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Relaciones del DIDH y el Derecho Interno Dominicano (ensayo académico)

flag-globeEnsayo académico presentado para el curso virtual de Derecho Constitucional impartido en la Escuela Nacional de la Judicatura durante el programa de formación de aspirantes a jueces de Paz durante el período octubre-diciembre del 2010, en donde la relación que presenta la República Dominicana con la comunidad internacional, a la luz de temas como la soberanía, la supremacía constitucional y  la apertura al Derecho Internacional general y Americano. Mucho ha llovido desde este ensayo (todavía no contábamos con la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional), pero imagino que sostiene cierto grado de utilidad aún para estos días. Como siempre, las puertas están abiertas para las más agrias de las críticas.

Relaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Interno Dominicano

Nuestra Constitución Política advierte que República Dominicana como Estado de Derecho reconoce y aplica las normas de derecho internacional en la medida en que los poderes públicos las hayan adoptado (art. 26), lo que implica en otras palabras que los instrumentos internacionales forman parte de nuestro sistema de fuentes, en tanto se hayan agotado las operaciones tendentes a la aprobación y ratificación de dicho tratado por los poderes del Estado. En ese sentido, y en el entendido que los parámetros que definen todo ordenamiento jurídico son la unidad, la plenitud, y sobre todo, la coherencia, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la jerarquía de los tratados internacionales en nuestro sistema de fuentes? ¿Ante conflictos entre el derecho internacional y el derecho interno, cuál de estas normativas debe prevalecer? ¿Cuál es el tratamiento a otorgar al conflicto cuando entran en juego los derechos humanos? 

Lo primero que debemos destacar es que, de un estudio pormenorizado al contenido de nuestra actual Constitución Política, se pueden se pueden sacar las siguientes premisas respecto a nuestro ordenamiento jurídico:

a) La Constitución Dominicana tiene un carácter supremo en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se extrae de las disposiciones de su artículo 6, que versa sobre el principio de “Supremacía de la Constitución”, al establecer que: “Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado.Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución”.

b) Las normas internacionales tienen un carácter supralegal en nuestro ordenamiento jurídico, premisa que se extrae del precitado artículo 26 de nuestra Constitución Política, como además de los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que traen a colación la máxima “Pacta Sunt Servanda”, conforme a la cual “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fé…”, y en consecuencia, “…Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.

c) Los instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata, es decir, se ubican en la cúspide del sistema de fuentes conjuntamente con la Constitución, al tenor de lo dispuesto por el artículo 74.3 de la Carta Magna.

Asimismo, nuestras normas adjetivas de reciente data tienen una tendencia a reconocer la aplicación del derecho internacional. En efecto, si observamos el Nuevo Código Procesal Penal Dominicano (Ley 76-02), el mismo establece en su carta inicial de principios fundamentales la Primacía de la Constitución y de los Tratados Internacionales, (artículo 1) al disponer que “Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus intepretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos, cuyas normas y principios son de aplicación directa e inmediata en los casos sometidos a su jurisdicción y siempre prevalecen sobre la ley”.

Un dato interesante respecto a los tratados internacionales es que, conforme se encuentra diseñado en nuestra Carta Sustantiva, una vez se agotan los procedimientos de recepción, tienen aplicación directa en nuestro ordenamiento, es decir, si la solución de un conflicto reside en el texto de un tratado internacional como fuente normativa, puede ser utilizado tanto por los abogados en sus argumentaciones, como por el juez a la hora de motivar su decisón.

De lo anteriormente esbozado se infiere, a través de una interpretación a sensu contrario, que aquellos instrumentos internacionales cuyo contenido no verse sobre derechos humanos, si bien tienen un carácter supralegal por aplicación del principio “pacta sunt servanda” antes esbozado, los mismos no pueden estar por encima de la Constitución, por lo cual se afirma que tienen un carácter infraconstitucional. En ese sentido, ante un conflicto entre una Ley adjetiva y un tratado internacional que no verse sobre derechos humanos, prevalece el contenido de éste ultimo; empero, cuando el conflicto versa entre el contenido de la Constitución y el referido instrumento internacional, prevalece el texto de la Constitución.

La situación no es la misma cuando hablamos de derechos humanos. En efecto, tal y como establece el jurista Claudio Anibal Medrano, “…la República Dominicana tiene sistema constitucional integrado por disposiciones de igual jerarquía: a) La nacional, formada por la Constitución y la jurisprudencia constitucional local (…); b) La internacional, compuesta por los pactos y convenios internacionales, las opiniones consultivas y las decisiones emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [1].

En efecto, es nuestra propia Constitución que reconoce la igualdad jerárquica entre los I.I.D.H. (como son la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, el PIDCP, etc.) y la Constitución Dominicana. El quid del asunto en este caso radica en la interpretación de los derechos y garantías que protege el ordenamiento jurídico, tomando en cuenta la existencia de normas del ordenamiento que restringen o expanden los derechos y libertades fundamentales, y sobre todo, la posibilidad de un conflicto entre el texto constitucional y estos instrumentos internacionales.

Para ello debemos remitirnos a los denominado principio Pro Homine: Conforme a éste, el interprete ha de preferir la norma que más optimice un derecho fundamental entre todas las interpretaciones posibles, y en caso de que pueda aplicar más de una norma al caso concreto, se aplica aquella que sea más favorable a la persona, independientemente del lugar que la misma se ubique dentro del sistema de fuentes. “Este principio indica que el intérprete ha de seleccionar y aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, para su libertad y sus derechos, cualquiera que sea la fuente que la suministre,ya sea interna o internacional” [Bidart Campos (Citado por Claudio Anibal Medrano, op. cit., pág. 32)].

Este principio lo encontramos consagrado expresamente en nuestra actual Constitución Política, la cual establece en su artículo 74.4 que, a la hora de interpretar y aplicar las normas relativas de los derechos fundamentales y sus garantías, debe hacerse “…en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución”.

En conclusión, se colige de lo antes esbozado que República Dominicana se adhiere al sistema que consagra la jerarquía supralegal e infraconstitucional de los tratados, salvo aquellos en los donde se verse sobre derechos humanos, que tendrán igual jerarquía que la propia Constitución, lo que viene a colocar estos instrumentos internacionales en la cúspide del sistema de fuentes, y cuyas disposiciones tienen un carácter autoejecutivo para su aplicación en casos concretos, es decir, tienen aplicación directa e inmediata. En ese mismo orden de ideas, ante la posibilidad de un conflicto entre el derecho interno y el derecho internacional, más que mirar el lugar que ocupen las normas envueltas dentro del sistema de fuentes, debemos verificar la aplicación de principios de interpretación como el Pro Hominis, conforme al cual lo importante lo importante no es darle prevalencia a la Constitución o al Derecho Internacional, sino a los derechos humanos.

Atm

FUENTES CONSULTADAS:

Constitución Dominicana del 2010.
• Convención Americana de los Derechos Humanos.
• Convención de Viena de 1969

• Jorge Prats, Eduardo, “Derecho Constitucional: Volumen I”.
• Medrano, Claudio A., “Criterios para la interpretación y aplicación de los derechos y garantías fundamentales” (Texto Inédito).

[1] Sobre este aspecto, cabe destacar que mediante instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (19-02-1999), el Estado Dominicano acepta y declara que reconoce como obligatorio de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte Internamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la intepretación o aplicación de dicha convención.

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