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La dispensa matrimonial para la mujer recién divorciada

La dispensa matrimonial para la mujer recién divorciada

(y la paradoja que representa ante nuestros tribunales de justicia)

Temas como éstos han creado en mi la concepción de que vivimos en un Estado “Constitucional” del Derecho en un sentido puramente nominal, ya que la parte más importante de un EDC es precisamente pasar de las palabras a los hechos, y es precisamente la parte que omitimos constantemente a la hora de interpretar y aplicar las normas “vigentes” en nuestro ordenamiento jurídico, que no sólo se conforma de reglas, sino además de principios y valores con rango constitucional; Pero me estoy adelantando a los eventos en cuanto al orden en que deben ser narrados. El presente esfuerzo es un estudio al artículo 35 de la ley 1306-bis sobre Divorcio, en comparación con el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución, así como la figura de la “dispensa matrimonial” utilizada para buscar una solución salomónica al problema que esta disposición legal genera, y los problemas que ésta última representa a la luz de una interpretación consistente y coherente tanto con el sistema normativo vigente, como además con la realidad social dominicana. Quiero agradecer especialmente a las colegas Keila Elizabeth González, Ingri Liberato Torres y Sudelgi Rosario Mena, cuyos aportes ayudaron a que pudiera estructurar este trabajo. 


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Durante mi suplencia ante jurisdicciones civiles he tenido la oportunidad de entrar en contacto con novedades y curiosidades del Derecho aplicadas en casos concreto, que han requerido de mí mayor estudio, documentación análisis (y por supuesto, molestar una serie de colegas con llamadas telefónicas, y a quienes agradezco su disposición de auxilio). Entre estas curiosidades se encuentra el tema de la “dispensa matrimonial”, figura jurídica inexistente en el sistema normativo vigente, y que ha sido más bien la solución pseudo-salomónica a la falta de diligencia por corregir impurezas en la legislación. Siendo más claros, La ley 1306-bis que crea el régimen legal del divorcio en la República Dominicana contempla en su artículo 35 una disposición que, si bien tuviere una justificación racional en tiempos anteriores, se torna arcaica y desconectada de la realidad en la era del ADN: “La mujer divorciada no podrá volver a casarse sino diez meses después que el divorcio haya llegado a ser definitivo, a menos que su nuevo marido sea el mismo de quien se haya divorciado”.

 Esta disposición, sutilmente misógina, entra en choque con dos situaciones en específico:

(a) Rompe con el principio de igualdad (art. 39 de la Constitución), pero más específicamente en su numeral 4 que versa sobre la igualdad de género al señalar que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género”;

(b) Se divorcia de la realidad científica actual, en la era del ácido desoxirribonucleico (mejor conocido como ADN), que se trata de una prueba científica utilizada por excelencia para determinar la filiación paterna ante cualquier situación, cosa que la jurisprudencia ha venido introduciendo en su tradición de cultura jurídica, mutando de simples presunciones como la establecida en el artículo 312[1] y siguientes del Código Civil Dominicano, o la “posesión notoria”, y ha establecido en sendas decisiones la importancia de pruebas científicas como base para llegar a la verdad de los hechos, fuera de todo convencionalismo o formalismo. Colocamos este último punto en el sentido de que si queremos buscar un fundamento racional a que se prohíba a una mujer divorciada a casarse durante un período superior al de nueve meses, y que esto no se requiera si es con el mismo marido, esto lógicamente tiene que ver con su posibilidad de salir embarazada, situación de la que se salva el divorciado por su imposibilidad de concebir.

Ante esta disposición discriminatoria e irracional, esa tradición de cultura jurídica a la que hacíamos referencia propone una solución sumamente controversial: La solicitud, por parte interesada, de una dispensa matrimonial ante el Juez de Primera Instancia. Sólo para fines recreativos (ya que todos tenemos una noción de lo que es una dispensa), verifique lo que significa esta palabra en el diccionario, y cito: “DISPENSA s.f. Privilegio que exime a alguien del cumplimiento de una norma; documento en que consta ese privilegio”. Y no es casualidad que se utilice una palabra como ésta: la legislación plantea que el hombre no puede casarse antes de los dieciocho, ni la mujer antes de los quince (de nuevo, ¿por qué se plantea una edad diferente entre hombre y mujer?… pero no vamos a salirnos del punto), pero que el Juez de Primera Instancia puede, por razones atendibles, conceder la dispensa de edad.

Aparentemente, se realizó un razonamiento analógico utilizando la figura de un privilegio de eximir el cumplimiento de una norma por un asunto de edad, y realizar una transposición, entendiéndose que el Juez de Primera Instancia también puede ordenar una dispensa ante la prohibición para la mujer recién divorciada. El detalle es que se habla de una razón atendible. ¿Cuál sería entonces la razón atendible para este segundo caso, objeto del presente artículo? ¿Qué debe ver el Juez a titulo “excepcional” para conceder un “privilegio” para eximir a un solicitante del cumplimiento del referido artículo 35 de la ley 1306-bis? El único que se me ocurre es que la norma en sí misma es absurda, arcaica, discriminatoria, y en consecuencia, contraria a la constitución. Y he aquí donde nos topamos con la paradoja: Si admitimos, por los razonamientos antes planteados, que el artículo 35 de la ley 1306-bis es inconstitucional, reconocemos que no cumple un requisito de validez material formulado en el artículo 6 de la Constitución, y en consecuencia, no es una norma válida. Pero al no ser una norma válida, no se requiere una dispensa; inclusive, ordenar una dispensa en primer lugar se lee implícitamente como una forma de reconocer la validez de esa disposición legal, que por demás, es inconstitucional, sólo que el órgano competente para así declararlo definitivamente por el control directo, no ha sido apoderado al efecto.

Todo esto es, por supuesto, presuponiendo que la razón atendible sea precisamente el hecho de que se considere que esa norma legal sea discriminatoria e innecesaria, ya que bien pueden plantearse otras razones atendibles (como el hecho de que la mujer solicitante tenga la capacidad de concebir, y por ende, pueda ser tratada como un hombre). Sin embargo, aquí es donde entra la concepción del juez respecto la constitucionalidad o no de una norma particular, ya que no sólo contamos con un control directo de constitucionalidad, sino además con un control difuso para todos los jueces del Poder Judicial, pudiendo declarar inaplicable una norma por inconstitucional. El problema es que no estamos apoderado de un litigio en donde se ha planteado por la vía de excepción la inconstitucionalidad, ni siquiera se trata de un procedimiento contencioso; ante una solicitud administrativa de dispensa matrimonial hecha por una parte sin citar a la otra, parecería que destaparse con la inaplicabilidad del controversial artículo no caería dentro del reino de un control difuso, sino que es a todas luces una modalidad directa de hacer efectivo el control de constitucionalidad, ya que aunque pueda argumentarse que ha sido una excepción invocada de oficio por el propio juez, se estaría bordeando entre los límites de lo que puede un juez hacer y lo que se considera arbitrariedad judicial. Esto se agrava, porque no se trata simplemente de declarar inaplicable una norma legal, sino consecuentemente ordenar a un Oficial del Estado Civil a que haga caso omiso del referido artículo 35, que sigue formalmente vigente en el ordenamiento aunque sea materialmente inconstitucional.

Otra solución planteada es la de limitarse a rechazar la solicitud, arguyendo precisamente que la dispensa matrimonial no es requerida, que el art. 35 es inconstitucional, y que un oficial del Estado Civil debe tener mayor sentido común a la hora de negar un servicio a una mujer divorciada. Pero la realidad es que sería una modalidad de denegación de justicia, ya que el efecto último de rechazar la solicitud de dispensa matrimonial sería dejar sin otra solución jurídica a la solicitante que no sea esperar pacientemente los 10 meses, y que el Oficial del Estado Civil no es un juez, no tiene control jurisdiccional sobre las normas; éste sólo se limita a aplicarlas.


En conclusión, hablábamos inicialmente de este artículo de una paradoja, en el sentido de que una paradoja es una especie de razonamiento defectuoso o circular, en donde una construcción lógica correctamente llevada puede conducir a un resultado contradictorio o incoherente; eso es precisamente lo que representa la figura de la dispensa matrimonial para la mujer recién divorciada, tanto en el fundamento por el que ha sido creada, como por sus efectos en los niveles de consistencia con el ordenamiento vigente, y coherencia con la realidad social dominicana. Basándonos en su fundamento, admitirla implica tomar una buena decisión por razones equivocadas; basándonos en el efecto perseguido, rechazarla implica tomar una mala decisión por las razones correctas.

Estamos a la espera de que quien tiene la última palabra en materia de derecho constitucional pueda definir de manera concreta si ese artículo 35 de la ley 1306-bis soporta el test de constitucionalidad; mientras tanto, las opiniones más diversas fluyen.

Atm


7 comentarios

  1. Vladimir dice:

    Brillante como siempre!

  2. sumaya dice:

    quien es el escritor del articulo ya que no visualizo su nombre

  3. Pedro dice:

    Elemental la declaratoria por la vía de la excepción en inexequibilidad o inaplicabilidad de la norma de oficio por el juez, para el caso en particular Libera de ese yugo a la mujer recién divorciada, sería la solución idónea, además de ordenarle al oficial del estado civil proceder, sin mayor examen a prestar su concurso para la unión matrimonial.

  4. Victor Robles dice:

    Excelente artículo… cómo puedo obtener más información para una persona que quiera solicitar una dispensa?

  5. Maria Dolores Prada Gomez dice:

    Que documentos se deben aportar para obtener la dispensa matrimonial, por llevar menos de 10 meses divorciada?
    Muchas gracias por adelantado.

    • Atm dice:

      Gracias a todos por sus comentarios.
      Cabe destacar que por sentencia reciente del tc, se ha declarado la inconstitucionalidad del art. 35 de la ley de divorcio, por lo que no se hace necesario una dispensa desde estos momentos en lo adelante.

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