Letrado 21

Inicio » amparo » El Recurso de Revisión en materia de amparo. Parámetros del TC para la celebración de audiencias públicas

El Recurso de Revisión en materia de amparo. Parámetros del TC para la celebración de audiencias públicas

En buen Derecho, la celebración de una audiencia no constituye una simple formalidad dentro de algún proceso judicial; más allá, se trata de una garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva cuando el artículo 69.4 de la Constitución dispone como una de sus garantías mínimas: “(…) el derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”. A pesar de que este “derecho a una audiencia” se constituye en una garantía fundamental, en la legislación encontramos distintas disposiciones que limitan o perfilan este derecho a circunstancias y eventos determinados, pudiendo incluso decidirse en algunos casos sin la necesidad de celebrar una audiencia. Tal es el caso del recurso de revisión contra la sentencia emitida en ocasión a una acción constitucional de amparo, que si bien el artículo 94 de la ley 137-11 habilita que este recurso ante el Tribunal Constitucional, se hace en la forma y bajo las condiciones establecidas por la ley. Ante esta situación cabría preguntarse: ¿Cuáles serían los parámetros o directrices que tendría el Tribunal Constitucional para celebrar una audiencia pública durante el conocimiento de un Recurso de Revisión contra una sentencia de amparo?

Lo primero que debemos tomar en cuenta es que, con la instauración de esta ley se mantiene el criterio de la otrora Ley 437-06, conforme a la cual la decisión emitida sobre amparo no era susceptible del recurso de apelación, limitándose exclusivamente a la tercería (ante el mismo tribunal) o la casación (ante la Suprema Corte de Justicia). La diferencia esencial es que ahora se establece directamente como recurso de las partes la revisión ante el Tribunal Constitucional, excluyendo por igual el recurso de casación. ¿Cuál es la relevancia de esta información en torno a las formalidades del juicio y la audiencia pública? Lo relevante resulta que, con el modelo establecido desde el 2006, no se cuenta formalmente con un segundo grado de jurisdicción para el conocimiento de esta acción constitucional, que permita de forma efectiva el conocimiento en los hechos y el Derecho, tal y como lo plantea la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 8.2.h y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Con esto no pretendemos traer a colación la constitucionalidad o no del recurso de apelación, sino establecer que en el caso de que esta vía de los recursos se vea suprimida, al menos debe garantizarse que el accionante tenga derecho a recurrir y que su segunda instancia sea conocida en las condiciones materiales efectivas que ofrece un recurso de apelación.

El primer y más importante requisito establecido para la admisibilidad de este recurso es su especial trascendencia o relevancia constitucional (art. 100 ley 137-11). Esta es propia de sistemas anglosajones que cuentan con el “writ of certioriari”, donde el amparo pasa de ser una acción subjetiva hacia una visión objetiva; en esta visión se limita su conocimiento para los casos en que exista un interés objetivo en defensa de la Constitución y la concreción de los derechos fundamentales. Es en resumidas cuentas, una acción en pos de interpretar correctamente el contenido de la Constitución más que resolver el conflicto inter-partes, para lo que muchos doctrinarios consideran que la exigencia de este requisito requiere a su vez: (a) la existencia previa de un verdadero banco jurisprudencial; y (b) la existencia de procesos ante la justicia ordinaria que garanticen una tutela efectiva de ese derecho a la protección judicial.

El caso dominicano carece de ambas condiciones, ya que: (a) nuestro Tribunal Constitucional todavía requiere mayor desarrollo de su jurisprudencia para establecer parámetros objetivos de admisibilidad por trascendencia o relevancia, y (b) si bien contamos con diversas acciones ante las jurisdicciones ordinarias para hacer valer derechos subjetivos, son escasos aquellos que cuenten con las condiciones de celeridad, informalidad y efectividad que tiene la figura del amparo para la protección ante una vulneración (o atentado serio) a nuestros derechos fundamentales. En efecto, Mientras en España, por ejemplo, se cuenta con dos modalidades de amparo (el judicial para la protección subjetiva de los derechos fundamentales y el amparo constitucional para la protección objetiva del sistema constitucional vigente y su correcta interpretación); en el caso Dominicano sólo existe una figura jurídica, que inicia primariamente desde una concepción subjetiva, y pasa en la última instancia a tener una relevancia objetiva acorde a la decisión que emita la jurisdicción constitucional.

En ese tenor,  el propio artículo 100 de la referida ley trata de enmendar esta situación al disponer que esta relevancia “…se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”; sin embargo, esto no deja bien definido cuándo una acción es inadmisible por ser intrascendente, sino que coloca en manos del TC poderes discrecionales de depuración que, para ejercerlos, debe realizar una labor justificativa (art. 31 p.II, ley 137-11).

Además de esto, el artículo 101 dispone expresamente: Audiencias Públicas. Si el Tribunal Constitucional lo considera necesario podrá convocar a una audiencia pública para una mejor sustanciación del caso”; de donde se advierte que la última palabra, en términos de si procede celebrar una audiencia pública, la tiene en sus manos el propio TC, para lo que la legislación no ofrece parámetros específicos. Esto se agrava con el artículo 103 de la misma ley, al disponer que si la acción ha sido desestimada, no podrá llevarse ante otro juez, de todo lo cual puede colegirse que este magno órgano puede rechazar lo sometido en revisión de amparo sin necesidad de celebrar audiencia y con efecto firme.

En conclusión, el único parámetro que podemos verificar dentro de la legislación es que un uso discrecional prudente por parte de los jueces que constituyen este Tribunal Constitucional, no sea que en un ejercicio irrestricto de poder se usen mecanismos de selección arbitrarios para el conocimiento y celebración de audiencias públicas sobre este recurso de revisión. A esto debemos recordar que, a falta de la apelación (y por default, de la casación), sobre este recurso constitucional recae el peso de que se tutele efectivamente el derecho de las partes, en lo que se construye –de forma paralela– derecho objetivo en materia constitucional, recordando la inmortal frase de J.E. Gaitán: “El que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, aunque sentencie lo justo es injusta la sentencia”

Atm


Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: