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¿Es República Dominicana un Estado Constitucional de Derecho? (1 de 3)

Durante los intensos debates que se producen en las aulas de clases de Derecho Constitucional, surge siempre el clásico slogan con el que se quiere catalogar a eRReDé: Un Estado Constitucional de Derecho. Entender en su plenitud la importancia de este tema va más allá de simplemente asumir como bueno y válido el discurso constitucional de siempre: Un Estado unido bajo la soberanía, ya no de la ley, sino del texto fundamental y fundante del Estado que… sencillamente podemos pararlo ahí. De las palabras a los hechos, mucha literatura constitucional a veces se vuelve inútil en el mejor de los casos… en el peor de los casos, se torna una justificación para todo tipo de arbitrariedad, injusticia y atropello a los derechos humanos. Por eso la pregunta formulada en el título es esencial asimilarla, antes de aventurarse y responderla sin el más mínimo miramiento de nuestra realidad social.

¿Qué es el Estado de Derecho?

Para hablar de un Estado Constitucional de Derecho, tenemos que hablar de un Estado Democrático de Derecho, como también de un Estado Social de Derecho, e igualmente de un Estado abierto al Derecho Internacional… pero debemos marcar el punto de partida de todo este debate en una cuestión básica: Para hablar de todo esto, primero tenemos que hablar brevemente si somos siquiera un Estado de Derecho.

Cuando hablamos de Estado de Derecho, versamos sobre la idea del “imperio de la ley”. A pesar que hoy por hoy, las voces más “trendy” del Derecho, tienden a visualizar el legalismo desde un punto de vista sumamente peyorativo, para la época en que fue acuñado el Estado de Derecho Legal (al que simplemente denominaremos Estado de Derecho, por lo que explicaremos más adelante), constituyó el último grito de la moda en sociedades que acababan de superar el Estado pre-moderno: se sustituía el concepto de soberanía en una persona o en un grupo, y en su sustitución, la corona imperante del Estado estaba en el texto de la ley, cuyo contenido es el espíritu y voluntad de un pueblo libre. La expresión más tangible de la democracia es vivir en un gobierno, no de hombres, sino de leyes, y este fue el slogan con el que se pudo vender la idea de que lo mejor para todos y todas es vivir en un Estado de Derecho. Que conste, quizás en épocas previas a la Revolución Francesa pudo haberse utilizado el término “Estado de Derecho” para referirse otros modelos sociales, pero se da por entendido en el Estado de Derecho que la administración se encuentra supeditada a la legalidad antes descrita, y que esa legalidad era símbolo de una sociedad libre e independiente.

Esto, por supuesto, no pudo venir sin presentar serias dificultades, en tanto que sustrayendo el concepto subjetivo (las prerrogativas de la persona humana) de Derecho de la ecuación, o más bien, supeditándolo a la naturaleza y extensión que le brinde su dimensión objetiva (las normas jurídica). En otras palabras, para el Estado de Derecho Legal, la ley es el acto normativo fundamental al que no se le opone derecho alguno, por vital que pueda considerarse. Además de esto, llevar esta idea positivista a su máxima expresión implicaba un autismo del sistema frente al pluralismo con el que deben lidiar la mayoría de sociedades modernas, acentuado por el fenómeno de la globalización, pero sobre todo, un trato desconectado de las dimensiones morales del Derecho en la vida humana, y como ésta vive en constante evolución, siendo la ley apenas un eco de circunstancias pasadas, y donde su nivel de abstracción no siempre permite prever todas las circunstancias futuras.

Por ello es que la ley, como última expresión del Estado de Derecho, se ha venido desmitificando: ya no es la norma general y abstracta de la que tanto se predica, ya los distintos códigos de justicia requieren una necesaria complementación y adecuación para ajustarse a las exigencias de justicia contemporáneas, ya las malas experiencias del derecho interno y del comparado nos han enseñado los peligros de rendirle el culto a la ley, sobre todo cuando la misma puede ser instrumento de opresión e injusticia.

Las Constituciones de esta época decimonónica, aun cuando contemplaban una parte dedicada a la carta de derechos y deberes de la ciudadanía de los engranajes del Estado, funcionaba más bien como un instrumento político abstracto; materia prima pre-jurídica cuya adecuación concreta el legislador la conocía mejor que nadie.

La Constitución, un redescubrimiento de lo viejo en eRReDé

Contrario a lo que ahora quiere venderse la Constitución siempre estuvo ahí. De hecho, si vamos desde la primera Constitución allá en 1844, veremos que supimos hacerle copy+paste a todo lo bueno de otras Constituciones y de movimientos constitucionales (Juan Pablo Duarte tenía ideada una Constitución demasiado moderna, incluso para nuestra época); desde un principio se versó de separación de poderes, de una Constitución con carácter normativa, de la obligación del judicial de tomar en cuenta primero la Constitución, luego todo lo demás. Esta incluso, dentro del vaivén que representaron las respectivas reformas, supo evolucionar en cuanto a derechos sociales se refiere, y hoy por hoy tenemos una condensación deluxe de todas esas cosas en el compendio de derecho constitucional que implica la Constitución del 2010. Pero, ¿Qué lectura merece esto?, ¿el problema lo fue alguna vez la Constitución… o fue otra cosa?…

continua en la segunda parte…


4 comentarios

  1. […] By Atm in Constitucional, Constitucional, Internacional y Derechos Humanos on noviembre 20, 2014. ← ¿Es República Dominicana un Estado Constitucional de Derecho? (1 de 3) […]

  2. […] hacer copiar, la parte difícil es hacerla manifestar en la práctica. Y es aquí donde tenemos que plantear nueva vez la diferencia lo ideal y lo real: Mientras el EDC contempla como derecho fundamental el derecho a la información, en la realidad […]

  3. […] en qué consiste la misma. En tal sentido, a partir del texto leído se infiere que dentro de un Estado Constitucional deben existir una serie de mecanismos e instituciones cuya finalidad sea fiscalizar la actividad […]

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