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Infidelidad jurisdiccional y la sentencia TC-256/14 [Lic. José Miguel Perez]

A continuación un interesante artículo sin desperdicios del Lic. José Miguel Pérez, abogado penalista egresado de la Universidad APEC, con maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal; en el que se enfoca la controversia jurídica suscitada por una de las más recientes decisiones del Tribunal Constitucional, por medio de la cual se decreta que República Dominicana se encuentra desligada de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

 

Muchas veces nos sentamos en un escenario y vemos una presentación artística o puede ser un discurso de algún personaje, y tendemos de forma automática a aplaudir porque alguien lo ha hecho. En este caso, parte del pueblo dominicano está aplaudiendo la evacuación de la sentencia número TC-256/14 de nuestro honorable Tribunal Constitucional Dominicano (la misma declara inconstitucional el instrumento de aceptación y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos), que si bien es cierto -y dejando la mezquindad que muchas veces nos asalta- en anteriores decisiones ha sentado precedente y tapado lagunas jurídicas. Pero, tenemos que tener precaución en lo que aplaudimos, ya que podemos estarnos causando un daño producto de la ignorancia, y los frutos se podrían ver después, sin temor a equivocarme, y después de haber analizado dicho documento entendemos que nuestra alta corte se ha equivocado.

Dentro de las conceptualizaciones jurídicas conocemos múltiples tipos de errores judiciales entre los cuales existe uno que encaja perfectamente con la decisión tomada por nuestro TC, definido como “el error aparente” o “infidelidad jurisdiccional”. Para los que no son abogados y le he un poco difícil entender la terminología, explicamos: El error aparente o infidelidad jurisdiccional, lo define Guillermo Cabanellas, como “la desviación de la realidad o de la ley aplicable en que un juez o tribunal incurre al fallar en una causa” , pero tal desviación de la realidad o de la ley a la que se refiere este autor es la consecuencia de otorgarle validez a un concepto o juicio que se aparta de la verdad, quiere decir este doctrinario que cuando un juez desvía la realidad o el mandato de la ley con plena conciencia de que su apartamiento es deliberado y que obedece más bien a un uso ilegítimo de su autoridad, orientado a satisfacer o proteger un interés personal, conyugal, o por la presiones de medios de comunicación, de grupos de presión de cualquier esfera, no está incurriendo en un error , sino en un acto de infidelidad jurisdiccional.

Nuestra Constitución dominicana, consagra lo que es el principio de fidelidad en su artículo 276, cuando establece que: “La persona designada para ejercer una función pública deberá prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes, y de desempeñar fielmente los deberes de su cargo. Este juramento se prestará ante funcionario u oficial público competente”. En el caso de los jueces, cuando un tribunal renunciare al mandato de la objetividad y la imparcialidad, y da como resolución una sentencia en función de sus pareceres o íntima convicción y lo hace de forma deliberada o ponderada distorsionando el sentido de la norma o de una situación fáctica con la finalidad de justificar su arbitrariedad está cometiendo una infidelidad jurisdiccional. El principio de fidelidad, no les permite a los jueces en el ejercicio de sus funciones apartarse voluntariamente de sus obligaciones.

Los que hoy están aplaudiendo esta infidelidad jurisdiccional, quizás no saben y es bueno que lo sepan que el hecho de que la Republica Dominicana, o mejor dicho esa sentencia no reconozca la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le hace daño a los ciudadanos de a pie, a esos ciudadanos que ven sus derechos fundamentales y derechos humanos abusados, y que agotan todos los recursos judiciales internos (dentro de su país) y no encuentran respuesta, esa CIDH, es la que le hace valer esos derechos ante un Estado avasallador que cuando usted está luchando contra él es como la Hidra de Lerna. Para solo recordar dos casos en nuestro país, las desapariciones forzadas de los señores Narciso González y Juan Almonte, los familiares de estos seres humanos no encontraron respuesta del Estado y acudieron a esta Corte la cual reconoció que tenían razones en sus plegarias y que el Estado dominicano no había hecho lo necesario para que se haga justicia, y nos preguntamos.

¿Dónde irán esos ciudadanos de a pie cuando el sistema les falle? Cuando ese leviatán del Estado sea incontrolable, esta sentencia atenta contra los mismos derechos humanos. Nuestra recomendación es que el Estado dominicano busque la forma legal de enmendar este desacierto judicial, que dará más perjuicio que beneficios, esta Corte, no es solo para tratar asuntos de ilegales haitiano como se le ha inculcado al pueblo llano, estamos reaccionando por situaciones específicas, pero y si mañana surge un régimen de fuerza en nuestro país que violente vulgarmente esos derechos ya señalado ¿cómo podremos defendernos? como es el caso de esos países donde existen dictaduras.

Lic. José Miguel Pérez


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