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¿Un monumento a la impunidad o tutela judicial efectiva y debido proceso?

Mag. Alba Beard (autora)Excelente colaboración de parte de la magistrada Alba Luisa Beard, en el que se explora el actual paradigma que se vive en R.D. con respecto de la impunidad y la función judicial.

El Periódico Listín Diario de fecha 2 de diciembre del año 2011, en sus paginas 8-A y 9-A produjo un escrito titulado “Monumento a la Impunidad” el cual carece de autor, ya que en ninguna de las dos páginas antes señaladas se hace constar si se trata de un reporte de algún periodista o si se trata de una publicación pagada, por tanto, su contenido se le atribuye a los responsables de dicho medio, como a quienes le suministraron la referida información, que según dice el mismo periódico fueron los miembros de la DNCD. Obviamente que, sin la anuencia de su director no pudo haber sido. En él se reflejan una serie de decisiones judiciales cuyo contenido se refiere a Autos de no ha Lugar o a Resoluciones sobre Variación de Medidas de Coerción, dictadas por varios jueces del Poder Judicial, entre los cuales se encuentra esta servidora, Alba Luisa Beard Marcos, a propósito de una decisión que rendí en ocasión de una acusación presentada por el Ministerio Publico contra seis personas acusadas de narcotráfico. En ese sentido, es necesario hacer un ejercicio introductorio respecto a algunos aspectos fundamentales para conocimiento de la ciudadanía, en especial, y de aquellos órganos llamados a ejercer, de alguna manera, el poder punitivo del Estado.

En ese sentido, es necesario a titulo de preámbulo, hacer algunas acotaciones relativas a lo que es un Estado Social de Derecho, en sentido general y en sentido particular si nuestro país se corresponde con este sistema de Estado, o no.

Sin abundar mucho en este aspecto podemos puntualizar lo siguiente: El Estado de Derecho, tiene como principal función la sujeción de los poderes del Estado a la Constitución y a las normas adjetivas elaboradas y promulgadas de acuerdo a lo que la misma constitución dispone. La finalidad de ello es controlar los órganos estatales que ejercen esos poderes, pues de lo contario habría un uso descontrolado de los poderes públicos frente a los gobernados o sociedad en sentido general. Es por ello que las acciones de los poderes del Estado, están limitadas frente a los derechos de los individuos y solamente se permite su vulneración cuando la propia constitución y las leyes adjetivas acordes con esta última, lo permiten. De ahí entonces el principio de la supremacía de la Constitución y la separación de funciones en el ejercicio de los poderes públicos.

La Republica Dominicana, fue constituida desde sus inicios conforme los elementos de un Estado, Social de Derecho, pues es la misma Constitución nuestra que así lo ha dispuesto y dispone en la actualidad, veamos pues lo establecido en el artículo 4 en ese sentido: “Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes”.

De la lectura de lo que pareciera un simple artículo podemos comprobar que nuestro Estado es uno Social Democrático de Derecho, compuesto por tres poderes, independientes uno del otro, sin facultad de delegación y sujetos a la constitución y las leyes. De ahí que cada poder tiene sus propias funciones independientes uno de los otros, las cuales no se les permite delegar y aun mas las mismas están sujetas a la constitución y las leyes, únicamente.

El termino independencia entre un poder y otro, se refiere a la separación de poderes, ordenando y distribuyendo las funciones del Estado, cuya titularidad le es confiada a cada órgano, todo lo cual conjuntamente con la positivización de los derechos humanos, llamados entonces derechos fundamentales, consagrados en la Constitución, son principios que caracterizan todo estado de derecho, lo cual se corresponde con el nuestro: Republica Dominicana.

Ahora bien, dentro de las respectivas funciones de los poderes del Estado, está el llamado control reciproco o peso y contrapeso norteamericano. Siendo así, que la misma Constitución dispone de los controles que ejerce un poder sobre otro y viceversas, con la finalidad de evitar que esos poderes se desborden en detrimento de la sociedad y los derechos de los individuos. De tal manera que en procura de evitar que una rama del poder se convirtiera en suprema frente a las demas, los sistemas de gobierno con separación de poderes como el nuestro, llevan consigo desde su formación el famoso “checks and balances” (controles y contrapesos). El cual se refiere a los controles que permiten a una de las ramas del poder, limitar a otra. Es por ello entonces, que por ejemplo, la ley de gastos publico, esta sujeta a la aprobación por el Senado de la Republica, Las leyes están sujetas, en principio a la promulgación o veto por parte del Poder Ejecutivo y asi muchas otras funciones de los poderes del Estado, que no necesitamos mencionar en estos momentos pues no es el objetivo central de esta comunicación.

De todo lo anterior es claro que el Estado Dominicano, está compuesto por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial y que cada uno de estos poderes entre si, funcionan independientemente el uno del otro, por tanto compete a cada uno de manera exclusiva las atribuciones que la Constitución y las leyes les confieren y por ende solo están sujetos a esas normas. Bajo esas premisas entonces, queda claro que el Poder Judicial como uno de los poderes del Estado, esta solamente sujeto a la Constitución y la ley y por ende los funcionarios a través de los cuales se ejerce ese poder que son los jueces.

De manera breve y para mejor entendimiento de la presente aclaratoria, en sentido general, es preciso decir que en todo Estado Social Democrático, existe el Poder Punitivo o ius puniendi, como elemento esencial del mismo, el cual consiste en crear las normas y los órganos llamados al control social de sus habitantes. No obstante, hay consenso doctrinal en cuanto a la necesidad de que el ejercicio de este poder en un Estado democrático, respete las garantías propias del Estado de Derecho que constituyen sus límites.

Acerca de la definición del Ius Puniendi o poder punitivo del Estado dice Mir Puig: “Se trata, (…) de una forma de control social lo suficientemente importante como para que, por una parte haya sido monopolizado por el Estado y, por otra parte, constituya una de las parcelas fundamentales del poder estatal que desde la Revolución francesa se considera necesario delimitar con la máxima claridad posible como garantía del ciudadano.”

De lo anterior se colige que el Estado debe dar cumplimiento a esa protección contra su propio poder punitivo, en dos vertientes, primero con la creación de normas que regulen y limiten la libertad de actuar de los hombres y su respectiva sanción correlativa a la violación a esa norma, pues resultaría inútil una ley susceptible de ser violada sin la imposición de una sanción y segundo con creación de controles y limites a su propio poder. Y son justamente los poderes del Estado pre- constituidos los que deben ejercer el control y las limitaciones sobre su propio poder punitivo, sea a través de la adecuación de las normas y ordenamientos jurídicos procesales a la propia Constitución de la Republica, así como a través de decisiones jurisprudenciales que acorde con esa constitución y leyes, den una verdadera interpretación a la norma y su aplicación, ya que es difícil concebir que los propios órganos que ejercer el poder punitivo del Estado se limiten de manera unilateral y voluntariamente y esto último se hace a través de la administración de justicia a cargo de los jueces.

Por todo lo anterior es claro que en Republica Dominicana, que es mi país, existen los principios de separación de poderes y el de Supremacía Constitucional, como fundamento de la Nación. Eso es indiscutible.

En base pues a ese principio de separación de los poderes, es que el artículo 149 de la Constitución establece cual es la función del Poder Judicial y a través de qué órganos ejerce esa función, veamos: “Artículo 149.- Poder Judicial. La justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por esta Constitución y por las leyes. Párrafo I.- La función judicial consiste en administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley.

Por su parte el artículo 169 de la misma Constitución define el Ministerio Público y su función, el cual dispone: “Definición y funciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.

Por lo antes expuesto es claro que: Primero, mientras el Ministerio Publico tiene a su cargo, la política criminal del Estado y con ello no solo el diseño de estrategias a fin de prevenir los actos delictivos, sino también la investigación y persecución de los hechos punibles a fin de procurar una sanción al justiciable, el resarcimiento al ofendido y a la sociedad en sentido general, y ; Segundo es a cargo del Poder Judicial, el cual se ejerce por los Tribunales y juzgados creados por ley, que esta la misión de administrar justicia juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. En consecuencia, es evidente que son roles disimiles entre si y que en virtud del artículo 22 del Código Procesal Penal, no le es permitido la injerencia de uno sobre el otro. Veamos pues, el artículo 22 del Código Procesal Penal: “Separación de funciones. Las funciones de investigación y de persecución están separadas de la función jurisdiccional. El Juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción penal ni el ministerio público puede realizar actos jurisdiccionales. La policía y todo otro funcionario que actúe en tareas de investigación en un procedimiento penal dependen funcionalmente del ministerio público”.

Ahora bien, vistos ya los roles distintos del Poder Judicial y del Ministerio Publico y con este ultimo la dependencia funcional y subordinación de los departamentos investigativos de la policía frente al Ministerio Publico, según mandato constitucional, pasamos pues a determinar las normas que controlan esas funciones, ya de orden Constitucional, ya de orden adjetivas.

El Titulo II de la Constitución de la Republica, CAPÍTULO II, sobre las garantías y derechos fundamentales, establece en su artículo 68 que la constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Asimismo, dispone que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la Constitución y por la ley.

De igual manera el articulo 69, dispone la Tutela judicial efectiva y el debido proceso, en ese tenor establece que toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen en el mismo articulo dentro del cual se encuentra el numeral 8 que reza: “Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley”. Y hacemos alusión a este numeral, en razón de que fue el fundamento principal de la decisión dada por esta juzgadora y que fue objeto del llamado MONUMENTO A LA IMPUNIDAD publicado por el Listin Diario.

Para que se cumpla con el mandato constitucional de que ella misma garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y protección, es obvio que debe hacerse fehaciente la supremacía de ella, ya que la protección de los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes, pues de lo contrario sus preceptos serian inútiles y simples enunciados.

De su parte cuando la constitución se refiere a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, consagrando un catalogo de principios a esos fines, los cuales no son limitativos, porque recordemos que los derechos fundamentales consagrados en la constitución no son limitativos, lo hace desde dos perspectivas a mi entender, la primera se refiere a la obligación del sistema de justicia y en su máxima expresión material, que es el juzgador, de salvaguardar y proteger los derechos de las partes involucradas en un proceso, asi como el derecho a un proceso apegado a los procedimientos previamente establecidos, regidos obviamente por los principios que les son inherentes, propios de las normas procesales. De ahí que la prueba que se pretende hacer valer en un proceso, sin observancia de los procedimientos legales que la rigen para su obtención, sea nula según dispone el numeral 8 del art. 69 de la constitución antes citado.

Y porque el legislador estableció constitucionalmente la nulidad de las pruebas obtenidas fuera de los procedimientos establecidos? Esto es entendible sin mayores esfuerzos y razonamientos filosóficos, pues si se dejara al albedrio del interesado, es claro que cada quien hiciera uso de los mecanismos particulares favorables, siempre a sus pretensiones, eso por un lado y por otro lado, y lo que es mas importante, los derechos fundamentales solamente pueden ser vulnerados bajo los procedimientos y formalidades establecidos por la constitución y las leyes conforme a la misma Constitución, en consecuencia, una prueba obtenida sin la observancia de la norma adjetiva, es nula de toda nulidad, por aplicación de la Constitución.

Ya de manera adjetiva, las sanciones a las pruebas obtenidas en violación a las formas consagradas en el Código Procesal Penal, están contenidas en los artículos 166 y 167 del mismo Código, los cuales disponen: “Art. 166.- Legalidad de la prueba. Los elementos de prueba sólo pueden ser valorados si han sido obtenidos por un medio lícito y conforme a las disposiciones de este código. Art. 167.- Exclusión probatoria. No puede ser apreciada para fundar una decisión judicial, ni utilizada como presupuesto de ella, la prueba recogida con inobservancia de las formas y condiciones que impliquen violación de derechos y garantías del imputado, previstos en la Constitución de la República, los tratados internacionales y este código. Tampoco pueden ser apreciadas aquellas pruebas que sean la consecuencia directa de ellas, salvo si se ha podido obtener otra información lícita que arroje el mismo resultado”

Asimismo el articulo 192 del antes citado Código establece cuales son las formalidades que deben cumplirse para obtener una interceptación telefónica, disponiendo en ese sentido: “Art. 192.- Interceptación de telecomunicaciones. Se requiere autorización judicial para la interceptación, captación y grabación de las comunicaciones, mensajes, datos, imágenes o sonidos transmitidos a través de redes públicas o privadas de telecomunicaciones por el imputado o cualquier otra persona

que pueda facilitar razonablemente información relevante para la determinación de un hecho punible, cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerlas. Se procede conforme a las reglas del allanamiento o registro. La medida de interceptación de comunicaciones tiene carácter excepcional y debe renovarse cada treinta días, expresando

los motivos que justifican la extensión del plazo. La resolución judicial que autoriza la interceptación o captación de comunicaciones debe indicar todos los elementos de identificación de los medios a interceptar y el hecho que motiva la medida. El funcionario encargado debe levantar acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes para la investigación con exclusión de cualquier otra comunicación de carácter personal o familiar. Bajo esas formalidades la grabación puede ser reproducida en el juicio o su transcripción puede ser incorporada por su lectura, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar su reproducción íntegra. Me pregunto: a qué funcionario ordeno el Juez de la Instrucción mediante las resoluciones de interceptación telefónica, realizar las mismas? Ordeno que esas interceptaciones fueran realizadas por las empresas privadas ORANGE Y CLARO, en ningún momento le dio esa facultad a la DNCD ni mucho menos a la DITI, que fueron los organismos que las hicieron según confesión en audiencia de los fiscales acusadores, como se vera mas adelante.

En el caso seguido a los seis (6) justiciables encabezado por el mayor de la Policía Nacional, subjefe de la División Antinarcóticos de San Francisco de Macorís, Miguel Rodríguez, relativo a la violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, sobre el cual se me atribuye haber cometido “incomparables anomalías” al haber rendido un AUTO DE NO HA LUGAR a favor de 5 de ellos, es necesario establecer por este medio, (aunque si mis detractores hubieran leído la resolución que ordena ese auto, bueno partiendo de que tuvieren el mínimo de entendimiento, hubieran comprobado las razones por las cuales fue necesario otorgar dicho auto y no precisamente, aquellas que se me atribuyen de “incomparables anomalías”) de manera clara esas razones, aun contenidas en la referida resolución de auto de no ha lugar.

Lo primero que hay que dejar claramente establecido es que ante las primeros medios de defensa de los abogados de los imputados, relativo a unas supuestas cedulas de identidad y electoral presuntamente encontradas en la vivienda familiar de uno de los imputados en ocasión de un allanamiento, el Ministerio Publico se defendió argumentado que ellos no podían presentar esa prueba debido a que todas las pruebas habían sido sustraídas del expediente en la Fiscalia, pero que dado que la suprema había dicho que las fotocopias hacen prueba ellos contaban con algunas fotocopias que podían presentar. Ante esta defensa del fiscal, los abogados de los justiciables, decidieron dar aquiescencia a que el Ministerio Publico contaba con sus pruebas, por lo que esta juzgadora como tercero imparcial, ordeno la continuación de los debates. Posterior a ello y fue el argumento mas fuerte impetrado por los abogados de la defensa, todos a unanimidad hicieron alusión a las interceptaciones telefónicas y su licitud. Argumentando que las resoluciones que hizo mención el Ministerio Publico, en donde el juez de la instrucción autoriza la interceptación respecto de algunos números telefónicos, eran nulas pues las mismas habían sido obtenidas de manera ilícita en razón de que las interceptaciones fueron hechas por la DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS y no por ORANGE Y CLARO que fueron las empresas autorizadas por el juez de la instrucción. En ese sentido se defendió el Ministerio Publico informando, tal y como consta en la resolución de que se trata, que cuando se procura la autorización del juez de la instrucción a fin de realizar una intervención se hace con el propósito único de robustecer el expediente, pero que en la práctica es la DITI órgano de la DNCD que tiene montada una plataforma mediante la cual hace sus propias interceptaciones y que jamás las telefónicas pueden estar involucradas en investigaciones de esa naturaleza.

Pues bien siendo esta la única prueba con la que contaba el Fiscal, y que tampoco pudo presentar en audiencia, ya que las otras se referían a registro de persona y de vehículo donde los oficiales actuantes establecieron que no se les encontró nada comprometedor en contra de los justiciables que fueron favorecidos con auto de no ha lugar, es evidente que hasta un neófito del derecho ha de saber que no había otra alternativa que no fuera auto de no ha lugar, por la sola aplicación del articulo 69.8 de la constitución señalado precedentemente.

Recordemos que en el Estado de Derecho la actividad judicial, como la de cualquier ciudadano y cualquier otro órgano del Estado, está sometida al imperio de la Constitución y la ley y sólo en ella encuentra su límite. Ahora bien, si cada vez que el juez cumple con los mandatos constitucionales y legislativos, la DNCD y los medios de comunicación van a detractar sus decisiones, entonces que cierren el Congreso, quemen los códigos, las leyes y la Constitución y que se erijan en legisladores ellos.

Aclarado lo anteriormente expuesto y en lo que a mi persona concierne, intimo por este medio público, tanto al Director Nacional de Control de Drogas, como al medio informativo escrito y electrónico Listín Diario para que realicen por la misma vía el desagravio correspondiente, pues de lo contrario esta administradora de justicia, ciudadana dominicana, seguirá los procedimientos legales ante los tribunales de la Republica a fin de que los mismos prueben en que consisten las llamadas “incomparables anomalías” que a sus juicio cometí en el ejercicio de mis funciones, específicamente en el caso seguido a los ciudadanos Miguel Rodriguez y compartes. Advirtiéndole a dicho Policía, Director Nacional de Control de Drogas y medio de difusión Listín Diario, que de no probar en justicia sus alegatos, quedara claramente comprobada su responsabilidad penal y civil, respecto a las falsas acusaciones a mi persona, las cuales no solo me han ocasionado danos y perjuicios personales, pues cada vez que entro a un aula de clase es el tema obligado de mis estudiantes cuestionándome al respecto, sino que mis hijos se han visto envestidos por parte de sus amigos y compañeros de clases universitaria y de trabajo, de preguntas y cuestionantes que los han obligado a sustraerse del ambiente publico a partir de tan oprobiosa imputaciones contra mi persona.

Por último, informo a mis detractores y a la sociedad en sentido general, aunque quienes me conocen, saben de mi trayectoria, que a diferencia de otros jueces, esta juzgadora, ALBA LUISA BEARD MARCOS, dominicana, mayor de edad, cedula de identidad y electoral No. 001-1136491-5, campesina de nacimiento y de corazón, no permitirá jamás que nadie pisotee su nombre bajo el alegato de que los jueces hablan por sentencia, ya que eso solo se aplica a los casos de que el juez esta apoderado, no así a imputaciones hechas a su persona, informándoles además que soy funcionaria pública desde el año 2003, primero como Fiscal Adjunto y en la actualidad como juez, y ni antes ni en el ejercicio de esas funciones públicas, ningún ciudadano dominicano ni del mundo, puede señalarme ni con el pétalo de una rosa, menos con su dedo, pues he sido, soy y seré un ser humano honesta y responsable de cada una de mis actuaciones en la vida y por ello no permito que nadie pisotee mi dignidad ni ensucie mi nombre pues es la única herencia de mis padres Luz María Marcos Fernández y Palmiro Beard, que en paz descansen, la cual dejare como legado universal a mis hijos, por lo que estoy dispuesta a defender mi honorabilidad en el ejercicio de mis funciones a costa de mi propia vida si fuere necesario y en cualquier terreno que mis detractores eligieran. Pues lo único que tengo en la vida es eso y no dejare que nadie me lo arranque con bajas ligerezas aun deje mi vida en el camino u mi sangre corra por los contenes.

Por el contrario, invito a revisar mi patrimonio antes de entrar a la administración de justicia y ahora y así invito a revisar también los de mis detractores a ver quien lo puede justificar o no, o quien entra dentro de lavado activo o blanqueo de capitales, pues nuestros salarios son conocidos por el pueblo y sabemos claramente hasta donde llega el poder adquisitivo sujeto al salario de la policía nacional y los institutos castrenses y el de los jueces propios.

Por último y como soy una apasionada por la docencia, ejerciéndola desde los 13 años de edad, en la actualidad impartiendo más de 20 materias a nivel de pre grado y maestría en las diversas universidades del país, me pongo a las ordenes gratuitamente, de aquellos que quisieran conocer los procedimientos a seguir en la obtención de las pruebas y de ese forma aprendan a realizar investigaciones serias apegadas a la Constitución y las leyes y a no ocultar evidencias por conveniencias de negociaciones subrepticias antes de presentar el caso al juez, para luego decirle a los ciudadanos que los delincuentes salen libres por culpa del Juez y cuando no del Código, como es la costumbre. Dejen las malas prácticas de negociar casos enviándolos viciados o vacios a los tribunales, para luego decir que los jueces sueltan los delincuentes, cumplan con sus responsabilidades y funciones que yo como juez y en aplicación del principio de separación de funciones, cumplo con la mía, faltos de respeto.

Sean responsables,

Alba Luisa Beard Marcos.

Juez.


2 comentarios

  1. Cojan esa si pueden, que se creen que todo el mundo se presta a ser trapisonda de sus disparates.

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