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Las sentencias interpretativas del Tribunal Constitucional

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Dentro de las innovaciones de la Constitución del 2010  se encuentra principalmente la creación la creación del Tribunal Constitucional (arts. 184 y siguientes) como órgano supremo para el conocimiento –entre otras atribuciones– de las acciones constitucionales y del control de constitucionalidad de las normas[1]. La diferencia marcada no sólo se funda en una cuestión estructuralsino además en términos sustanciales, con la creación de diversas expectativas ante la parte final del citado artículo cuando menciona: “(…) Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado”. Entre esas expectativas se encontraba esencialmente cuáles son los tipos de sentencias que puede emitir un Tribunal Constitucional ante una acción directa de inconstitucionalidad.

 

En principio pudiéramos considerar que se limitan tan sólo a dos tipos de decisiones: estimatorias, cuando se acoge la acción, se declara la inconstitucionalidad de la norma y consecuentemente se expurga del ordenamiento jurídico; o desestimatorias, cuando declara el estatus de legitimidad de la ley impugnada, rechazando así la acción incoada. Sin embargo, la realidad es que las atribuciones propias de esta jurisdicción constitucional la convierten en un órgano de control del poder político, donde no se puede aplicar de forma tajante el principio de justicia distributiva aristotélica siempre y cuando se pueda llegar a un punto medio que garantice la primacía de la constitución y evitando lagunas innecesarias en el ordenamiento. En ese sentido, Jorge Prats establece además de los dos primeros mencionados, otros tres grandes grupos de las sentencias constitucionales:interpretativas, que actúan directamente sobre el contenido de la disposición normativa restringiendo su alcance, permitiendo al juez constitucional purgar la ley o reglamento cuestionado y reduciendo su capacidad normativa; normativas, cuando se busca enriquecer el contenido normativo de la norma cuestionada mediante una extensión de su alcance que la salva, al ponerla en conformidad con la Constitución; y exhortativas, cuando contienen directrices dirigidas, ora al legislador para que en un determinado plazo reforme la ley impugnada a fin de que elimine la parte incompatible con
la Carta Sustantiva, o para los administradores o jueces ordinarios.

Nuestra ley 137-11 Orgánica del TC y de los procesos constitucionales no distingue entre estos tres tipos de decisiones, sino que estructura las decisiones normativas (aditivas) y las exhortativas como especies dentro de las interpretativas, cuando en su artículo 47 dispone que el TC “(…) podrá dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considere como adecuado o no a la Constitución o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados”. Ese mismo artículo dispone en sus párrafos subsiguientes que el TC puede dictar sentencias que declaren expresamente la inconstitucionalidad parcial de un precepto, sin que dicha inconstitucionalidad afecte íntegramente a su texto; pudiendo ser incluso sentencias aditivas cuando el objetivo perseguido es controlar las omisiones legislativas constitucionales, o sentencias exhortativas o de cualquier otra modalidad admitida en la práctica constitucional comparada, lo que a nuestra humilde consideración, es un enunciado impreciso y abierto, cuando el poder que tiene a manos este órgano requiere precisión en el tipo o tipos de decisión que puede dictar. A todo esto cabe preguntarse si estas decisiones no rompen con la división y competencia de los poderes públicos, especialmente con el poder legislativo; y decimos esto, ya que si bien ha sido admitido que el TC opera como un legislador negativo ante la aprobación, promulgación, publicación y puesta en ejecución de leyes inconstitucionales, las decisiones interpretativas dando un paso más adelante, dando atribuciones a ese alto órgano constitucional tal si fuese un legislador positivo.

Lo primero que debemos destacar es que las sentencias interpretativas se fundan en el principio de «interpretación conforme a la Constitución», según el cual si dentro de los distintos y posibles sentidos de interpretación deducibles de un precepto constitucional existe alguno que razonablemente haga compatible ambos instrumentos normativos, tal sentido interpretativo debe ser necesariamente acogido por el tribunal, desestimando la inconstitucionalidad aducida y prefiriendo la interpretación conforme al derecho fundamental de que se trate[2]Respecto a esto el Tribunal Constitucional español ha establecido como ratio para la existencia de sentencias interpretativas que se trata de un medio al que recurre la jurisprudencia constitucional comparada para no producir lagunas innecesarias en el ordenamiento, evitando, al tiempo, que el mantenimiento del precepto impugnado pueda lesionar el principio básico de la primacía de la Constitución[3].

En este punto debemos tomar en cuenta que la Constitución tiene (y debe tener) una redacción abstracta, mucho más que la que puede esperarse de textos inferiores, precisamente porque en manos de las leyes, decretos, resoluciones, etc. –en el marco de sus respectivas competencias– se encuentra la misión de adecuar los derechos y deberes fundamentales a los distintos órdenes dentro de una sociedad; a esto se agrega el hecho de que cada roce social implica una colisión de derechos e intereses entre las partes que intervienen, en donde las nociones abstractas de la Constitución no pueden ser yuxtapuestas de forma categórica sin hacer un ejercicio previo de armonización, para el cual una interpretación lógica y razonable juega un papel clave. Aplicando lo anterior al tema de las sentencias interpretativas, si con la fuerza que tiene el Tribunal Constitucional éste solamente pudiese emitir sentencias estimatorias o desestimatorias, sus decisiones como legislador negativo eventualmente terminarían por crear lagunas irreparables dentro del ordenamiento jurídico, creando un volcado de toda la estructura normativa en base a que pueda aparecer una interpretación disímil de cada ley al texto constitucional. Si nos proponemos utilizar cualquiera de los métodos de la hermenéutica jurídica y lo aplicamos a cada norma legal vigente, considerando la forma en que cada ley tiende a limitar alguno que otro derecho fundamental, encontraríamos siempre una interpretación que ‘inconstitucionalice’ la norma analizada.

Esta es la importancia de las sentencias interpretativas, que más que atentar y vulnerar con las funciones del legislador, se pretende una solución ‘salomónica’ en el sentido de buscar una interpretación conforme a la Constitución que no requiera necesariamente expurgar la norma cuestionada. Si bien esto es cierto, no menos es que estamos realmente frente a una intromisión, y más aún con los casos de sentencias aditivas y exhortativas en que se traspasa directamente al rol del legislador para decirle qué hacer y cómo hacerlo, convirtiéndose inclusive el TC en un legislador positivo. De lo expuesto anteriormente, se verifica que se trata de una intromisión necesaria para garantizar que prevalezca el orden constitucional, que por demás, solamente puede hacerlo en la medida en que las leyes inferiores estén a tono con ciertos requisitos fundamentales.

A sensu contrario, estaríamos frente el dilema, si optar por dejar vigentes normas que no cumplen con los cánones constitucionales, atentando así con el principio de supremacía de la Constitución, o por lado, aplicar en cada caso las consecuencias propias de una sentencia estimatoria, dejando semi-inútil el rol del poder legislativo, y convirtiendo el TC como el real legislador del ordenamiento jurídico.

 

En conclusión, el Tribunal Constitucional es ciertamente un paradigma de poder dentro de nuestro ordenamiento jurídico, al punto que no se puede precisar con exactitud si estamos frente a una dependencia del poder judicial (como el caso de Costa Rica y su sala constitucional), un espectador externo desvinculado de todos los poderes, o bien una entidad –en términos normativos- con superioridad jerárquica a los tres poderes estatales consagrados. En consecuencia, ninguna de sus actuaciones quedará exenta de cuestionamientos en términos de legitimidad, normatividad e intromisión en las competencias y atribuciones de otros órganos estatales, sobre todo en el caso del Poder Legislativo, con la capacidad que tiene esa alta corte de convertirse en legislador negativo (a la hora de declarar inconstitucional una norma), y hasta en legislador positivo (al dictar sentencias normativas tendentes a llenar lagunas dejadas por el propio legislador que afecten el desarrollo de preceptos inconstitucionales).

Las sentencias interpretativas, que sirven como un mecanismo para interpretar una norma cuestiona de forma “adecuada” a los cánones constitucionales, ciertamente es una intromisión en las atribuciones del legislador (en algunos casos inclusive otorga plazos al legislador para crear o modificar normas vigentes para que las mismas suplan una laguna o antinomia en el ordenamiento). Habiendo destacado que esto un fundamento racional, la pregunta a formularse no es si constituyen o no intromisiones, sino más bien ¿Qué pasaría si tales poderes discrecionales pasan a manos de personas inconscientes con su delicado rol como supremos juzgadores?

 

Atm


[1] Gran parte de las atribuciones del Tribunal Constitucional (control directo de constitucionalidad, revisión de los principales procedimientos constitucionales, etc.) estaban a cargo de la Suprema Corte de Justicia en la anterior Constitución.

[2] EGUIGUREN PRAELI, Francisco José, “Las sentencias interpretativas o manipulativas y su utilización en el Tribunal Constitucional peruano”

[3] Tribunal Constitucional Español. STC 77/85

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1 comentario

  1. […] real macro detrás de esa decisión, que es el mismo que aplica para las 167 decisiones anteriores: El poder que tiene ese alto órgano constitucional en sus manos. Si tiene oportunidad verifique que casualmente en la mayoría de las decisiones, los votos […]

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