobiliario (que es competencia del Juzgado de Primera Instancia), a los casos en que el derecho no se encuentre registrado ni se hayan iniciado los trabajos de mensura (que aquí la acción sería posesoria y de competencia del Juzgado de Paz), y casos de expropiación forzosa por parte del Estado, (que son competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Tributaria). En ese sentido, debe entenderse que cuando se reclame por vía del amparo la turbación del derecho a la propiedad por una acción arbitraria y/o ilegal de un tercero, la acción de amparo es de la competencia accionar ante la JI, salvo las excepciones antes mencionadas.

Además de la competencia, la ley 137-11 antes mencionada señala otros requisitos en sus artículos 67 y 70, como son:

(a) la calidad del accionante, es decir, debe ser una persona tutelar del derecho de propiedad para poder accionar en amparo(3);

(b) debe ser ejercida oportunamente dentro de los sesenta días en que el agraviado tenga conocimiento de la referida violación;

(c) la relevancia jurídica de la acción, so pena de inadmisibilidad; y

(d) que el amparo es admisible siempre que no existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva proteger el derecho fundamental invocado.

Esta última condición (que no está resaltada en negritas por pura casualidad) confronta el carácter preferente del amparo (art. 72 de la Constitución) con la limitante de que su ejercicio está supeditado a la no existencia de otras vías efectivas abiertas, como sería la Litis sobre derechos registrados o el Referimiento Inmobiliario.

IV. El papel del Juez de amparo. Queda entonces en manos del Juez apoderado de la Acción de Amparo determinar, en el caso concreto, si lo solicitado no puede conocerse por las vías alternativas antes mencionadas, o si bien que la naturaleza especial del caso, con relevancia constitucional manifiesta, requiera de una intervención del Juez de amparo.

AMPARO vs LITIS SOBRE DERECHOS REGISTRADOS. Aquí encontramos la primera alternativa lógica, puesto que si la litis sobre derechos registrados se define como el procedimiento contradictorio que se introduce ante la jurisdicción inmobiliaria en relación a un derecho o inmueble registrado (art. 28, ley 108-05 sobre registro inmobiliario), este proceso sería preferente para tratar la vulneración al derecho inmobiliario registrado; inclusive para aquellos casos en que el terreno no se encuentre registrado, pero se haya iniciado la fase de mensura (art. 3). Sin embargo, debemos entonces tomar en cuenta que los plazos en que se conoce un proceso de amparo son sumarios, frente a los plazos concedidos para una Litis sobre Derechos Registrados, situación en que un potencial daño inminente requiere de una trato más informal y breve que el ofrecido por este proceso ordinario. En otras palabras, probablemente la turbación ilegal al derecho de propiedad requiera de una acción más efectiva en el tiempo que la litis, ya que en los procesos constitucionales es más palpable aquel viejo adagio de que “justicia tardía no es justicia”.

AMPARO vs REFERIMIENTO EN MATERIA INMOBILIARIA. En efecto, el referimiento es la acción que se somete para conocer sobre toda medida urgente y de carácter provisional que se deba tomar respecto de un inmueble, que bien puede ser en torno a una actuación arbitraria e ilegal, tal y como lo prevé la acción de amparo. Ambas acciones se caracterizan por conocerse de forma breve, sencilla y sumaria, de donde puede concluirse que lo reclamado en amparo puede ser preferentemente socorrido por la vía de un referimiento inmobiliario, si el problema es tener una decisión en tiempo oportuno. El problema es que el referimiento se limita a petitorios de carácter provisional, y en ese tenor, si lo solicitado tiene un carácter definitivo, esta demanda sería improcedente.

Serán entonces las características del caso concreto las que determinarán la procedencia del amparo, en donde las pretensiones no pueden limitarse a una medida cautelar (para ello queda abierta la opción del referimiento), y debe ser un problema que requiera acción inmediata (de lo contrario, quedaría como alternativa la Litis sobre Derechos Registrados).

V. Conclusión. De lo anterior se ha querido exponer una tesis nuestra de que el amparo se debate entre la existencia constitucional y su defunción como mecanismo efectivo en la práctica. Tomando las palabras de un colega y profesor, se trata de una acción que nos ha llegado a la República Dominicana de forma “natimuerta”, en donde la mera condición de subsidiariedad que proclama el artículo 70.1 antes citado de la ley 137-11. A esto no escapa -y es el mejor ejemplo- la jurisdicción inmobiliaria, la cual está llamada a tutelar especialmente un derecho con carácter fundamental, que es el derecho a la propiedad, siempre que sean inmuebles registrados (o en proceso de serlo).

En ese orden de ideas, la jurisdicción inmobiliaria apoderada de un Amparo debe formularse una serie de preguntas: ¿Si admito este amparo, estoy reconociendo de forma implícita que las acciones ordinarias que conoce esta jurisdicción original no son efectivas para tutelar el derecho fundamental a la propiedad? ¿Qué sentido tiene entonces que exista una jurisdicción inmobiliaria en caso de que el amparo proceda? ¿Qué sentido tiene entonces que exista la figura del amparo, si el mismo es inadmisible para tutelar el derecho constitucional a la propiedad?

Lo seguro es que esta jurisdicción no escapa al principio de racionalidad planteado en el artículo 40.15 de la Constitución, y en tal sentido, ante el conocimiento de una acción de amparo, el juez de jurisdicción inmobiliaria debe tener una actitud crítica y racional al momento de si procede o no, entendiéndose que su rol debe ser un punto de equilibrio entre el carácter fundamental de esta acción judicial en el ordenamiento jurídico, y el respeto a las normas procesales que contemplan la forma, los plazos y las condiciones de esta acción: Una actitud absolutamente abierta frente al de amparo, que considere que todos los casos en que se vulnere el derecho a la propiedad son admisibles para habilitar este recurso, deviene en sobreseer las formas jurídicas previamente establecer, y finalmente destinar esta acción constitucional en inefectiva por sobrecarga de trabajo de los tribunales. Una actitud absolutamente cerrada, en el sentido de considerar que ante la jurisdicción inmobiliaria el amparo resulta inadmisible por la existencia de otras vías, no sólo limitaría las posibilidades de tutelar de forma más efectiva el derecho a la propiedad como prerrogativa constitucional, sino además que se corre el peligro de ser el propio tribunal quien incurra en violar el derecho a la debida protección judicial consagrada en la Convención Americana y en los instrumentos normativos nacionales.

Al final, todo dependerá del caso concreto.

Atm

 

1 Autores citados, "La Convención Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho Argentino", coordinado por Enrique Alonso Regueira, Buenos Aires, 2013. página 444,
2 Idem
3 En varias decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Dominicano, se ha esclarecido que aunque el usufructo es una desmembración del derecho de propiedad, el mismo no se constituye en el derecho tutelado por el artículo 51 de la Constitución, y por lo tanto, la acción de amparo sometida deviene en inadmisible.


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