Letrado 21

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Los procesos disciplinarios en la Justicia Dominicana: Un horizonte peligroso.

Con la instauración del Consejo del Poder Judicial como órgano encargado, entre otras cosas, de la función disciplinaria del sistema de justicia, las expectativas positivas y negativas son muchas, sobre todo en lo que concierne a los procesos disciplinarios. ¿Qué es lo que representa, en esencia, un proceso disciplinario para la justicia dominicana? ¿Debemos limitarnos a mirar el caso en específico o verificar si más allá en el horizonte hay peligros que debemos advertir para la independencia judicial?

Con la puesta en vigencia de la nueva Constitución Dominicana el 26-01-2010, se verificaron muchos cambios orgánicos e institucionales, como lo fue la creación del Consejo del Poder Judicial como órgano encargado, entre otras cosas, de la función disciplinaria dentro del tren de justicia [1], quitando esta atribución de las manos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Considerando el carácter representativo que ostenta el nuevo organismo [2], y el problema de que algunas de las decisiones emitidas por el otrora órgano disciplinario no transmitían con claridad y precisión las razones concretas por las cuales un juez o jueza fuere removido de sus funciones; las expectativas estaban a la orden del día.

 

Huelga decir que el CPJ tiene apenas un año de funcionamiento, resultando prematuro y muy subjetivo determinar un real cambio de paradigma entre una cosa y la otra, más más se pueden valorar aspectos positivos en estas decisiones, como son:

* Votos disidentes, y precisamente de aquellos que representan la base inferior de la pirámide, que son los dos concejales que representan al colectivo de jueces de paz y de jueces de primera instancia, lo que demuestra cierto grado de independencia entre ellos, como también un ejercicio democrático de la deliberación.

* Mayor sustentación en el plano fáctico, donde se detalla con mayor precisión las pruebas utilizadas y su valoración, tal si fuere una decisión jurisdiccional;

* Mayor celeridad en los procesos, ya que la dilación innecesaria en un proceso disciplinario en el cual por lo general el “intervenido” queda suspendido provisionalmente de sus funciones hasta que intervenga una decisión definitiva, resulta tan traumática como cualquier decisión a la que arribe este plenario. 

Con todo esto, las decisiones rendidas hasta la fecha por el CPJ coinciden en ser destitución del Juez sometido, y se le ha dado formal apertura a investigaciones de otros casos que iniciaron por mera disconformidad con el resultado final de un proceso. Aquí radica un peligro del que debemos estar atentos, y es que por un asunto de unidad y coherencia, cualquiera de estas decisiones no solamente impacta al caso particular, sino que repercute consecuentemente en toda la sociedad, de la cual los jueces forman parte, cosa que nos obliga a permanecer atentos a todas y cada una de las actuaciones de este órgano disciplinario; sin limitarnos a la decisión, a todo el proceso y sus detalles. 

Entre estos detalles, se encuentra el “notis criminis” del juicio disciplinario, en donde ya tenemos la experiencia de casos anteriores[3], donde se verifica un común denominador: la chispa de ignición de la solución dictada por un tribunal de justiciaUna investigación es un procedimiento que lleva una inversión de tiempo, recursos materiales y humanos, todo con un propósito esencial: Determinar la existencia o no de irregularidades en el desempeño judicial. Este es un propósito que se nubla ante el ocaso de que cualquier parte que se sienta lesionado por el efecto de una decisión judicial (Que es una de dos soluciones dentro de la justicia aristotélica distributiva). En efecto, la sola apertura de una investigación debe realizarse mayores indicios que la mera disconformidad con la decisión, ya que para esto el legislador instauró las vías de los recursos. 

Esta crítica no va dirigida a aquellos que puedan sentirse legitimamente afectados por una actuación que consideren poco honorable de parte de un juez; el ánimos no es de defender ni de censurar personas de las que conozco cuál es su desempeño, sino el efecto epidémico de esta situación en la costumbre jurídica dominicana: “Mejor que recurrir la sentencia es tratar de que le jalen las orejas al juez”. 

Lo anterior nos lleva al siguiente punto: falta una formulación precisa de cargos. El artículo 19 del CPP plantea que la imputación debe ser precisa y contener una relación detallada de lo que se le acusa al justiciable, en hecho y derecho. Parecería un principio propio del derecho penal, pero en realidad es una garantía consagrada en el bloque de constitucionalidad [4], y como tal, es inherente a todas las materias, inclusive en juicios disciplinarios en contra de jueces. Claro está, estamos frente a una materia sui generis, donde la investigación puede nacer porque, por ejemplo, se acuse que el Magistrado Juan Perez haya recibido un soborno de US$1,000,000.00 dolares para fallar un caso, y que fruto de la investigación salgan a relucir los aspectos A, B, C, distintos a lo imputado inicialmente, pero con una gravedad tal que pueden ameritar, igualmente, una sanción disiplinaria para el magistrado. Esto es admisible, siempre y cuando se traten de circunstancias de las cuales el juez intervenido pueda defenderse efectivamente y respecto de las cuales haya una correcta correlación entre acusación y sentencia. 

Sin embargo, el problema radica en dejar la cuestión original en el aire: ¿Pero el hombre cogió o no cogió dinero? Y sólo concentrarse en los nuevos o en otros hallazgos. No se debe evaluar exclusivamente la cantidad de las cosas de las que se acusa, sino además el mérito de cada acusación, si el resultado de la investigación se correlaciona con estos puntos negros, y no dejarlos en el aire en una decisión, quedando de esa misma forma el aspecto moral de la decisión para el juez en un limbo. En definitiva, aún cuando no se exija de forma sacramental una formulación precisa de cargos, debe al menos la decisión contener una correlación entre lo que se le acusa y lo demostrado. 

Otro punto es la real utilidad del voto disidente: Aún cuando hemos destacado como punto positivo que los miembros puedan emitir opiniones divergentes en la sentencia disciplinaria, si aplicamos un criterio de eficacia, se trata de una actitud responsable e íntegra que no tiene un valor real en los efectos de la decisión para el caso particular. En efecto, el voto disidente es fuente no sólo para el estudio de la posición independiente que tenga uno o varios magistrados en un caso concreto, sino también una herramienta argumentativa para un posible recurso a la decisión impugnada, en donde los mismos argumentos utilizados en este voto se pueden trasmitir a la jurisdicción de alzada. Esto no puede verificarse en estos juicios disciplinarios, ya que se trata de una decisión en única instancia e irreversible, en donde el voto disidente sería una nota al pie a tomar en cuenta para un próximo caso, con miras a romper el autoprecedente, pero aún lográndose esto, no hay efecto retroactivo para el que ya fue víctima de la decisión mayoritaria. Como dicen por ahí: “ Ya el palo ta’ dao’ ”. 

Pero de todos estos puntos negativos, el que más oscurece a los procesos disciplinarios es el atentado a la independencia judicial: 

Huelga referir que la judicatura dominicana actualmente pasa por momentos difíciles: entre la espada del populismo y la pared de las carencias económicas. Las garras del populismo han llegado a donde la política partidista se ha quedado para una institución del Estado que, paradójicamente, ha logrado exorcizar casi todos los demonios de la pseudo-política dominicana, un país en donde el progreso se inhala en campaña y se exhala en los restantes cuatro años. 

Ante este clima de inestabilidad, ante el constante cuestionamiento de decisiones “flexibles” de jueces “cobardes”, “pusilánimes”, o en el mejor de los casos, “garantistas a ultranzas”, estos procesos judiciales deben cuidarse de mandar mensajes erróneos a la sociedad, como lo sería la posibilidad de abrogarse las vías de los recursos, que un juez debe ser sancionado disciplinariamente por seguir lo que establece la Ley, o al menos por su forma de interpretarla, sin sin demostrarse ni prevaricación ni una actitud dolosa de su parte.

No pretendo que las investigaciones pertinentes cesen, ni que algún usuario del sistema que se sienta defraudado por una conducta poco honorable de parte del juez desista de su deseo de poner su denuncia [es más, se trata de una conducta que invito a que se fomente responsablemente], ni mucho menos pretendo que, demostrándose una o varias faltas graves en el ejercicio de sus funciones de parte de un juez, el asunto quede impune, sin pena y sin gloria.

 

Sin embargo, concluyo este artículo a modo de advertencia: El ius puniendi disciplinario debe ser utilizado con todo el tacto y la prudencia, garantizando los mismos derechos que los jueces están supuestos a tutelar a los usuarios del sistema, ofreciendo una decisión que con claridad y nitidez indique al lector la razón por la que un juez ha sido sancionado disciplinariamente, pero sobre todo, que se establezca una clara distinción entre lo jurisdiccional y lo disciplinario, ya que desde el momento en que se invade esa esfera, se le resta al Juez el imperium que sobre sus hombros recae para determinar cuál es la decisión más lógica, razonable y justa para el caso concreto.

 

No podemos confundir seguridad jurídica con status-quo.

No se puede confundir la prudencia con cobardía.

 

Pero más importante aún, esa independencia judicial no es un símbolo de anarquía, sino más bien un símbolo de garantía que representa un sistema sólido de justicia, en donde el usuario pueda tener la garantía de que el Juez que conozca de su caso no se encuentre atado a las presiones y ataques que puedan venir desde afuera o desde adentro, sino que el mismo se encuentra atado a lo que dispone la Constitución y demás normas. Cuando se invade esta zona, trazamos un camino peligroso a seguir, donde se empieza con la medida de coerción que OBLIGATORIAMENTE debe imponer el juez en un caso concreto, y luego llegamos a la materia civil, en donde tendríamos que colocar una tabla de valores para las indemnizaciones; solución similar para las pensiones alimentarias. Pero también habría que tener cuidado con las medidas conservatorias a ordenar (o contra quien se ordenen), quizás se determine como un ejercicio desbordado del poder imponer un embargo retentivo por el duplo de lo adeudado, y pobre del juez que haya sido tan libertino. Al final, la dirección de este argumento lleva a que los jueces puedan ser sustituidos por computadoras, y de esta la justicia se reduce a un algoritmo.

 

Atm

 

_____

  1. En efecto, el artículo 156.3 dispone dentro de sus funciones: “El control disciplinario de los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia”.

  2. El artículo 155 de la Constitución establece que el CPJ estará conformado por el Presidente de la SCJ, un Juez miembro de la Suprema elegido por el mismo pleno; un Juez de Corte de Apelación o equivalente, un Juez de Primera Instancia y un Juez de Paz; éstos tres últimos electos por sus pares.

  3. Véase: http://bit.ly/y8SusD [Ordenan Investigar Sentencia Tribunal Colegiado SPM en favor de narcos], y http://bit.ly/xHDtv1 [SCJ ordena investigar fallo condena ejecutivos del grupo Barceló]

  4. Véase artículo 69 de la Constitución, el 8.2 de la CADH, y 14 del PIDCP.

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