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Sobre el debido proceso y la tutela judicial efectiva

 Mag. Bienvenido Ernesto Evertz Rodríguez

 Excelente colaboración del colega magistrado Ernesto Evertz Rodríguez, quien nos delimita en estas breves [pero sumamente juiciosas] palabras las diferencias y puntos de encuentro entre el Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva; y sobre todo, cómo los operadores jurídicos tienden a usar indistintamente ambos términos sin discriminar adecuadamente el campo de acción que tiene uno con respecto del otro. Un verdadero aporte tanto al derecho constitucional, como además al lenguaje técnico-jurídico.


El Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva

Hace pocos días escuche a un abogado dirigirse al tribunal alegando que se había violentado la tutela judicial efectiva en el Ministerio de Estado de Trabajo, refiriéndose a que un Inspector de dicho Ministerio no levantó de forma correcta un informe.  Esta situación me animo a escribir las siguientes líneas sobre el debido proceso y la tutela judicial. Socializar sobre estos conceptos resulta interesante y apasionante para todo estudioso del derecho, sin embargo, se debe tener mucho cuidado al utilizarlos, ya que no son sinónimos y pueden llevar a comunicar un mensaje de forma incorrecta.

La delimitación de los conceptos es de vital importancia en el estudio del derecho, ya que es la única herramienta que garantiza que el mensaje que remite sea efectivo. Es por ello que considero necesario que las personas relacionadas con el sistema de justicia puedan diferenciar el debido proceso de la tutela judicial, ya que en ocasiones se utilizan como sinónimos.

Las disposiciones del artículo 69 de la Constitución contemplan que “toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso (…).” De lo anterior podemos retener los dos conceptos que son objeto de estudio: tutela judicial efectiva y debido proceso.

Cuando se habla de debido proceso, se hace referencia a un concepto que envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia[1]. El debido proceso conlleva un compromiso judicial y administrativo a seguir las normas pautadas, así como de un aspecto sustancial o material que obliga a las autoridades a tomar decisiones en base a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, lo cual conlleva una limitante para decisiones arbitrarias.

Por otro lado, la tutela judicial efectiva constituye un derecho que tiene toda persona de reclamar en sede judicial, el conocimiento de un proceso para obtener una decisión sobre una petición. En ese sentido, se trata de un derecho que toda persona tiene a la prestación jurisdiccional, es decir, a obtener una resolución fundada jurídicamente, normalmente sobre el fondo de la cuestión que, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, haya planteado ante los órganos judiciales, o, lo que es lo mismo, como el derecho que garantiza al ciudadano el acceso a los tribunales de justicia y la obtención de una respuesta fundada en derecho a sus pretensiones substantivas a través de un proceso equitativo.

En ese sentido, el concepto de debido proceso es más amplio que el de tutela judicial efectiva, toda vez que conlleva una vinculación con todos los procedimientos que se lleven a cabo, y no sólo con relación al órgano jurisdiccional. En efecto, las disposiciones del artículo 69 numeral 10 de la Constitución señalan que las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. En ese sentido se puede afirmar que el debido proceso conlleva dos sedes: 1. Debido proceso judicial; y, 2. debido proceso administrativo.

Nuestra Suprema Corte de Justicia, comentando el debido proceso en sede judicial, señala que ha sido concebido como aquel en el cual los justiciables, sujeto activo y pasivo, concurren al mismo en condiciones de igualdad dentro del marco de garantías, de tutela y de respeto de los derechos, libertades y garantías fundamentales, que le son reconocidos por el ordenamiento (…)[2].

Por otro lado, en sede administrativa el debido proceso resulta de vital importancia, convirtiéndose en una garantía de razonabilidad de los actos estatales y privados dictados en ejercicio de funciones administrativas. Nos comenta Agustín Gordillo que ha llegado a consagrarse el derecho al debido proceso no solamente para los actos individuales de la administración, sino también para los actos generales, con el alcance de que los de tal naturaleza requieren previa audiencia pública, así también puede hoy en día sostenerse que el debido proceso incluye la existencia de organismos imparciales e independientes del poder concedente, que se ocupen en sede administrativa de la tutela de los derechos e intereses de los usuarios [3].

Toda autoridad pública tiene la obligación de respetar y vigilar que se cumplan las normas del debido proceso, sin embargo, solo el Juzgador es el guardián de la tutela judicial. En ese sentido, si bien es cierto que los demás actores del sistema de justicia intervienen para que se pueda materializar la efectividad de este derecho, no menos cierto es que solo sobre el juzgador recae el peso de la administración de justicia, es decir, la adjudicación de los derechos y obligaciones objeto de juicio.

Espero que estas breves líneas sirvan para edificar sobre las diferencias de estos dos importantes conceptos y ayuden a que puedan ser utilizados de forma adecuada.


Notas: 

  1. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Sentencia 1739-92 del 01 /07/1992.
  2. Suprema Corte de Justicia. Sentencia del 10 de julio 2002, BJ. 1100, Pág. 62-77.
  3. GORDILLO, Agustín. “Tratado de Derecho Administrativo“. Tomo I. Parte General. Buenos Aires, 2003, 8va Ed. XI-28.

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