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La evolución del constitucionalismo en la República Dominicana

Para el día de hoy celebramos el 170º aniversario de nuestra Constitución Dominicana, y con la instauración del Tribunal Constitucional en eRReDé, desde el 2012 hasta la fecha los temas de naturaleza constitucional han tenido mayor auge, impacto y controversia que nunca antes (o al menos, nunca antes que mi memoria permita albergar). Tenemos actualmente una Constitución con tantas cirugías plásticas como el interés político lo permite, y cabe preguntarse: ¿Tales modificaciones van acorde con el constitucionalismo? ¿Se puede identificar avance, progreso y desarrollo en la evolución del derecho constitucional? ¿O es acaso todo lo contrario? Sin mayores preámbulos, queremos brindar en esta oportunidad un panorama histórico de las evoluciones de la Constitución, y cuál ha sido el nivel de preservación del constitucionalismo, tanto clásico como moderno, en el desarrollo político y jurídico de la República Dominicana.

I. Nociones generales respecto del Constitucionalismo.

El Constitucionalismo es definido como “la teoría o ideología que erige el principio de gobierno limitado y la garantía de los derechos en la dimensión estructural de la organización político-social de una comunidad”. De la definición antes expuesta se infiere que la finalidad del constitucionalismo es llegar hacia un Estado Constitucional del Derecho, caracterizado por la supremacía de la Constitución, la limitación de los poderes del Estado, y el reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre. Cabe destacar que el constitucionalismo como teoría política tiene dos nociones, a saber:

a) Una noción clásica o constitucionalismo antiguo, que se limita al conjunto de principios escritos o consuetudinarios que sirven de base a la existencia de derechos estamentales concedidos por el gobernante y limitadores de su poder; y

b) Una noción moderna o neoconstitucionalista, basada en el movimiento político, social y cultural que cuestiona los esquemas tradicionales del dominio político, sugiriendo una nueva forma de ordenación y fundamentación del poder político; con esta noción moderna “no se pretende dar por hecho que con la constitucionalización del ordenamiento jurídico se ha resuelto el conflicto Estado-Individuo, sino lograr la efectividad y practicidad de la protección de los derechos fundamentales y poner claramente los límites al poder Estatal”.

Para entender la evolución del constitucionalismo en República Dominicana, es necesario comprender que su historia ha sido dividida en repúblicas, no como forma de gobiernos, sino de acuerdo con los hechos trascendentes ocurridos, con los cuales se ha afectado su soberanía, así como la libertad estatal lograda sobre esos hechos, en la cual impera una ruptura del orden político, no necesariamente del orden constitucional. A los fines del presente ensayo estudiaremos la evolución del constitucionalismo a partir de estos períodos constitucionales, con un enfoque especial en las Constituciones con mayor transcendencia para esta teoría política.

II. El primer período constitucional

En ese sentido, se habla de un primer período constitucional que inicia con la Independencia de la República y culmina con la Anexión a España (1844-1861). En efecto, el 27 de Febrero de 1844 se logra en República Dominicana la independencia de Haití, que nos venían ocupando desde 1822, constituyéndose en gobernantes de toda la isla de Santo Domingo bajo el entendido de que la misma era “una e indivisible”. Una vez alcanzada la independencia, se proclamó la Constitución de 1844, que se caracterizó por el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales como lo eran la abolición de la esclavitud, el principio de legalidad, el derecho de propiedad, la libertad de asociación, la educación gratuita y la libertad de asociación, libertad de acceso a empleos o funciones públicas, la prohibición del encarcelamiento sin resolución motivada, la adquisición de la nacionalidad por vía del ius sanguinis. Se establece además la supremacía de la Constitución sobre las demás leyes adjetivas, verificándose desde este texto legal el control difuso de la constitucionalidad, cuando en el artículo 125 de la misma dispone que se encuentra vedado a los jueces la aplicación de una ley inconstitucional. Asimismo, dispone que el Presidente de la República no tiene más facultades que las que expresamente le confiere la Constitución y las leyes particulares. Si bien las disposiciones antes mencionadas establecen y solidifican la supremacía de la constitución, la misma encuentra su debilidad, para los fines del constitucionalismo, en su artículo 210, el cual confería poderes prácticamente ilimitados al Presidente de la República.

En tal sentido, si bien se restringía al presidente de actuar fuera de los límites de la Constitución, es ésta misma la que le otorga un amplio y peligroso poder discrecional dentro del Estado, que no fue más que el fruto de las presiones realizadas por el General Pedro Santana.

A pesar de esto, la misma Constitución establece la separación tripartita de poderes, y además, establece una serie de mecanismos a los fines de limitarlos, y que cada poder fuera supervisado por otro, como lo es la facultad que tiene el Congreso de juzgar al presidente de la República, en virtud del derecho de acusación dado por el consejo conservador; la disposición de que los impuestos sólo pueden ser establecidos por la ley, y encargar en la figura del Presidente de la República la responsabilidad de todos los abusos de autoridad y excesos de poder que se cometan bajo su administración.

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Ya para la Constitución de 1858 (Constitución de Moca), vemos una especial acentuación en ciertos derechos fundamentales previamente reconocidos, como es el caso de la esclavitud, donde se establece que la misma no deberá existir jamás en la República. Además de esto, la misma trae consigo la abolición de la pena de muerte, así como la consagración del libre pensamiento y la inviolabilidad de la correspondencia. Además de esto, dicha Constitución dispone una reforma considerada dos anhelos históricos del constitucionalismo liberal dominicano: la prohibición de la reelección presidencial y la inamovilidad de los jueces. También se restringen los derechos conferidos al presidente por el precitado artículo 210, y se confirma la supremacía de la Constitución. En cuanto a la forma de gobierno, se establece que el mismo será civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable, lo que constituye un verdadero cambio dentro del sistema, ya que a través de esta disposición se instituye el sufragio universal dentro de nuestro sistema de gobierno, y a su vez se imposibilita a una autoridad militar de dirigir la administración pública.

III. El segundo período constitucional

Luego de la anexión a España y la posterior Restauración de la República se inicia el segundo período constitucional, período en el cual nuestro país contó con 17 reformas constitucionales. De las reformas constitucionales realizadas en este período, la más relevante resulta ser la que dio como resultado la Constitución de 1965, que estableció el sufragio universal sin condiciones restrictivas, siendo el único requisito para votar era ser ciudadano y tener 18 años de edad. Este período culminó con la primera intervención norteamericana en 1916.

IV. El tercer período constitucional

Ya para 1924 finaliza la intervención norteamericana, y con este evento damos inicio al tercer período constitucional. Ya para esta época se reconocen la libertad de trabajo, libertad de cultos, libertad de tránsito; derechos fundamentales previamente contempladas en la reforma constitucional de 1907. Dos innovaciones de la Constitución de 1924
son el reconocimiento de derechos intelectuales, al establecer en su artículo 6.11 como derecho fundamental inherente a la persona la propiedad de los inventos y descubrimientos, así como de las producciones artísticas, científicas y literarias; y además de esto, la instauración la figura del habeas corpus, bajo la cual se consagra el derecho de toda persona a reclamar su libertad si es hecha prisionera sin causa o formalidades legales.

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En la Constitución de 1942, se estableció una reforma trascendental en nuestro sistema, toda vez que gracias a ésta, se reconoció como derecho fundamental de la mujer la participación en la actividad política en plano de igualdad del hombre. Si bien esta reforma colocaba a República Dominicana dentro de los pocos países de América que lo hicieron en la época, la realidad es que esta conquista fue relativa, toda vez que la misma fue implementada durante la dictadura de Trujillo, época en la cual las elecciones tenían previamente establecido al generalísimo como ganador. En ese orden de ideas, a pesar de que esta constitución dispone como inherente a la personalidad humana el derecho a expresar el pensamiento sin sujeción a censura previa, es obvio que sola consagración de este derecho en la Carta Magna no bastó para que se cometieran abusos de la autoridad en contra del ejercicio de la libertad de expresión.

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Con la Reforma Constitucional de 1955, se adopta la corriente del constitucionalismo social, enunciándose que el Estado continuará con el desarrollo progresivo de la seguridad social. Esta reforma constitucional es muy tomada en cuenta en 1966, como detallaremos más adelante.

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Luego del paso de la dictadura de Trujillo, entra en vigencia la Constitución de 1963, en donde los derechos sociales y económicos alcanzan la máxima expresión constitucional, haciendo especial énfasis en los derechos económicos y sociales, sobre todo en lo referente al trabajo, considerado un derecho y un deber al mismo tiempo. Se establecía como fundamento principal de la nación el trabajo, y se consideraban la vagancia y la mendicidad como vicios sociales que atentaban contra tal fundamento. En otras palabras, quedaba en manos del Estado garantizar que toda persona tuviera una oportunidad de trabajo, y el mismo se constituía en una obligación para dicha persona. En ese mismo lineamiento, se consagraron como derechos fundamentales: el derecho del trabajador en la participación en los beneficios de la empresa, la no discriminación en el trabajo, el derecho a la huelga y la libertad sindical. En esta se consideraba que la propiedad como derecho como un reconocido y garantizado por el Estado, que debe servir al progreso y bienestar del conglomerado, pretendiéndose a través de la misma la erradicación de los latifundios y los minifundios, considerados contrarios al interés nacional. Se realiza especial énfasis en cuanto a la educación como derecho, estableciendo en sus artículos 35 y 36 la obligación que tiene el Estado en cuanto a fomentar la educación y erradicar el analfabetismo.

V. Cuarto período constitucional

Ya con el estallido de la guerra civil finaliza este período constitucional; y es en 1965 que iniciamos el cuarto período constitucional, el cual se extiende hasta nuestros días. En efecto, la Constitución de 1966 reproduce la reforma de 1955 en cuanto a la prohibición de la reelección presidencial, y se enfatizan los derechos económicos y sociales, consagrando como derechos fundamentales la libertad de empresa, la protección de la mujer, la protección de la vejez, y la protección sanitaria. Además de esto, se continúa con el desarrollo progresivo de la seguridad social, de manera que toda persona llegara a gozar de la adecuada protección contra la desocupación, la enfermedad, la incapacidad y la vejez.

VI. La Constitución de 1994

Con la Constitución de 1994 se establece en eslabón importante dentro del constitucionalismo dominicano. En efecto, la cual nace de la crisis política surgida de las elecciones presidenciales y congresionales del 16 de mayo de 1994, época en la que se redujo a dos años el último período del presidente turno, lo que condujo a celebrarse las elecciones presidenciales de forma separada a las congresionales y municipales (este último logro se vio truncado por la actual Constitución del 2010, como veremos más adelante), así como también una serie de reformas al sistema electoral tendente a que sea más confiable y transparente. En ese sentido, esta Constitución trae consigo reformas significativas al sistema político dominicano, toda vez que reproduce la prohibición de la reelección presidencial y la inamovilidad de los jueces, contempladas en la Constitución de Moca. En este último aspecto, esta Carta Magna se caracteriza por brindar mayor independencia al poder judicial frente a los demás poderes, ya que a través de ella se crea el Consejo Nacional de la Magistratura, conformado por miembros de los distintos poderes del Estado a los fines de elegir los jueces de la Suprema; se establece la Carrera Judicial, bajo la cual el Poder Judicial tiene autonomía administrativa y presupuestaria; y sobre todo, se le otorga a este poder la facultad de elegir los jueces. No obstante a esto, 8 años más tarde nos llega la Reforma Constitucional del 2002, que consistió básicamente en posibilitar nuevamente la reelección presidencial prohibida en 1994, aunque alejándose del sistema de reelección indefinido, permitiendo que una persona pueda reelegirse una nueva vez solamente, sin posibilidad de optar posteriormente a la reelección.

VI. La Constitución de 2010

Finalmente, la Constitución actual del 2010, viene a convertirse en el eslabón final del constitucionalismo, en cuyo texto se preserva los logros de la evolución del constitucionalismo antes detallado, en donde se prohíbe la reelección presidencial consecutiva, se contemplan más detalladamente derechos sociales y económicos, y se crean organismos tendentes a garantizar el respeto a la Constitución, como lo es el Tribunal Constitucional. Cabe destacar que estos logros son por el momento textuales, y que (aun a casi 5 años de ésta, la más reciente modificación) nos encontramos en la víspera de verificar si el contenido de esta nueva Constitución se ajusta a la realidad social, política y económica de nuestro país. Ya hemos visto el impacto de esta Constitución y de esto hemos versado en escritos anteriores.

VII. Recapitulando…

De las diversas reformas constitucionales vemos cómo los derechos fundamentales han sido reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, de lo que se verifica en cada reforma analizada el constitucionalismo como pensamiento. Gradualmente a través de estas reformas. En lo que respecta a la Supremacía de la Constitución, desde la primera hasta la actual el pensamiento ha sido el mismo: el texto constitucional es superior a cualquier otra norma en nuestro ordenamiento. Sin embargo, estos cambios son someros frente al fin último perseguido por el constitucionalismo: la limitación de los poderes del Estado a los fines de evitar la arbitrariedad. En ese sentido, desde la Constitución de 1844 en su artículo 210, hasta la de nuestros días se han contemplado una serie de facultades y atribuciones al Presidente de la República, que indefectiblemente se entrometen con el principio de separación de poderes y la soberanía limitada, convirtiéndose esta figura, en un dictador constitucional. Debemos recordar que el constitucionalismo implica, no sólo la separación y limitación de los poderes del Estado, sino además la implementación de mecanismos efectivos que permitan la supervisión de las actuaciones del poder, a los fines de que se cierren las brechas entre lo real y lo ideal.

Para este día, vale recordar la advertencia de Ferdinand Lasalle, en donde la Constitución real no es la física, sino la que vive en las mentes y los corazones de la conciencia ciudadana… Que si entre gobernantes y gobernados no desarrollan una verdadera conciencia constitucional, la Constitución no será más que un pedazo de papel. ¡Feliz 6 de noviembre!

Atm

NOTA: El “padre de la democracia” no fue el autor de la última parte, como se piensa erróneamente… El solo dio por comprobada la hipótesis.


3 comentarios

  1. […] Y es aquí donde tenemos que plantear nueva vez la diferencia lo ideal y lo real: Mientras el EDC contempla como derecho fundamental el derecho a la información, en la realidad esto parecería ser […]

  2. […] desarrollar este tema de una forma sistemática y organizada, debemos empezar por el principio: El Estado de Derecho. Bajo una definición personal (y hasta cierto punto egoísta) del autor, el Estado no es más que […]

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