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La inadmisibilidad del amparo [Ensayo académico]

Otro trabajo académico realizado en ocasión a la Especialidad sobre Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones Judiciales; esta vez en torno al curso sobre “Derecho de Amparo” y específicamente, las causas de inadmisibilidad planteadas por la ley 137-11. El trabajo a detallar más adelante opera en base a la siguiente pregunta:

¿Debió incluirse en la ley 137-11 orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales la inadmisibilidad como medio de defensa en las acciones de amparo?

Esta interrogante fue formulada, tomando como pauta que la inadmisibilidad, figura icónica del derecho procesal privado se imponga para una acción como el recurso de amparo, un mecanismo de protección relacionado principalmente a la salvaguardo de Derechos Fundamentales. Recordamos al lector que éste es un esfuerzo académico, por lo que no le podemos predicar perfección a su contenido, y que cualquier observación constructiva será bien recibida.

A los fines de contestar esta pregunta, debemos puntualizar brevemente lo que significa la inadmisibilidad, y al efecto, se define como la sanción o consecuencia procesal por la cual se impide un acto por no reunir las formas necesarias para su ingreso en el proceso, por ser inoportuno o por ser incompatible con una conducta procesal anterior[1]. Esta figura procesal no opera automáticamente en los procesos, sino que debe ser pronunciada por una autoridad judicial, a solicitud de parte o de oficio. En materia de Amparo, la legislación plantea tres causales (art. 70, ley 137-11): (1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado; (2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental; y (3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.  En el desarrollo del presente trabajo, trataremos de demostrar –sin negar la necesidad de una regulación de la acción de amparo– cómo la figura de la inadmisibilidad configurada en el precitado art. 70 de la ley 137-11 se hace incompatible con la naturaleza constitucional del amparo, pero sobre todo, cómo estas causales atentan con su efectividad para la salvaguarda de derechos fundamentales. Para ello iremos analizando de forma crítica y objetiva las causales de inadmisibilidad antes detalladas, y si éstas se ajustan a un test de coherencia con nuestro bloque de constitucionalidad vigente.

En primer lugar, tenemos la consagrada en el artículo 70.1, que ha revelado la acción de amparo a una garantía prevista para casos excepcionales, en donde el ordenamiento jurídico no cuente con otros mecanismos idóneos para remediar la situación de la que se trate. Esta inadmisibilidad resulta sumamente polémica, ya que no resulta fácil establecer si en la legislación existe o no un mecanismo que pueda sustituir la acción de amparo. Debemos recordar en este punto que el art. 25.1 de la CADH plantea un recurso sencillo y efectivo, características difíciles de encontrar en procesos judiciales ordinarios, y en algunos casos, aquellos llamados a ser procedimientos sumarios y breves (como el referimiento o la demanda a breve término) terminan prolongándose en la práctica hasta el punto que se pierde el sentido por el que se acudió a estas medidas en primer lugar. “En el análisis que debe hacer el juez antes de declarar inadmisible la acción de amparo, debe tener en cuenta tanto las características de la vulneración que se pretende resolver como las del procedimiento ordinario que se considera sustituto del previsto para acción de amparo”[2]. Esto implica, entre otras cosas, que la acción sustituta debe garantizar una respuesta en tiempo razonable, la posibilidad de dictar medidas cautelares, y que su ejecución pueda ser ordenada aún sobre minuta.

Otro medio de inadmisión controversial ha sido el plazo para accionar: Recordemos aquí que el leit-motiv del amparo se funda en la vulneración de un derecho fundamental, y en tal virtud, cabría preguntarse si la figura de la prescripción es compatible con la naturaleza de los DDFF; a lo que puede argumentarse que el amparo tiene un carácter excepcional, y lo que se requiere es una respuesta rápida y urgente de la jurisdicción apoderada ante el peligro inminente en que se encuentra la parte accionante, pero ¿resulta este argumento válido y suficiente para versar sobre un plazo para accionar en amparo? La realidad es que la urgencia con que deba llevarse el procedimiento no justifica que se plantee un plazo para accionar, máxime si admitimos que la vulneración no restituida de un derecho fundamental constituye en sí misma un delito continuo, donde el susodicho plazo para accionar nunca empieza a correr, al encontrarse latente la infracción. En opinión de David Ordoñez Solís, “someter a un plazo corto un asunto fundamentado en violaciones de carácter constitucional es contraponer la fuerza del tiempo con sus fines, pues hay que recordar que no persigue el reconocimiento de derechos subjetivos, sino que se crea para proteger la arbitrariedad y el abuso de poder en garantía de los derechos humanos, en su esencia imprescriptibles (…)”[3]

Finalmente, y en lo personal la considero la más controversial de las causas de inadmisibilidad, es el caso de acciones notoriamente improcedentes, que al ser un concepto vago e impreciso, requiere de una labor de razonabilidad, prudencia y responsabilidad a cargo del juez apoderado del Amparo. En efecto, se trata de una potestad casuística en donde el juez puede sucumbir ante una falsa analogía entre casos, e incluso aplicando una errónea identidad de propiedades entre un caso anterior en que se haya rechazado el amparo y otro similar, pero con variantes esenciales.

En torno a la pregunta central del tema, es decir, la ley 137-11 debió o no incluir la figura de la inadmisibilidad del amparo, que se convierte a su vez en herramienta de defensa para la parte accionada, si bien es cierto que deben existir límites razonables para el ejercicio de toda acción, y que sin éstos límites aplicados a la figura del amparo, lo convertiríamos en una acción judicial ordinaria, desnaturalizaríamos su propósito y fracasaría por su propio éxito; no menos cierto es que la figura de la inadmisibilidad veda todo examen al fondo del caso concreto, y tratando el amparo de conculcación a derechos fundamentales, no existen acciones notoriamente improcedentes en esta materia, ni mucho menos un plazo por el cual pueda decirse que el tiempo cura la vulneración al derecho fundamental, y si existen acciones judiciales ordinarias que otorgan acceso a la jurisdicción, debemos igualmente garantizar que éstas no se queden solamente con el mínimo requerido, y que la tutela judicial sea efectiva. Inadmisible es adjetivo penoso para una acción de índole constitucional, en donde se pretende restaurar, no sólo un derecho vulnerado, sino el orden jurídico vigente, y si las acciones de amparo están realmente sucumbiendo ante algunas de estas tres causales de inadmisibilidad, la única esperanza descansa en que la jurisdicción ordinaria mejore sus condiciones de administrar justicia.

 

Adriano Taveras Marte


[1] Tomando nuestro derecho civil como referencia, el artículo 44 de la Ley 834 de 1978 dispone en cuanto a la inadmisibilidad que: “Constituye a una inadmisibilidad todo medio que tienda a hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, el plazo prefijado, la cosa juzgada”.

[2] ACOSTA, Hermógenes. “El amparo en la nueva justicia constitucional”; en: “Revista Dominicana de Ciencias Jurídicas”. Año 1, número 11. Diciembre 2012.  p25.

[3] “El Amparo Judicial de los derechos fundamentales en una sociedad democrática”, ENJ. Santo Domingo 2007. Pág. 285


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