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La Interpretación del Lenguaje Jurídico

Este fue un trabajo académico, con motivo al Curso Virtual “Teoría General del Derecho”, impartido en la ENJ durante el primer trimestre del 2009. He dejado el contenido de este escrito intacto, y por ende, vulnerable a cualquier crítica y adaptación. El texto fuente para las informaciones es la magna obra de Santiago Carlos Nino, “Introducción al Análisis del Derecho”.

El problema principal en la interpretación del lenguaje jurídico consiste en que no se llegue a la verdadera intención de lo que se pretende decir, dado que el mismo en muchas ocasiones puede ser ambiguo, impreciso, contener una carga emotiva, o que existan dificultades en la promulgación las normas.

Cuando planteamos la ambigüedad como un problema para interpretar el lenguaje, nos referimos a que hay muchos casos en que ciertas disposiciones legales puedan ser entendidas de varias formas, ya sea ambigüedad semántica, dado a que las palabras empleadas en el lenguaje jurídico tengan múltiples usos o significados que lleven a una confusión del lector a la hora de interpretarlo;  o porque exista una ambigüedad sintáctica, fruto de que la conexión de las palabras dentro de la disposición deje como resultado varias formas de interpretar la idea completa. Ejemplo: el artículo 10 de la Ley de Cheques dispone que: “Si el cheque contiene firmas de personas incapaces de obligarse por cheques, o firmas falsa o de personas imaginarias, o firmas que por cualquiera otra razón no puedan obligar a las personas que han firmado, o a nombre de las cuales haya sido firmado el cheque, las obligaciones de los otros firmantes no perderán por eso su validez”. En este caso, el uso constante de la proposición “o” en este artículo es ambiguo, ya que impide determinar si aún con la concurrencia de todas las situaciones expresadas el cheque se mantenga su validez en cuanto a las obligaciones de los otros firmantes, o si por el contrario, solo puede aceptarse una de esas situaciones.

En cuanto a la imprecisión en el lenguaje, se refiere al uso de términos vagos, o sea, que tienen un carácter muy abstracto que puede llevar a múltiples interpretaciones a la hora de aplicarlos a un caso concreto. Ejemplo de esto es el artículo 109 de la Constitución Dominicana establece que: “La justicia se administrará gratuitamente en todo el territorio de la República”, los términos “Justicia” y “gratuitamente” son vagos, dado a que no se establece con precisión hasta qué punto la justicia es gratis, tomando en cuenta que a los fines de acceder a la justicia se requiere de una serie de formalismos que conllevan pagos de impuestos, así como notificaciones, constituciones de abogados, etc.

Cuando el lenguaje contiene una carga emotiva tiende a traer confusiones, dado a que dentro del mismo se hace un juicio de valores de las palabras que tiende a llevar a un prejuicio en la hora de interpretarlas. Tal es el caso del artículo 1374 del Código Civil Dominicano dispone que: “Está obligado a emplear en la gestión todos los cuidados de un buen padre de familia”; En este caso aparece una carga emotiva en la expresión buen padre de familia, planteando un juicio de valores a aplicarse a la figura del gestor de negocios ajenos, que puede llevar a una interpretación muy subjetiva a la forma en que deba llevarse la gestión.

Finalmente, cuando hablamos de dificultades en la promulgación de las normas, que se dan cuando no existe coherencia entre lo expresado por el lenguaje jurídico y la intención del legislador, fruto de problemas meramente técnicos. Un ejemplo de esto es el artículo 295 del Código Penal Dominicano establece que: “El que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio”. En este caso existe un problema en la interpretación del lenguaje, dado a que ha sido un criterio aceptado que se quiso decir intencionalmente y no voluntariamente.

Leyendo este trabajo, hoy hace ya tres años, llego a la conclusión de que los problemas de interpretación del derecho no son el problema más grave… sino la falta de conciencia sobre la existencia de estos problemas. Definitivamente, si nos mantenemos bajo una posición hermética de que el derecho positivo es autosuficiente, estamos condenados a presenciar como esa forma de pensamiento colapsa ante la lógica estructural misma del derecho, y sobre todo, ante la realidad práctica y social en que el mismo debe aplicarse.

Atm


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