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La justicia constitucional y sus principios [ensayo académico]

A los fines de desarrollar adecuadamente el presente ensayo, debemos puntualizar en primer orden qué es la “justicia constitucional” y cuál es su relación con el “derecho procesal constitucional”. En efecto, si nos limitamos a la estructura práctica del concepto (los mecanismos procesales, las formalidades exigidas, etc.) bien pudiéramos establecer que ambos conceptos son idénticos, más sin embargo la justicia constitucional tiene un alcance teleológico (y por ende, mayor), en tanto la misma se deriva del carácter fundamental y superior de la Constitución, sirviendo para imponer el cumplimiento de su texto y de su superioridad; al respecto Iván Escobar establece que “El Estado de Derecho se perfecciona con el control de la legalidad de la administración y el control de la constitucionalidad mediante la justicia constitucional. Este control es una pieza fundamental de la democracia moderna (…) Sin una justicia constitucional, regulada por la Constitución y las leyes, la Constitución será papel mojado, sin importancia, porque no existiría un instrumento de su defensa y cumplimiento, como le pasaría a un Código Penal sin un Código Procesal Penal para su aplicación…”. (autor citado, “La Justicia Constitucional”, pág. 3).

Huelga decir que en nuestro Estado contamos una normativa legal de doble función: la ley 137-11, que es orgánica del Tribunal Constitucional, y adjetiva en cuanto a los procedimientos constitucionales. Dicha legislación versa (art. 7) sobre los principios constitucionales: Inderogabilidad.

A pesar de que el orden en que se encuentran estos principios numerados es alfabético, sentimos necesario iniciar con el principio de constitucionalidad, que no es más que el eje central en que operan los demás principios de la justicia constitucional, colocando a los demás principios en un plano de interdependencia, donde la subsistencia de un principio depende de la prevalencia de los demás. En efecto, la constitucionalidad nos exige a todos los administradores de justicia que nuestra primera fuente de derecho sea precisamente la Carta Magna y demás instrumentos que integran el bloque de constitucionalidad, no tan sólo a nivel formal (hacer una simple mención de los artículos en nuestras decisiones, sino en un contexto real de aplicación constante.

En ese orden la sola lectura de estos principios nos indica su arraigo constitucional, siendo la accesibilidad, la celeridad y la efectividad devienen del contenido del artículo 69 de la Constitución que consagra el debido proceso y la tutela judicial efectiva; el principio de favorabilidad es el resultado de los criterios de interpretación planteados en el artículo 74 de la Carta Magna.

La gratuidad, por su parte, va más allá de la mera gratuidad de la justicia planteada de forma abstracta en la Constitución, y aplica una gratuidad de las actuaciones idéntica a la que versa la Ley 136-03, en tanto que de su contenido se extrae una exención tributaria para accionar en esta materia, distinto a las principales materias ordinarias. Este principio, conjugado con el de informalidad, tiene como propósito evitar que tanto el exceso de formalismo como las cargas impositivas propias de un proceso civil ordinario, por ejemplo, constituyan un real obstáculo para acceder a la justicia constitucional.

Además de estos principios, encontramos particularidades en la materia constitucional no tan frecuentes en la materia ordinaria; tal es el caso del principio de oficiosidad, del que se verifica que en esta materia se rompe con el principio dispositivo propio del derecho común, y en donde se le otorga al Juez un papel mucho más activo; además de esto, en la vinculatoriedad se detecta un dato importante en cuanto al carácter de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, en donde el criterio emitido por este alto órgano jurisdiccional constituyen algo más que un precedente consultivo, teniendo fuerza normativa la interpretación dada por este tribunal tal si fuere el texto propio de la Constitución. En todo caso, contamos con el principio de supletoriedad para aquellos casos en donde las ambiguedades y lagunas normativas, se aplicarán los principios del derecho procesal de cada materia, siempre y cuando no afecten las cuestiones sustanciales del derecho procesal constitucional.

Tal es el caso del principio de Saneamiento, que aplicable tanto en la materia civil (arts. 37, 43 y 48 L. 834-1978), como en la materia penal (art. 168 CPP); no opera de igual forma en la justicia constitucional, donde el principio de inconvalidabilidad, donde no se admite la subsanación ante una violación flagrante a derechos constitucionales.

A modo de conclusión hemos querido dejar el principio de inderogabilidad para último, porque resulta que en nuestra realidad práctica contamos con una visión muy relativa y débil en cuanto a derechos constitucionales se refiere, sobre todo ante situaciones “especiales” y “emergentes” donde lo correcto parecería ser olvidarse del derecho constitucional y pensar pragmáticamente. Para esto debemos recordar las épocas en que el derecho constitucional tuvo mayor auge, especialmente en los tiempos contemporáneos de post-guerra y luego de descubrirse los horrores del nazismo en los campos de concentración, y es que la justicia constitucional no se diseñó para ser derogada en los estados de excepción; fue creada precisamente para que dejemos de ser estado de excepción (equivalente a ser un estado fallido) y nos convirtamos cierta, real y efectivamente en un Estado Democrático y Constitucional de Derecho).

Atm


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