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¿Promulgación defectuosa o vigencia retroactiva? Crónica de la ley 10-15 que modifica el CPP

Abstracto: ¿Es la legislación un argumento de autoridad fiable en la República Dominicana? ¿Qué papel deben asumir sus destinatarios ante dificultades de promulgación y de interpretación? Cuando navegamos en los pantanos de nuestro ordenamiento jurídico, ¿Podemos servirnos de la legislación como ruta hacia la civilización, o nos ahonda más en la jungla de la inseguridad jurídica? Esta y otras interrogantes parecen propicias, a la luz de la concepción abstracta de la ley[1] dentro de un Estado Democrático de Derecho, frente a las debilidades que pueden ser detectadas en la práctica. El presente artículo viene con motivo de las modificaciones al Código Procesal Penal mediante la ley 10-15, sin abordar el contenido material de la dicha ley, sino con un enfoque especial respecto de su “vigencia” inmediata (y podría argüirse que retroactiva) desde febrero del cursante año, y de cómo esto viene a ser noticia mes y medio después.


GacetaEn el desarrollo de todo buen discurso argumentativo resulta inevitable recurrir al argumento de autoridad: siempre existe una persona, colectivo o institución cuyo testimonio presenta suficiente certeza y fiabilidad para dar como válida una premisa. Así, detrás de un certificado médico-legal hay un argumento de autoridad, y es que no se hace necesario que los litigantes incursionen en la carrera de medicina para validar la situación de salud de una de las partes, cuando precisamente un profesional con el aval del Estado de que cuenta con dicha pericia así lo informa.

En el caso del discurso jurídico, específicamente en el discurso sobre la ciencia del Derecho positivo, el argumento de autoridad por excelencia es la Ley, que sirve como razón perentoria o excluyente para que no se tenga que debatir de forma interminable si matar a otro ser humano es moralmente reprochable; lo importante, para los fines del debate jurídico, es que existe una fórmula legal vigente que toma ese supuesto de hecho y lo conecta con una sanción penal, de donde se traduce que estamos frente a una conducta prohibida por el Derecho dominicano y cualquier otro razonamiento que salga fuera del contenido del Derecho vigente puede considerarse cualquier cosa menos un razonamiento jurídico.
Detrás de la ley existe todo un conjunto de argumentos que le respaldan su existencia e importancia para el debate jurídico. Tal es el caso de apelar al principio democrático, en donde se supone que la legislación es un acto emanado de los representantes del Estado electos democráticamente; los principios de libertad e igualdad, en donde la primera solamente puede ser restringida excepcionalmente por ley, y al momento de hacerlo, debe velar que su aplicación no sea arbitraria o discriminatoria; el principio de reserva legal, en donde solamente por ley en sentido estricto pueden ser reguladas algunas materias en específico, como son la competencia de los tribunales y el establecimiento de sanciones penales; la seguridad jurídica, ya que proporciona certeza a la hora de indagar la premisa general en Derecho; nos brinda la posibilidad de limitar los debates para que no caigan en el terreno de lo absurdo, y brinda la racionalidad formal necesaria para que los casos de propiedades similares tengan tratamiento o respuesta jurisdiccional; pero sobre todo, el principio de publicidad, en donde vez agotados los procedimientos y plazos establecidos constitucionalmente, se “reputa” conocida para todos.

Siendo la ley así de tan importante, resulta de igual envergadura que el acto de legislar no sea el producto de prebendas políticas, de actitudes pasionales, o simplemente dejarse a lo fortuito, es decir, no se puede legislar por el mero arte de legislar, sino que debe desarrollarse una verdadera teoría de la legislación, en donde cada actor y actriz involucrado(a) en este proceso esté plenamente consciente de los elementos en juego. Sin querer sobreabundar sobre los elementos de una teoría de la legislación, resulta indispensable delimitar la vigencia, es decir, el entendido de que leyes tienen un espectro de vida que se mueve en dimensiones de tiempo y espacio, no considerándose vigentes ni la legislación extranjera sin vinculación alguna con nuestro Estado, ni tampoco las normas jurídicas derogadas por nuevas o por efecto de una acción de inconstitucionalidad directa. Por todo ello se hace necesario, que la población –no sólo los órganos que aplican las leyes– conozcan de su contenido.

En República Dominicana, el tema parece constituir una antítesis de todo lo antes expuesto, en donde el acto legislativo presenta problemas: de adecuación para con las demás leyes (el caso de la ley de lavado de activos y la inversión de la carga de la prueba en materia penal); de interpretación (queriendo resolver una cuestión particular, la textura abierta de su redacción impide tener un criterio preciso de aplicación en términos generales, como es el ámbito de aplicación del procedimiento de embargo inmobiliario a la luz de la ley 189-11 sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso); y también dificultades con la promulgación, cuando no se conoce a ciencia cierta si en efecto una ley entró o no en vigencia, que es el caso de la Ley No.10-15, la cual introduce modificaciones a la ley 76-02 que instituye el Código Procesal Penal Dominicano.

Sin adentrarnos al contenido de estas modificaciones, lo grave resulta ser que, en mi condición de servidor judicial he tenido que desempeñarme en distintas jurisdicciones penales hasta el día de hoy; y sin embargo, estos cambios al CPP, instrumento normativo se hacen de un conocimiento público en días recientes. En otras palabras, existe la grave posibilidad de que durante un mes y quince días, haya dictado decisiones judiciales “contra legem”, es decir, contrarias al sentido de la ley, en tanto que, durante ese intervalo, desconocía que una porción de 25 de artículos del CPP quedaron en el otrora, y en su sustitución vienen otras disposiciones normativas que a la fecha aún no conozco. Mi único respiro es que, aparentemente se trata de un mal colectivo; en consulta con varios colegas no he encontrado al primero que haya estado en contacto con estas modificaciones en tiempo oportuno.

Realmente debe admitirse que las modificaciones del CPP venían irremediablemente en camino, considerando los proyectos sometidos a su discusión ante las cámaras que componen el Congreso Nacional, pero pasar de la discusión a la puesta en vigencia requiere de unos pasos de los que se presume que la población, y específicamente la comunidad jurídica, estar informada de la altura de la situación. La prensa no queda exenta de esta situación, ya que noticias como la publicada en Diario Libre, presentan lo que aparenta ser una contradicción cronológica de eventos (o en el mejor de los casos, una noticia retroactiva): por un lado afirman que los cambios al Código Procesal Penal están vigentes desde el 10 de febrero pasado, y por otro lado la noticia en que sale esta información es de ayer lunes 24 de marzo. De haberse agotado los procedimientos pertinentes para que estos cambios fuesen hechos públicos a la comunidad en general, tendríamos que concluir que este medio informativo ha incurrido en una negligencia para dar noticias en tiempo oportuno. Aún en esa hipótesis, los medios de comunicación nacional no se encuentran solos, considerando que tampoco lo estuvo el Centro de Documentación e Información Judicial Dominicano (CENDIJD), que nos avanzó una copia PDF de la referida ley hace dos días. Pero igualmente, tampoco podríamos dejar la culpa en manos del CENDIJD, cuando el en propio dominio web del Poder Judicial se verifica que el link para acceder a la versión PDF de la ley número 10-15 fue colgado este lunes 23 de marzo del 2015, es decir, un mes y 13 días después de que ese misma ley estuvo en vigencia, conforme lo declara el Poder Ejecutivo.

En ese escenario, nos quedan dos alternativas: (a) que estos cambios fueron comunicados de la forma establecida y a través de mecanismos idóneos de difusión, y la culpa sea realmente de quien no se haya enterado de los mismos en tiempo oportuno (léase desde antes del 10 de febrero); o (b) que realmente se presentó un verdadero problema de promulgación y de publicación, en donde el Ejecutivo falló en su rol de informar oportunamente de esos cambios legislativos vía los canales apropiados, como manda la Constitución y el sentido común.
Esto puede verse como una sobredimensión de un problema menor, pero la realidad es gravísima en términos de aplicar el Derecho correcto y de acudir al correcto argumento legal para tomar decisiones; hablamos de más de un mes en que todas las jurisdicciones penales emitieron decisiones incidentales y de fondo respecto a procesos penales, con fundamentaciones legales que posiblemente no estuvieran vigentes en su momento. Y en ese sentido, ¿Qué deben los jueces interpretar de esta ligereza? ¿Ya no es fuente segura la legislación, como argumento de autoridad? ¿Deben mantener una vigilancia milimétrica y sin pestañar de los cambios al sistema legal dominicano, no sea que la decisión válida en Derecho de ahora sea contra legem cinco minutos más tarde?
En conclusión a todo esto, se hace necesario que el Estado haga una real introspección de si está aplicando una correcta teoría de la legislación a la hora de mandar a la calle cuerpos legales a medio cocinar; y si los remedios que tiene propuestos con reformas no son peores que la propia enfermedad. Esta conclusión pudiera verse como una non sequitur, una forma de terminar abruptamente este artículo, sobredimensionando un problema menor y convertirlo en premisa justificativa para una conclusión con la que no tiene una conexión lógica. Ante esta crítica solo puedo responder: Si ya damos por cierto que se puso en funcionamiento retroactivo una ley que modifica nuestro derecho procesal penal, sin agotar mecanismos idóneos de publicidad y con una premura inigualable, dejando en un limbo jurídico los casos que se han fallado en base a normas “derogadas” y creando una inestabilidad en el sistema jurídico que abogados hábiles podrán poner en evidencia con las vías de los recursos… si todo esto fue causado por una mera dificultad de promulgación, ¿Qué no se puede esperar del contenido material de esta nueva ley?

En mi caso, ya inicié la lectura.

Atm


NOTAS

[1] Si bien el argumento legal puede referir a un sentido amplio del concepto “Ley” (donde se incluyen todas las normas jurídicas -Constitución, leyes adjetivas, ordenanzas municipales, sentencias judiciales como actos normativos particulares, el contrato como ley entre las partes, etc.), para los fines de este trabajo, entiéndase en su sentido más estricto: actos emanados del Poder Legislativo conforme al procedimiento constitucional, promulgados y publicados por el Poder Ejecutivo y finalmente aplicados por los órganos jurisdiccionales que conforman el Poder Judicial una vez entran en vigencia.

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2 comentarios

  1. […] entre jueces penales y el “nuevo” Código. No ha bastado ni siquiera que hayamos aprobado, promulgado y publicado retroactivamente una ley 10-15 con las que se ha doblado la muñeca a muchas de esas reglas tediosas que necesitan cumplirse […]

  2. […] he decidido dejarlo intacto para abrir el abanico de posibles críticas, sobre todo, en vista de la nueva ¿ley? 10-15 que modifica el Código Procesal Penal. Esperamos sea de […]

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