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La Discrecionalidad Judicial en una Democracia


No hay mucha diferencia entre un juez eminentemente legalista y un verdugo de la edad media: El primero debe justificar el machetazo que va a imponer a través de unos cuantos sofismas y el clásico dilema “DURA LEX, SED LEX”…. el segundo se ahorra esta farsa. Hago esta comparación porque tanto el verdugo como el funcionario judicial exégeta no pretenden un verdadero ideal de justicia, o al menos, no cuestionan la legitimidad de la orden que les encomiendan, entendiéndose que la justicia está en manos de quien la dicta, sea un soberano o una disposición legislativa. Si bien una de las garantías (y a la vez exigencia) de una democracia es que exista una verdadera separación de poderes, esto no necesariamente implica que los poderes deban quedar encasillados únicamente en sus atribuciones; específicamente el caso del Juez, cuya función no puede ser únicamente acatar ciegamente los mandatos del legislador, sin poder reparar al respecto; máxime, cuando la finalidad esencial de dicha separación es exactamente el límite de la arbitrariedad estatal, el abuso legitimado, en fin, evitar que pasemos de una democracia a una autocracia. En el presente ensayo pretendemos explorar hasta qué punto la discrecionalidad es permitida dentro de un Estado Democrático de Derecho, como pretende serlo un día República Dominicana, porque, en opinión del autor, estamos a años luz de serlo todavía.


¿En qué consiste el Estado de Derecho?

Para desarrollar este tema de una forma sistemática y organizada, debemos empezar por el principio: El Estado de Derecho. Bajo una definición personal (y hasta cierto punto egoísta) del autor, el Estado no es más que la organización política a la que una Nación o Pueblo se adscribe, es decir, establecer quien tiene el imperio y control sobre los demás. Es lo que Hobbes llamaba el “Leviatán”, caracterizando su inmenso poder sobre los demás habitantes en sociedad. Siendo esto así, se hace necesario que esta bestia marina tenga bases legítimas para su actuar, y por supuesto, una serie de frenos para que su violencia no afecte arbitrariamente a los ciudadanos. Es de allí cuando el Leviatán pasa a ser un Estado de Derecho, en donde su organización política queda a merced de bases jurídicas (leyes, en pocas palabras).

Si el fundamento político del Estado es la democracia, es decir, esa triste ilusión de que el poder le pertenece al pueblo, que los gobernantes se deben a él, que el poder debe ser dividido y limitado, y que todos vivamos felices para siempre, entonces decimos que estamos en un Estado Democrático de Derecho.


Ya abordada la película de Disney, pasamos entonces a la función del Juez dentro de este lindo panorama. Sucede que, como fundamento del Estado Democrático, el poder debe dividirse, y es preferible que dicho poder se divida en tres. Un poder legislativo que se encarga de crear las leyes; Un poder ejecutivo que se encarga de promulgarlas y publicarlas; y por supuesto, un poder judicial encargado de su aplicación en la práctica. Me permito entonces citar a Maquiavelo en esta parte:


En la actualidad, entre los reinos bien organizados, cabe nombrar el de Francia, que cuenta con muchas instituciones buenas que están al servicio de la libertad y de la seguridad del Rey, de las cuales la primera es el Parlamento. Como el que organizó este reino conocía, por una parte, la ambición y la violencia de los poderosos y la necesidad de tenerlos como de una brida para corregirlos, y, por otra, el odio a los nobles que el temor hacía nacer en el pueblo -temor que había que hacer desaparecer-, dispuso que no fuese cuidado exclusivo del rey esa tarea, para evitarle los inconvenientes que tendría con los nobles si favorecía al pueblo y los que tendría con el pueblo si favorecía a los nobles. Creó entonces un tercer poder que, sin responsabilidades para el rey, castigase a los nobles y beneficiase al pueblo. No podía tomarse medida mejor ni más juiciosa, ni que tanto proveyese a la seguridad del rey y del reino. De donde puede extraerse esta consecuencia digna de mención: que los príncipes deben encomendar a los demás las tareas gravosas y reservarse las agradables. Y vuelvo a repetir que un príncipe debe estimar a los nobles, pero sin hacerse odiar por el pueblo”.


Dentro de la visión de Maquiavelo, el Estado no es más una de estas Compañías grandes como Facebook o Microsoft, en donde el encargado del poder ejecutivo, que sería el príncipe, debe buscar la satisfacción tanto de los empleados, los usuarios, como los grandes inversionistas. El legislativo, por su parte, son esa junta de directores que está detrás del príncipe, y son aquellos quienes crean las políticas que debe seguir la empresa. ¿Y donde queda el Juez en este cuadro?, el Juez sería este pobre infeliz al que designan para dar malas noticias al público, como también encargado de notificar directamente los despidos al personal de la compañía (no me imagino a alguien que pueda ejercer en la vida real esas dos funciones al mismo tiempo).


Pero ya la función judicial la abordaremos más adelante, por ahora lo único que debemos tener presente respecto al Estado Democrático de Derecho es lo siguiente: “El poder en el espíritu mismo del pueblo”. Y que dentro de un Estado de Derecho, las acciones deben estar regidas por la legalidad…. ésta quizás es la mayor garantía formal que tiene un ciudadano dentro de la sociedad: el hecho de que “A NADIE PUEDE SE LE OBLIGAR A HACER LO QUE LA LEY NO MANDA NI IMPEDÍRSELE LO QUE LA LEY NO PROHÍBE. LA LEY ES IGUAL PARA TODOS” (Artículo 40.15 de la Constitución).

Es así como la legalidad se visualiza como una garantía para el ciudadano, y no necesariamente como una imposición. Ante una disposición tan clara de que la ley debe respetarse por todos y para todos, ¿en dónde queda la función del Juez?, o mejor aún….

¿Que implica ser Juez dentro de un Estado de Derecho?

Una garantía de la democracia es que el Estado sea representativo…. ¿qué significa esto?…. bueno, que cada persona que ocupe una función pública debe ser elegido directa o indirectamente por el pueblo. Por eso vemos que los Presidentes, Vicepresidentes, Senadores, Diputados, Síndicos, Regidores, e incluso, los líderes gremiales (Presidente del Colegio de Abogados, del Colegio de Médicos, CODIA, etc) se eligen a través del sufragio o voto popular.

El caso del Juez es un caso sumamente complicado, dado a que éste no representa al pueblo de una forma directa –y tomando en cuenta las innumerables falencias que presenta nuestro sistema de “elección popular”, es mejor así–; lo que complica la ecuación de la democracia representativa. Con esto no decimos que los jueces son deisgnados dedocráticamente, sino más bien que en este caso se aplica la llamada “cadena ininterrumpida de representación”, en donde los jueces de la Suprema Corte de Justicia, como cabeza en jefe del Poder Judicial, son designados por distintos representantes de los Poderes del Estado, que a su vez fueron designados por la representación directa. Ya los demás jueces que conforman el Poder Judicial se establecen por un concurso de oposición regido en base a los méritos, y por supuesto, a la competitividad.

Pero nos estamos saliendo del tema: ¿Qué es lo que hace un Juez?… pues juzga. En efecto, de los tres poderes del Estado, al Judicial se le confiere un poder similar al que tiene Dios: Juzgar a los Hombres. Es ante una función tan delicada y peligrosa, que se debe evitar a toda costa que los aires del olimpo se le suban al funcionario judicial, y esto se restringe a través de distintos mecanismos de control, como son los juicios disciplinarios, las evaluaciones de desempeño, el sistema de escalafón judicial, y por encima de todo esto, la Ley.

No es casual que los términos “Juez autómata de la Ley”, “Exégeta”, “Legalista”, y otros más hayan tenido una connotación positiva en su momento, dado a que los mismos implican una sumisión a la Ley por parte del Juzgador, entendiéndose que dicho funcionario comprende los límites de su función y que actúa en todo momento de una forma imparcial e independiente. Es con ello que las disposiciones normativas vienen a dar una definición un poco más acabada del Juez: “Es un funcionario estatal encargado de impartir justicia dentro de la sociedad, el cual debe velar en todo momento por el cumplimiento de la Ley”.

Ante esta visión de lo que es la Justicia, la Democracia, el Estado de Derecho, y sobre todo, el imperio de la Ley, podríamos decir que si un Juez cumple ciegamente con todo lo que diga la Ley está haciendo un óptimo trabajo a la hora de administrar justicia, ¿no?. ¡Craso error!


Para una próxima entrega analizaremos las debilidades de este último pensamiento, y razón por la cual no puede descartarse, aún en una democracia, que la función judicial REQUIERE discrecionalidad.

Atm



3 comentarios

  1. […] b) que el juzgador no puede sencillamente salir por la puerta de atrás alegando insuficiencia y/o oscu…; […]

  2. […] La Discrecionalidad Judicial en una Democracia (parte 1) […]

  3. […] ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de referirnos al tema del Rol del Juez en una sociedad democrática de Derecho, y recientemente iniciamos un artículo como una especie de continuación a ese antiguo post. Sin […]

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