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Crónica Jurisprudencial: Sent. SCJ inembargabilidad vs derechos salariales (desde la perspectiva de la teoría de la ponderación)

Planteamiento inicial

Este constituye un ensayo académico realizado con motivo al curso de Razonamiento Jurídico, impartido durante la Especialidad de Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales en la Escuela Nacional de la Judicatura. El trabajo a realizar requería evaluar si en una sentencia judicial si en la Suprema Corte de Justicia de R.D. se realiza una correcta aplicación de la ponderación en sentido estricto, tratada por Robert Alexy en su obra. En ese tenor, desarrollar correctamente este trabajo requiere versar brevemente sobre éste y su teoría de la ponderación, de lo que trataremos en breve. Este es un trabajo que tuvo su momento, su espacio y sus circunstancias; y en ese tenor, está abierto a cualquier observación y crítica por parte del lector, aunque haya decidido dejar intacto su contenido, tal cual fue desarrollado durante las clases.

 

Breve esbozo sobre la teoría de la ponderación

Alexy1En tal virtud, Alexy desarrolló una teoría argumentativa del derecho denominada “teoría procedimental”, puesto que la clave de la misma reside no tanto en el carácter racional o no del contenido de la decisión, sino en el mecanismo argumentativo y procedimental que lleva a aquella (MORONTA, Alberto A. et al, “Argumentación Jurídica”. Escuela Nacional de la Judicatura. Santo Domingo, 2007, pág. 44). Dentro de su teoría argumentativa, Alexy distingue bajo “normas” tanto las reglas como los principios, estableciendo que las primeras sólo pueden ser cumplidas o no: “Si una regla es válida, entonces de hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctico y de lo jurídicamente posible”; mientras que los principios son mandatos de optimización, normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes (ALEXY, Robert. “Teoría de los Derechos Fundamentales”, págs. 86-87).

En ese sentido, la ponderación se constituye en una forma especial de razonamiento judicial, que parte -como presupuesto inicial- de la ausencia de una norma jurídica (una situación de laguna normativa), o ante la realidad de la norma, su incompatibilidad con los principios en que se funda el ordenamiento jurídico (laguna axiológica) (MORONTA, Alberto A. et al, op. cit., pág. 100). Este modelo de razonamiento va más allá de la simple subsunción, en tanto que cuando se trata de un mero choque de reglas, una de las reglas prevalecerá categóricamente sobre la otra; pero cuando estamos ante un auténtico problema de colisión de Derechos Fundamentales, la labor argumentativa implica establecer o definir un conjunto de reglas a partir de principios o valores, y posteriormente, aplicar dicha regla. El problema ocurre en que los derechos fundamentales, si bien tienen rango constitucional, no son absolutos y por tanto, debe establecerse la prioridad o precedencia de un principio sobre otro en el caso concreto enjuiciado.

Ante esta situación, y teniendo nuestra Suprema Corte de Justicia como principal atribución el conocimiento conocer del recurso de casación a fin de establecer y mantener la unidad de la jurisprudencia nacional (Véase art. 154.2 de la Constitución y la ley 3276 sobre el Procedimiento de Casación), tiene este alto órgano la última palabra a la hora de “decir el derecho”, y cabría preguntarse: ¿Realiza nuestra Suprema Corte de Justicia una correcta labor de ponderación los casos que así lo requieran?

 

Resumen del caso

Para responder esta pregunta, se ha seleccionado la decisión de fecha 8 de febrero del año 2012, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en ocasión a un recurso de casación interpuesto por la señora Ana Francisco Soto en contra de la ordenanza dictada el 31 de julio del año 2012. En la sentencia dictada por la SCJ, se verificó que con motivo a una demanda en reclamación de cumplimiento de contrato y daños y perjuicios, la Corte de Trabajo del Distrito Nacional condenó al Banco Central de la República Dominicana a abogar a la reclamante la suma de Cien Mil (RD$100,000.00) pesos como justa indemnización por los daños y perjuicios derivados de su actuación contraria al derecho, condenando además a un astreinte y al pago de las costas del procedimiento. En base a esta decisión, la reclamante procedió a demandar sumariamente la ejecución de la sentencia, la entrega de valores retenidos y pago de astreinte al mismo banco, rechazando dicha demanda la Corte de Apelación apoderada con la ordenanza del 31 de julio del 2012. La parte recurrente, en sus medios de casación, ha alegado violación a los derechos fundamentales del trabajador, así como violación al debido proceso a la garantía fundamental de la ejecución de las sentencias, y violación al principio de razonabilidad. La Corte de Apelación fundamentó su decisión en el art. 16 de la Ley 183-02 (Código Monetario y Financiero) en la que se establece la inembargabilidad que ampara Banco Central de la Republica Dominicana como institución descentralizada del Estado, y que en consecuencia, el artículo 731 del Código de Trabajo queda tácitamente derogado bajo el principio lex posteriori derogat priori. Ante esta situación, la corte de casación argumentó que aun cuando el patrimonio del Banco Central de la República Dominicana es inembargable, esta inembargabilidad no podría hacerse valer ni oponerse a un crédito de naturaleza salarial, pues admitir lo contrario sería desconocer las garantías constitucionales que deben ofrecer los poderes públicos para que un derecho fundamental, como lo es el salario, pueda ser satisfecho y efectivo; en consecuencia, de aceptarse que el Banco Central pueda prevalecerse de esa inembargabilidad para impedir que su trabajadora pueda obtener el pago de su crédito salarial, debidamente reconocido por sentencia con autoridad definitiva de la cosa juzgada, equivaldría a permitir que el empleador disponga libremente del salario adeudado y descontar así, no ya una parte, sino la totalidad de – su importe, lo que obviamente sería contrario y violatorio a las disposiciones del Convenio 95 de la OIT y lo establecido en el artículo 201 del Código de Trabajo. En tal sentido, la SCJ casó la referida ordenanza con envío a otra jurisdicción de apelación.

Análisis del caso, desde la ponderación.

Un dato importante omitido por la Tercera Sala de la SCJ es que la inembargabilidad, aun cuando se encuentra fundamentada en una disposición legal expresa, se constituye además en una norma ius-fundamental, en tanto que su ratio legis reside precisamente en la Seguridad Jurídica, de lo cual hubiese sido un éxito si la Corte hubiese ponderado debidamente esta cuestión. Recordemos que ante un conflicto puramente normativo, la existencia de una implica la erradicación de la otra dentro del orden jurídico vigente. Si bien la Corte de Casación no le dio a la inembargabilidad la denominación de “principio” en sus motivaciones, no menos cierto fue que trato esta figura como principio y no como norma, ya que mantuvo vigente ambas disposiciones legislativas en pugna (el artículo 16 del Código Monetario y Financiero y el artículo 731 del Código de Trabajo).

En todo caso, un correcto ejercicio de ponderación para este caso hubiese sido utilizar cargas argumentativas objetivas para sopesar ambas posiciones de manera equilibrada en el caso concreto, y no sencillamente acentuar el carácter fundamental del derecho del trabajador. Esta jurisdicción, en su decisión, parece utilizar más el criterio jerárquico de solución de antinomias, imponiendo categóricamente el derecho al salario sobre la inembargabilidad; dado a que, aun reconociendo que el Banco Central de la República Dominicana cuenta con esa prerrogativa, los argumentos de la SCJ se limitaron a establecer que “no valen” cuando se tratan de derechos del trabajador. Este tipo de argumentación es bastante peligrosa, considerando que la inembargabilidad también opera para los bienes constituidos en familia, a lo que utilizando esta misma ratio decidendi nos queda por preguntar: ¿Sería correcto argumentar que los derechos del trabajador se imponen, aún para aquellos bienes tutelados ante un régimen de protección a la familia?

Por ello es que Alexy en su teoría dispone que la solución judicial, ante casos como éstos, dependerá: (1) de la definición en bruto, de los principios y valores contrapuestos; (2) la atribución de la prioridad de un principio sobre otro, sobre el caso concreto; (3) el establecimiento de una regla que constituirá la base a partir de la cual decidir.

En conclusión… en la especie, a pesar de que se cimentó en una buena base empírica, no se detalló ni el grado de afectación de la inembargabilidad frente al grado de satisfacción de los derechos del trabajador, que es la base primaria de la ley de la ponderación; lo que deja mucha insatisfacción por parte de un auditorio racional que someta dicha decisión a un test de consistencia y coherencia con el resto del ordenamiento jurídico vigente y la realidad socio-jurídica en que dicha decisión debe impactar. Aun cuando personalmente comparto el resultado final, hubiese optado por otro procedimiento argumentativo, garantizando que la decisión realmente sirva de paradigma para el tratamiento de ambos principios en un futuro.

Atm


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