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Un fiel ejemplo de contradicción de argumentos

Con motivo de un artículo publicado en el periódico DominicanosHOY de fecha miércoles 16-02-2011. Que se sepa… mi único interés radica en que, a la hora de asumir posturas, debemos valernos de argumentos más solidos y coherentes, independientemente de cual sea. Poco importa si se establece o no un límite etario para conformar el Tribunal Constitucional, lo que importa es la forma en que se justifique la medida a tomar. He aquí el link del artículo:

Dominicanos HOY

"Martínez advierte no permitirá violen Constitución".

En efecto, en este artículo se puede apreciar que el Presidente de la Cámara de Diputados salió como paladín del texto Constitucional al defender el DERECHO A LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION (Art. 39), al establecer que no puede haber discriminación a los derechos de las personas atendiendo a la condición de genero, color, discapacidad o edad, refiriéndose al tema del límite de edad para formar parte del TC. En sus propias palabras: “el Tribunal Constitucional debe verse con una visión de Estado y de país y no con visión de inmediatez (…) quienes se empecinen por fijar la edad limite de 75 como una condición obligatoria y discriminatoria tendrán de frente a los quieres respetan la Carta Sustantiva”, queriendo con esto significar que fijar un limite de edad para conformar el Tribunal Constitucional es una forma de discriminar….”


¿En Serio? ¿Evitar que nuestro órgano supremo en materia constitucional esté conformado por personas que, en razón a su edad, deben estar en una etapa de retiro y delegar esa oportunidad a candidatos más jóvenes es una forma arbitraria de discriminación? ¿Entender que una persona de 76 años es elegible para ocupar un cargo público de nueve (09) años, culminando funciones a los 85 años, es la mejor forma de interpretar la IGUALDAD? ¿Acaso por defender la igualdad entre jóvenes y geriátricos, no acabaríamos mermando aquellas diferencias que resultan de los talentos y las virtudes, excepción claramente establecida en la Constitución?


Bajo la suposición de que TODAS LAS PREGUNTAS ANTES FORMULADAS se contesten afirmativamente, y que ciertamente fijar un límite de edad para trabajar es una forma de discriminación no admitida en nuestro ordenamiento jurídico, éste es un postulado que debemos llevarlo a todos los escenarios, por cuestiones de coherencia… es decir… también sería discriminatorio nuestro sistema de Seguridad Social, las AFP, el sistema de Carrera Judicial, nuestro Código Laboral, y sobre todo, nuestro Código Procesal Penal a la hora de imponer medidas de coerción, porque si las personas de 75 años pueden conformar un órgano constitucional por nueve (09) años, también pueden soportar prisión preventiva por tres (03) meses.


Y aún con todo esto, el autor de este artículo considera que no debemos menospreciar a las personas mayores. Su capacidad y sapiencia no debe ser subestimada, cuando una función tan noble como adjudicar debe ser llevada a cabo por personas con un conocimiento cabal de las normas y una prudencia bien adquirida por la experiencia de vida. Y quizás bajo este enfoque, le daríamos la razón al honorable Presidente de la Cámara de Diputados, quien ha encarnado la noble función de proteger el derecho a no ser discriminado hasta las últimas instancias.

 

Pero lamentablemente, y efectivamente, colocó como addendum a su tesis otro argumento interesante, digno de la filosofía “lo que abunda no daña”: “los debates son innecesarios en estos casos, la Constitución es clara en que la edad de 75 está establecida para los jueces que están dentro del Sistema de Carrera Judicial, edad de retiro para los magistrados del Sistema de Carrera Judicial… y es una condición que no se aplica a los jueces del Tribunal Constitucional”.

 

Entonces en síntesis tenemos dos argumentos para defender la posibilidad de que heptogenarios y octogenarios puedan conformar el Tribunal Constitucional:

 

a. Que cerrar el paso a un candidato por tener más de 75 años es una forma de discriminación, y por tanto, inconstitucional; y

 

b. Que dicha forma de discriminación sólo es aplicable a los jueces del sistema de carrera judicial, en cuyo caso no sería discriminación, sino más bien una aplicación correcta de la Ley de Carrera Judicial y conforme a nuestra Carta Magna.


Ambos argumentos son contradictorios y sencillamente no pueden coexistir; no se puede hablar de discriminación para un caso y no para el otro, porque son dos situaciones análogas, es decir, hablamos de un límite de edad que no surge de la nada, tiene su explicación.  Son dos casos TAN PARECIDOS, que nuestra propia Constitución establece de una forma sencilla y explícita en su artículo 187 que: “Para ser juez del Tribunal Constitucional se requieren de las mismas condiciones exigidas para los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y con esta simple prescripción considero que no habría lugar para más debates, pero no, la polémica siempre está a la orden del día cuando se trata el tema del Tribunal Constitucional, en donde parece importar más el rango de quien emite la opinión que los fundamentos de la misma.

 

Y por ello se quiere insistir, se quiere cambiar de color lo que todo el tiempo ha sido a blanco y negro, para lo cal se trae a colación los derechos fundamentales, el eterno escudo de las verdaderas intenciones políticas. Y por encima de todo, se adopta una posición discriminatoria del derecho a la igualdad, afirmando que no debe existir límite de edad para el Tribunal Constitucional pero si para la Suprema Corte de Justicia… que el propósito de este límite en el Sistema de Carrera Judicial no vulnera el derecho a la igualdad, pero en un tribunal de igual o mayor importancia como lo es el TC, debe ser objeto de revisión.

 

Culmino este artículo utilizando las mismas palabras de Abel Martínez para DominicanosHoy.com: no debe permitirse que el espíritu constitucional sea cercenado, y ciertamente a la hora de aprobar una Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, debe ser en una visión acorde con nuestra Carta Magna, o de lo contrario nos va a acarrear dificultades en un futuro. Independientemente de la decisión a tomar sobre este punto del TC, se debe tener cuidado con los argumentos con los que se pretenda justificar “X” o “Y” posición, en tanto la igualdad y la no discriminación es un principio abstracto cuya interpretación debe ser guiada por criterios de razonabilidad, prudencia, y sobre todo, coherencia con el resto del Ordenamiento Jurídico.

 

En otras palabras, y en buen dominicano: “O to` toro…. O to` vaca”

 


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