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La confianza pública en la justicia dominicana [ensayo académico]

A la sazón de un ensayo académico para la asignatura de Ética Judicial, en la Especialidad que actualmente estoy cursando sobre Redacción Expositiva y Argumentativa de las Decisiones judiciales en la Escuela Nacional de la Judicatura; se me ha pedido redactar un breve ensayo sobre la confianza pública como elemento importante en la administración de justicia. En concreto, para el ensayo a redactar se han pedido los siguientes requisitos:

1.- Analizar el concepto de ‘confianza pública’, como eje principal para el servicio adecuado de la administración de justicia.

2.- Reconocer qué rol y de qué manera se ocupa de ella el Código de Comportamiento Ético.

3.- Reflexionar y hacer una propuesta que aporte a dicho fortalecimiento podría cumplirse.

A continuación el desarrollo de mi esfuerzo académico, tratando de responder las preguntas antes expuestas con una mezcla del deber-ser inherente a toda autoridad judicial, frente a la realidad social y jurídica que enfrenta un país como el nuestro. Asimismo, se me ha pedido que el ensayo no sobrepase un límite de 800 palabras, así que les prometo, tal y como prometí al profesor de la materia, brevedad:

1.- En una sociedad democrática, que predica el respeto a la Constitución y demás leyes como garantía de armonía social y de paz pública, se requiere de jueces, no solamente imparciales e independientes, sino además con una conducta impoluta que permita brindar una imagen de transparencia y probidad a la administración de justicia en su todo. Es así como el concepto de confianza pública se torna paradigmático en un país como el nuestro, considerando desde una perspectiva histórico-social que gran parte de las decisiones de la administración pública se han visto fuertemente influidas por el germen de la política, al punto que muchas de las designaciones de estos funcionarios se realiza “dedocráticamente”. Ante esa realidad, el dominicano promedio vive escéptico hacia las verdaderas intenciones detrás de toda decisión política, entendiéndose que éstas se encuentran naturalmente viciadas. Esta ha sido una regla en donde la administración de justicia dominicana ha tratado de marcar la honorable excepción; ya que contra este paradigma es que el Poder Judicial debe velar por contar con cierta fiducia cívica, en tanto que no basta con la formación técnico-profesional del juez, sino además que éste tenga un comportamiento impoluto, que no sirva de anti-ejemplo de las conductas que pretende sancionar con sus decisiones.

De ahí se colige que la confianza pública constituye un eje esencial para la administración de justicia, en donde tanto el ethos del juzgador como el logos de la decisión tomada son un espejo en que se refleja la imagen del Poder Judicial; máxime cuando muchos casos especiales no se resuelven en base a la simple subsunción, y los ejercicios interpretativos y argumentativos del juzgador vienen con una carga determinada de discrecionalidad. Ante un juez con una conducta indecorosa ante el público, ante un trato irrespetuoso y humillante de un tribunal, quizás la decisión emitida repose en bases justas y legales, pero ésta no será la retroalimentación a recibir por parte de sus usuarios del sistema y del resto del colectivo.

2.- En ese tenor, ganarse esa confianza requiere un gran esfuerzo, colectivo e individual, en donde la política judicial debe ir orientada a cultivar un comportamiento ético del juez, dentro y fuera de su horario laboral. Esto así, en tanto no puede esperarse que unas actuaciones aisladas –con relevancia moral– alcancen a sortear las dudas que puedan pesar sobre el conjunto en orden a dicho rasgo de conductas de los jueces[1]. Y en efecto, esa confianza pública que requiere la administración de justicia no se logra con unos pocos magistrados moralmente irreprochables (paradójicamente, bien puede empañarse esa imagen con la conducta indecorosa de un mínimo “insignificante” de jueces), y es aquí donde los Códigos de Comportamiento Ético tienen una misión tanto deontológica como operativa, en tanto no solamente sirven para establecer cuáles son los comportamientos deseados por los jueces, sino además constituyen un punto de partida para el funcionamiento del órgano disciplinario dentro de la judicatura.

Estos códigos plantean el “deber-ser” de la conducta del juez, y sirven a su vez para la sociedad tener presente que si bien una golondrina no hace verano, también la conducta indecorosa por parte de un magistrado no pasa inadvertida dentro del sistema, al punto que el fundamento utilizado en varias decisiones de nuestro órgano disciplinario que separan al juez del cargo ha sido la mala fama adquirida por éstos dentro y fuera de su desempeño como juez y como ser humano. El Juez, debemos recordar en este punto, tiene la misión delicada de juzgar conductas de los hombres, y de éste se debe esperar algo más que ser parte de la sociedad, debe liderarla con su comportamiento probo.

3.- A pesar de las luces que brindan los Códigos de Comportamiento Ético en reivindicar y conservar la confianza pública hacia el Poder Judicial, este aporte por sí mismo no basta para fortalecer su imagen en la sociedad. La realidad es que vivimos en un Estado que no provee a los jueces y juezas de condiciones necesarias para ostentar una vida digna y que pueda representar hasta en su vestimenta al sistema que pertenece. Es un asunto que va más allá de lo económico, e incluso versa sobre la seguridad personal del Juez, donde las condiciones paupérrimas en que, en algunos lugares se administra justicia, pone en duda que realmente ese juzgador pueda tener en sus manos casos importantes y pueda fallarlos de manera independiente. Mi propuesta es que estas normas éticas deben venir de la mano con el fortalecimiento institucional de la justicia como poder del Estado y no un ministerio al servicio de políticos.

Adriano Taveras Marte

 


[1] ANDRUET, Armando. “BREVE HISTORIA DE LA ETICA JUDICIAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA”, p.8


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