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El Control del Poder en la Constitución Dominicana del 2002

En el presente ensayo se pretende profundizar, a través de un estudio de la Constitución Política de la República Dominicana vigente hasta enero del 2010, a ver si nuestro ordenamiento jurídico contempla formal y materialmente un control del poder, o bien una forma de moderarlo para evitar que la autoridad se vuelva arbitrariedad. Para la fecha en que realice el presente ensayo, no había entrado en vigencia la “nueva” Constitución Dominicana, que en mi opinión personal no es más que un sancocho hecho a base de la antigua Constitución y los instrumentos internacionales que nuestro país ya había ratificado. En todo caso, no creo que el mismo se encuentre tan desfasado, conforme a nuestra “nueva” Constitución, pero acepto cualquier crítica, sobre todo si es constructiva.

Introducción

Para determinar si en nuestra Constitución se aprecian las bases de una teoría del Control del Poder, debemos previamente establecer en qué consiste la misma. En tal sentido, a partir del texto leído se infiere que dentro de un Estado Constitucional deben existir una serie de mecanismos e instituciones cuya finalidad sea fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos. Básicamente, la finalidad de esta teoría es limitar el poder, a través de medios que pueden variar desde normas jurídicas, hasta las distintas entidades encargadas de ejercer ese control.

Desde la teoría clásica del control, se establece que el gobierno tiene poderes limitados por el Parlamento, siendo éste quien le concede sus facultades, en calidad de comité delegado. En otras palabras, el gobernante se encuentra a merced del Parlamento.

Esta percepción cambió a partir de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se modificó tanto la concepción como la estructura del gobierno, al establecerse dos nociones fundamentales: a) El sistema parlamentario es más una relación de poderes que una separación; y b) Ambos poderes deben ser equitativos.

Es importante aclarar que el caso dominicano es distinto al caso de Inglaterra, que es donde nace el régimen parlamentario: mientras allá tienen un régimen tanto monárquico como parlamentario, nuestro orden jurídico ha estructurado un régimen presidencialista, en el que la jefatura del Estado y de gobierno son asumidas por el titular del Poder Ejecutivo.

Por medio de la Teoría de Loewenstein, se establece que para poder contener al poder político es preciso restringirlo, limitarlo. Su doctrina se basa en la supremacía de la Constitución, al establecer allí es donde se encuentran ancladas todas las técnicas de control del poder. En cuanto a la distribución de los poderes, éste la percibe como un control recíproco del poder en si, el fruto de la participación y cooperación entre los diversos detentadores del poder, sin inferir uno en la competencia del otro. Este autor clasifica los controles en:

a) intraorgánicos (instituciones de control dentro de la organización del mismo poder); un ejemplo es el artículo 16 de nuestra Constitución, que establece el sistema bicameral para conformar el Congreso Nacional, entidad que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo.

b) interorgánicos (instituciones externas al poder capaces de ejercerles influencia). “Para permitir el funcionamiento del control parlamentario frente al gobierno es preciso que se elimine la influencia de éste en la elección de los miembros del Poder Legislativo y de la preponderancia del Ejecutivo en el proceso legislativo, lo mismo que el control de éste sobre las sesiones del congreso”.

Los medios de control parlamentario frente al gobierno son:


  • El nombramiento del gobierno, o sea, la que el soberano llegue por elección popular o por un nombramiento del parlamento. En el caso dominicano, el Presidente de la República es electo por votación popular.
  • Controles políticos interorgánicos, como son: El rechazo de iniciativa de leyes, el veto del presupuesto anual, comisiones parlamentarias de investigación, ratificación parlamentaria de tratados internacionales, confirmación de nombramientos, y críticas al gobierno.

Es importante destacar que en nuestro ordenamiento jurídico no contamos con un sistema parlamentario el cual sea quien designe el Jefe de Gobierno, lo cual constituye un mecanismo de control en otros Estado, toda vez que sus actuaciones se ven supeditadas en cierto grado a lo que determine el Parlamento. No obstante, nuestro poder legislativo tiene a mano una serie de herramientas, con las cuales puede frenar los abusos ue pudiere emplear el poder Ejecutivo, como lo es otorgar un voto de censura a sus proyectos legislativos. En efecto, el poder legislativo tiene la potestad de desechar cualquier proyecto de ley que le sea sometido, por aplicación del artículo 40 de la Constitución.

Con esto no queremos decir que el control parlamentario sea vertical o superior, sino más bien un control político horizontal de carácter interorgánico, o sea, es un poder externo que, sin ser superior a otro poder del Estado, tiene a su cargo, a través de atribuciones conferidas por la Constitución y las leyes adjetivas, el control del ejercicio del poder político que tiene el Ejecutivo. En efecto, el artículo 37 de la Constitución contempla una serie de atribuciones del Congreso que se constituyen en mecanismos de control para el Poder Ejecutivo, como son:

Aprobar o Rechazar el estado de recaudación e inversión de las rentas que debe presentarle el Poder Ejecutivo;

Votar el presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y aprobar o no los gastos extraordinarios para los cuales solicite un crédito el Poder Ejecutivo;

Aprobar o desaprobar los Convenios Internacionales que celebre el Poder Ejecutivo;

Aprobar o no los contratos que le someta el Presidente, de conformidad con el artículo 55.11 y el 110;

Pueden interpelar a los Secretarios de Estado y a los Directores o Administradores de Organismos Autónomos del Estado, sobre asuntos de su competencia;

La situación Dominicana respecto del control del Poder

En primer lugar, nuestra Constitución contempla en su artículo 2 la soberanía de la nación, la cual corresponde al pueblo y se ejerce de forma representativa, indicando que vivimos en un Estado Democrático de Derecho, o sea, que los funcionarios son servidores del pueblo, y no vice versa. “Ninguno de los poderes, refiriéndose al Legislativo y al Ejecutivo, debe tener una autoridad superior que le permita dominar al otro, ya que ambos poderes sirven para apoyar a un mismo amo: el pueblo1. En ese sentido, la primera herramienta de control que establece nuestra Constitución, es contemplar en su artículo 4 la separación tripartita de los poderes del Estado, y establecer que los mismos son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones, las cuales son indelegables. Esto último se ratifica con lo que dispone el artículo 99: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.


En cuanto a la formación y el efecto de las leyes, nuestra Constitución le confiere al Poder Ejecutivo funciones legislativas, como lo son la iniciativa de ley, así como también expedición de reglamentos, decretos e instrucciones cuando fuere necesario, más estas facultades nunca pueden violar el principio de reserva de ley, abordando materias que son competencia exclusiva del poder legislativo; asimismo, tiene la facultad de objetar las proyectos de leyes que le puedan ser sometidos por la Asamblea Nacional.

El artículo 46 de la Constitución contempla uno de los principales mecanismos de control: El control de la constitucionalidad. En efecto, al establecer que toda norma contraria a la constitución es nula, se establece un freno a las actuaciones de los poderes del Estado, cuando las mismas no sean acordes a lo que manda nuestra norma fundante básica. Actualmente, este control queda a cargo del Poder Judicial, bajo el cual la Suprema Corte de Justicia actúa en veces de tribunal constitucional. Mientras algunos ven esta facultad como una intromisión, otros la ven como una garantía, situación que a la fecha de hoy es objeto de debate para la reforma constitucional, o sea, si el tribunal constitucional debe de ser una entidad independiente del Poder Judicial.

En conclusión, nuestra Constitución contempla una serie de disposiciones que ciertamente constituyen una base para la teoría del control del poder, ya que no sólo se plantea una separación tripartita de los poderes del Estado, sino además una serie de disposiciones que velan por frenar y controlar las actuaciones de los poderes a través de una cooperación entre todos. “La necesidad de funcionalidad de un Estado no soporta una división rígida y estancada de los poderes del Estado. Las funciones puestas a cargo de un poder están relacionadas con las de otro poder”2

Sin embargo, a la hora de afirmar de una forma objetiva que en nuestro país se puede poner un freno a las actuaciones del Poder Ejecutivo por parte de los demás poderes, debemos tomar en cuenta que nuestra situación política es lamentable, gracias a la cultura del partidismo político engloba tanto las funciones ejecutivas como legislativas dentro del Estado, garantizando que ambos poderes actúen sin el freno respecto del otro.

Para sentar las bases de sistema del control del Poder, se deben hacer efectivos los mecanismos ya planteados en nuestra Constitución, y esto se logra a través de una reforma del pensamiento político del país, teniendo en cuenta que el objetivo de incluir sistemas de control en la norma fundamental es racionalizar el poder y lograr un equilibrio y balance del poder político, y así el abuso por parte de los detentadores del poder.


FUENTES:

  • Constitución del 2002.
  • Jorge Prats, Eduardo. “Derecho Constitucional: Volumen I
  • La Constitución de la República Dominicana: Comentada por los Jueces del Poder Judicial
  • Huerta Ochoa, Carla. “Mecanismos Constitucionales para el Control del Poder Político”

1Robert Redslob [Citado por Huerta Ochoa, Carla, “Mecanismos Constitucionales para el control del poder político”]

2“La Constitución de la República Dominicana: Comentada por los jueces del Poder Judicial”. Suprema Corte de Justicia, Editora Corripio, 2006. pág. 424.



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