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Si usted fuera presidente [Un análisis sobre la conexión entre la moral y el Derecho]

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“Si usted fuera Presidente” es un fragmento del libro “El sentido del Derecho” de Manuel Atienza, adaptando un artículo del mismo autor publicado en la revista Campus de la Universidad de Alicante, en el número 3 y 4 de 1984; y se encuentra directamente inspirado en el apéndice del libro “La moralidad del Derecho” de Lon L. Fuller, titulado “El problema del delator rencoroso“.  Guarda especial similtud con el caso de los tres jueces “imaginarios” de Nuremberg de Carlos Santiago Nino, como también con el caso de los exploradores de las cavernas, de Fuller, ya que se explora una interesante cuestión sobre el tema de la validez de las normas positivas frente al fundamento moral que pueden [o no] tener, considerando el caso límite que se describe a continuación:

Imagínese que es usted el primer presidente constitucional de un país que acaba de pasar por una experiencia de varios años de dictadura militar sumamente cruenta, durante los cuales la población vivió bajo un régimen de auténtico terror. Bandas militares y paramilitares asesinaron e hicieron desaparecer a miles de ciudadanos. Durante esos años, ciertas leyes del anterior periodo constitucional continuaron vigentes (es decir, no fueron formalmente derogadas) y, en particular, estaban en vigor los artículos del código penal que castigaban el homicidio y el asesinato. Muchos de estos actos fueron denunciados por familiares de las víctimas, pero el resultado fue siempre negativo. Algunos de los jueces —bien por temor, bien porque compartían la ideología de la dictadura, o bien por una mezcla de ambas cosas— archivaban sin más las denuncias. Otros, que en principio parecían dispuestos a llevar adelante la investigación, eran obligados de diversas maneras a desentenderse de los casos, y, en algunos pocos supuestos de jueces particularmente íntegros, pasaron ellos mismos a integrar las filas de los asesinados-desaparecidos. Hace unos meses, cuando los militares vieron que no les iba a resultar fácil permanecer mucho más tiempo en el poder, decidieron convocar elecciones, pero no sin antes promulgar una ley mediante la cual se amnistiaban a ellos mismos respecto a los “excesos” que pudiesen haberse cometido en la lucha contra los “elementos subversivos”.

En el primer consejo de ministros del gobierno de coalición que usted preside, el primer punto del orden del día es: “Desaparecidos y ley de amnistía.” Como era de esperar, la opinión pública está ansiosa por conocer qué medidas adoptará el nuevo “gobierno constitucional” al respecto. Durante bastantes horas, los miembros de su gabinete van exponiendo sus variados puntos de vista. En un cierto momento, su agudeza analítica le permite comprobar que, grosso modo, existen cinco corrientes de opinión. Antes de tomar una decisión, pide que un representante de cada una de las cinco posturas resuma brevemente su punto de vista.


I. El Ministro de Hacienda

A mí me han enseñado que el Derecho son las normas que dicta el poder establecido, con independencia de que el poder se haya adquirido y se detente por procedimientos democráticos o no. En este sentido, la ley de amnistía forma ya parte del Derecho de este país, y nosotros no podemos hacer más que acatarla, por repugnante que nos resulte. Por otra parte, creo que, políticamente, lo mejor que se puede hacer es tratar de olvidar lo antes posible estos años pasados. Desenterrar el asunto no conduciría a nada, como no sea a desestabilizar nuestra joven y frágil democracia.


II. Los Ministros democristianos del gobierno -a través de su portavoz, el ministro de Educación

Considerar que el Derecho no es más que los dictados del poder es un grave error y una idea profundamente anticristiana que nosotros no podemos aceptar. La doctrina cristiana y católica, al menos desde San Agustín, ha demostrado fehacientemente que sólo son Derecho los mandatos en conformidad con la ley natural; en otro caso, no hay más que corrupción de la ley, como bien dijo Santo Tomás. Disiento por tanto de mi colega el ministro de Hacienda y considero que ni la ley de amnistía es una ley válida, ni puede incluso hablarse de que haya existido Derecho durante estos últimos años. Sin embargo, estoy de acuerdo con él en que lo mejor es tratar de olvidar cuanto antes lo que ha sucedido en nuestro querido país e iniciar una nueva andadura sin hurgar en las heridas del pasado. Ya Santo Tomás escribió sagazmente que una ley injusta debe sin embargo ser obedecida si con ello se evita un mal mayor. ¿Y qué hay de más cristiano que el perdón
y la caridad? Nuestro consejo es, pues, éste: perdonemos y olvidemos.


III. Ministro de Justicia

El que a partir de premisas opuestas —comienza afirmando— se pueda llegar a la misma solución muestra, en mi opinión, que mis dos queridos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra no han aquilatado suficientemente su juicio. Yo comparto las premisas de don Joaquín —referencia al ministro de Educación—, pero no puedo seguirle en cuanto a las conclusiones. Sé que en su caso es su acrisolada bondad y hombría de bien lo que le lleva a pedir el perdón y el olvido para los autores de las desapariciones, pero nuestra obligación es hacer justicia, no perdonar. El homicidio y el asesinato siempre han sido y serán crímenes execrables que deben ser perseguidos en cualquier país civilizado y que ninguna ley puede anular. Naturalmente, el ejercicio de la justicia exige también prudencia. Mi criterio, por tanto, es que se le den instrucciones al fiscal general para que se revisen todas las causas de los desaparecidos y se vuelvan a valorar cuidadosamente todas las circunstancias. Se puede, quizás, perdonar y olvidarse de quienes actuaron acatando órdenes de sus superiores, pero estos últimos no pueden —no deben— quedar sin castigo.”


IV. Ministro de Trabajo

La solución propuesta por el ministro de Justicia se aproxima bastante a la que yo voy a proponer aquí, pero no coincide del todo con ella. El defecto fundamental de la misma, en mi opinión, es que, por un lado, deja demasiado al arbitrio de los jueces, lo que provocará que casos semejantes vayan a tener soluciones distintas y, por otro lado, puede dar una impresión de excesiva debilidad de cara a la opinión pública. Yo estoy de acuerdo con el ministro de Hacienda en que Derecho son las normas respaldadas por el poder del Estado y que tan Derecho es el de una dictadura como el de una democracia; lo otro, lo del Derecho natural, no es más que puro idealismo. Ahora bien, una cosa es decir que algo es Derecho y otra muy distinta que, por ello, deba obedecerse. Por otro lado, si los militares tenían el poder para dictar la ley de amnistía, nosotros —o, mejor, la Asamblea legislativa— tenemos ahora el poder democrático para anularla y dictar otra nueva en su lugar. Mi opinión, por tanto, es que se encargue al ministerio de Justicia la redacción de un proyecto de ley que derogue la ley de autoamnistía y tipifique expresamente como delitos las desapariciones ocurridas durante la dictadura. Por otro lado, no me opongo a que se consideren coi-no atenuantes el haber actuado obedeciendo órdenes de un superior y otras circunstancias en que quepa pensar. Pero una ley, en mi opinión, serviría para clarificar las cosas y para dar credibilidad al nuevo gobierno”


V. Ministro del Interior

Yo no sé mucho de Derecho —él era, en efecto, uno de los pocos miembros del ejecutivo que no había frecuentado una Facultad de Derecho— pero tengo entendido que las leyes —y especialmente las leyes penales— no deben ser nunca retroactivas, como alguien ha aclarado en la anterior discusión. La opinión expuesta en último lugar me parece, por tanto, tan susceptible de crítica como las otras. Así es que, si nuestros doctos juristas no han encontrado ninguna solución satisfactoria debe ser, simplemente, porque el caso no tiene solución por la vía legal. Lo que propongo, en consecuencia, es que dejemos que las cosas se arreglen por la vía de hecho. Ya han empezado a conocerse casos de “ajustes de cuentas” y es de suponer que no han de ser los únicos. Nosotros podemos limitarnos a hacer sencillamente que la policía no entre en estos casos. Se consigue así, por un lado, que se haga justicia y, por otro lado, que el gobierno no se vea directamente implicado
en ello.

Cuando el ministro del Interior calló, todos miraron hacia el Presidente (es decir, a usted), esperando su opinión…


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