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¿Es República Dominicana un Estado Constitucional de Derecho? (3 de 3)

viene de la primera parte…

viene en la segunda parte…

Casi concluyendo…

Para responder a la interrogante inicial de si somos un Estado Constitucional de Derecho, y hacerlo de una manera acabada y objetiva, tendríamos que distinguir lo que se contempla formalmente (las instituciones, normas y principios contemplados en nuestro sistema jurídico), y la realidad social, política, económica y jurídica que se vive República Dominicana). En ese sentido, y tomando en cuenta los requisitos para establecer conformar un Estado Social y Democrático de Derecho, si analizamos el contenido de nuestra actual Constitución Política, como también el de varias leyes adjetivas que la complementan, podemos afirmar prima facie que RD cumple con los requisitos formales para convertirse en un Estado Social y Democrático de Derecho, lo que se verifica desde su preámbulo…

“Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacional Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, y de los próceres de la Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados en los ejemplos de luchas y sacrificios de nuestros héroes y heroínas inmortales; estimulados por el trabajo abnegado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad, la convivencia fraterna, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la unidad de la Nación dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre determinación adoptamos y proclamamos la siguiente Constitución”

…en donde se plasma que eRReDé es un Estado Democrático, regida por valores supremos como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley y el bienestar social, hasta su articulado, en donde su artículo 40.15 versa sobre el Principio de Legalidad conjugado con el principio de razonabilidad, que implica un límite a la intervención estatal en la libertad individual; en su artículo 39 se habla sobre el derecho a la igualdad y la no discriminación, tendente a que todos(as), sin discriminación alguna, recibamos la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas, gozando de los mismos derechos, libertades y oportunidades. Además de esto, contempla toda una amalgama de derechos sociales y económicos (libertad de empresa, el derecho de propiedad, derechos del consumidor, seguridad alimentaria, la protección especial de personas en estado de vulnerabilidad, derecho a la salud, a la educación, seguridad social, vivienda, etc.); y por si fuera poco, en sus artículos 68 y siguientes una serie de acciones constitucionales tendentes a garantizar la tutela de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución.

La realidad, sin embargo, nos plantea un escenario diferente: uno de los grandes males que atañe a la sociedad dominicana es su debilidad institucional, el no acatamiento de las disposiciones legales por quienes están más obligados a cumplirlas (las autoridades), cuyas actuaciones ponen en duda el hecho de que República Dominicana siquiera sea un Estado de Derecho, vulnerando en todo sentido normas de carácter constitucional como son la preservación del medio ambiente, el derecho a la educación, una democracia pluralista, el derecho a accionar, y sobre todo, la preservación de un ideal de justicia.

Ante esta dicotomía, pudiéramos limitarnos a concluir que no somos un Estado Constitucional de Derecho, de lo que no hay que sentirse tan avergonzado, considerando que es un compromiso difícil de asumir de la noche a la mañana. Sin embargo, el problema es que tampoco estamos siguiendo la ruta requerida para convertirnos eventualmente en un EDC: Esto constituye una noble aspiración por parte de nuestra Constitución, empero, requiere mucho más que un logro textual o en papel, se requiere de acción, responsabilidad y sobre todo, compromiso por parte de los órganos estatales… y de todos los que vivimos aquí y nos hacemos llamar parte de este Estado.

Es cierto, existen mecanismos para corregir situaciones anormales, y así los hemos mencionado en este esfuerzo académico, como son las acciones directas y difusas de constitucionalidad, la tutela judicial efectiva (que engloba el acceso gratuito y oportuno a la justicia), el amparo constitucional y el hábeas data. Sin embargo, aún con la existencia de vías judiciales, se requiere de un compromiso más fuerte para solidificar nuestro Estado de Derecho como uno Social, Democrático, y sobre todo, con estricta sujeción a la Constitución como norma sustantiva, y las demás leyes que la complementan. Requiere que luchemos cada día por ser más República Dominicana, el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, y no eRReDé, la parodia en la que vivimos.

Atm

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