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Las garantías del Principio de Culpabilidad en el Ordenamiento Jurídico Dominicano

Excelente Ensayo del Licenciado Juan Francisco Rodriguez Consoró sobre el Principio de Culpabilidad y sus implicaciones en nuestro Ordenamiento Jurídico. Letrado21 le agradece su aporte para el desarrollo integral del presente blog. Que lo disfruten!

Antes de referirnos a las garantías del principio de culpabilidad en el ordenamiento jurídico dominicano, y a modo de introducción, entendemos prudente citar algunas conceptualizaciones de importantes tratadistas del derecho, acerca, de, que se entiende por principio de culpabilidad.Mir Puig, considera que, “bajo la expresión principio de culpabilidad, se pueden incluir diferentes límites del ius puniendi que tienen en común exigir como presupuesto de la pena que pueda culparse a quien la sufre del hecho que la motiva”. PUIG, Mir. Derecho Penal Parte General. Barcelona: [s. n.]. 1998; p. 95.

Yacubocci, por su parte, sostiene que “El derecho penal de nuestro tiempo ubicó al principio de culpabilidad como otro de los otro de los pilares de la legitimación del Ius Puniendi. Es decir, como otra de las reglas de encauzamiento, realización y limitación de la potestad punitiva del Estado”. YACUBOCCI. El sentido de los Principios Penales. Sus funciones en la Argumentación Penal; Abaco; Buenos Aires; 1998; p. 293.

Zaffaroni, llega a afirmar que, “el principio de culpabilidad es el más importante de los que derivan en forma directa del Estado de Derecho, porque su violación importa el desconocimiento del concepto de persona.” ZAFFARONI, E. R., ALIAGA, A. y SLOKAR, A.; Derecho penal parte general. Ediar : Buenos Aires, 2002; p. 139. [2da. Edición].

A nuestro entender, resulta interesante analizar las citadas conceptualizaciones del principio de culpabilidad, puesto que, de las observaciones de los preceptos y garantías interrelacionados directamente e indirectamente con este principio de culpabilidad, se encuentra el límite a la facultad punitiva que tiene el Estado.

En el ordenamiento jurídico dominicano, se encuentran implícitamente consagrados un conjunto de normas de índole constitucional y procesal, que recogen en síntesis las garantías y principios fundamentales, que dan al traste con lo que se conoce como principio de culpabilidad, y estos a su vez, son el fundamento de la garantía jurídica de la sociedad, frente al poder y facultad represiva del Estado.

La culpabilidad, trae como resultado la imposición de una pena, la pena es el fin último del derecho penal y está relacionada con la responsabilidad del agente, a quien se le imputa la comisión de un hecho antijurídico, de ahí que, es necesario antes de establecerla, analizar un conjunto de garantías, principios y preceptos legales reconocidos por el ordenamiento jurídico dominicano.

Empezando por nuestra constitución, la cual establece en su artículo 8, literal j: “Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado, ni sin observancia de los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa”.

En esta norma se comienza a insertar, un límite a la facultad punitiva del Estado, obligándolo a garantizar a los ciudadanos previo a su juzgamiento los siguientes principios fundamentales: (Debido Proceso, El juicio Imparcial, El derecho de defensa). Esto quiere decir, que la ley penal plantea situaciones, en las que, existen algunos elementos que pudieran comprometer la responsabilidad penal del agente como son (conducta antijurídica, sancionada, un daño a la sociedad), pero resulta que es imposible establecer la pena, porque de conformidad con la ley, el agente no es susceptible de reprochársele la conducta antijurídica y por consiguiente, no es posible establecer pena sobre esta persona, porque por mandato de la ley son inimputable en función de su capacidad jurídica. Un aspecto importante a tomar en cuenta, al momento de ver las garantías que el ordenamiento jurídico dominicano deja implícitas, antes de hablar de culpabilidad, es establecer si la conducta del supuesto autor de un hecho antijurídico, está previa y debidamente sancionada en una norma penal, que indique que tal conducta constituye un hecho antijurídico, con posibilidad de ser sancionada.

Aunque estos conceptos, (ley previa, escrita, estricta y certeza de la ley), están más íntimamente ligado al principio de legalidad, como dijimos anteriormente la culpabilidad trae como finalidad la imposición de una pena, es obvio, que tanto la pena como el hecho antijurídico, estén sancionado y expresado claramente en la ley. Sobre este particular debemos puntualizar que, nuestra constitución establece: “A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica”. (Art. 8.5)., en este sentido, como establecemos si un ciudado es culpable de un hecho, y por consiguiente merecedor de una pena, si la ley misma no lo establece que ese hecho constituye un tipo penal merecedor de una sanción.

En el ordenamiento jurídico dominicano, se consagran otros principios que por su importancia, dentro del ámbito de aplicación del derecho penal, no podemos dejar de mencionarlo y de citarlo textualmente:

Personalidad de la persecución. Nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medidas de coerción sino por el hecho personal. La retención de personas ajenas a la comisión de un hecho punible con miras a obtener su colaboración o la entrega del imputado se sanciona de conformidad con las disposiciones de la ley penal. (Art. 17 del CPP).


Formulación precisa de cargos. Desde que se señale formalmente como posible autor o cómplice de un hecho punible, toda persona tiene el derecho de ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o acusaciones formuladas en su contra. (Art. 19 del CPP).

De los anteriores preceptos jurídicos citados, puntualizaremos de manera general algunos aspectos importantes que se relacionan con el principio de culpabilidad, y que se constituyen en garantías al momento de establecer una sanción.La personalidad de la persecución prohíbe que, una persona pueda ser sancionada penalmente por el hecho de otro, es decir, es obligatorio identificar de manera clara y precisa al ciudadano que se le imputa la comisión de un hecho delictivo, y esta obligatoriedad de identificación resulta una garantía, que limita el poder punitivo del Estado, que es el fundamento y finalidad del principio de culpabilidad.

El principio de personalidad de la persecución, trae consigo implícito otra garantía que se encuentra dentro del ordenamiento jurídico dominicano, y que guarda relación con el principio de culpabilidad, y es, lo que el ordenamiento jurídico dominicano define como, formulación precisa de cargos, esta garantía, obliga al juzgador, no solo, a comprobar la participación de un ciudadano en hecho calificado como antijurídico, sino, también a verificar la participación real del imputado en ese hecho calificado como antijurídico, para de esta forma poder establecer si la conducta llevada a cabo, en el momento constituye una actuación calificada como antijurídica y sancionable.

La base de sustentación de la culpabilidad, está fundamentado en el derecho penal con el dolo o culpa, que se traduce en una actuación consiente y voluntaria e intencional del agente que comete el hecho antijurídico, es decir, que la capacidad jurídico penal y la intención del autor son elementos importantísimo que debe evaluar el juzgador antes de llegar a la condenación, o lo que es lo mismo, ha establecer culpabilidad.

A manera de conclusión debemos destacar que al momento de aplicación de una sanción establecida en la ley penal, el juzgador, no debe detenerse en estos principios solamente, también existen en nuestro ordenamiento jurídico otros preceptos, que no podemos dejar de mencionar, tal es el caso de las causas eximentes de responsabilidad penal y las causas de justificación de la culpabilidad.Lo cierto es que, aunque no de manera explícita, el ordenamiento jurídico dominicano consagra un conjunto de garantías que se encuentran dispersos en las diferentes normas y principios del mismo, que se convierten en limitantes para el juzgador al momento de establecer la pena, y todas en conjunto constituyen el principio de culpabilidad, o lo que es lo mismo, ponen limite a la facultad represiva y punitiva del Estado.

Es decir, que al igual que en otros ordenamientos jurídicos, en el dominicano el principio de culpabilidad se convierte en un límite a la potestad punitiva del Estado, pues, para establecer la culpabilidad de una persona, es obligatorio rebasar un conjunto de garantías y situaciones que se concatenan de la manera siguiente: debe haber una acción y esta a su vez, debe obedecer a una voluntad, que sea el resultado de una actuación consiente que provoque un daño, y que este hecho al igual que el resultado este previamente establecido como una violación a la norma, pero esto no basta, también hay que ver, si la persona que actúa se puede catalogar con capacidad jurídica, para que su conducta reprochable, entonces una vez, cumplidos estos presupuestos y observadas estas garantías “podríamos” establecer culpabilidad.

Juan Francisco Rodríguez Consoró

Bibliografía.


PUIG, Ir. Derecho Penal Parte General. Barcelona: [s. n.]. 1998; p. 95.

YACUBOCCI. El sentido de los Principios Penales. Sus funciones en la Argumentación Penal; Abaco; Buenos Aires; 1998; p. 293.

ZAFFARONI, E. R., ALIAGA, A. y SLOKAR, A.; Derecho penal parte general. Ediar : Buenos Aires, 2002; p. 139. [2da. Edición]

República Dominicana. [Códigos, leyes, etc]. Ley No. 76-02 Código Procesal Penal: Principios fundamentales. Santo Domingo: [s.n.], 2002. p.4.

República Dominicana. Constitución: ultima modificación julio 2002. Santo Domingo: Margraf, 2007. p11.

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