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Quid sobre el positivismo jurídico (I)

En ocasión anterior en este blog, trabajamos un punto de partida sobre las distintas escuelas del Derecho, sin profundizar detenidamente sobre cada una de ellas. Ahora, gracias a la colaboración de los magistrados Rosalba Ortega, Bayoan Rodríguez y Alicia Campos Ega, tengo la oportunidad de retomar esta tarea con el positivismo normativo. Esto, por supuesto, es un trabajo descriptivo, en donde nos limitamos a describir y explicar las características esenciales de esta escuela de pensamiento y sus principales exponentes, sin asumir una posición crítica al respecto. En este primer apartado, trabajaremos desde las nociones generales del positivismo, hasta los principales exponentes del positivismo jurídico anglosajón. 


EL POSITIVISMO JURIDICO.

  • Introducción. Nociones generales del positivismo
  • El positivismo jurídico anglosajón. 
    • Jeremy Bentham
    • John Stuart Mill
    • John Austin
  • El positivismo metodológico.
    • Hans Kelsen: La teoría pura del Derecho.
    • H.L.A. Hart: El concepto del Derecho.
    • Un poco sobre el debate Hart-Dworkin

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Demanda en Nulidad de Sentencia de Adjudicación: ¿Tribunal Civil o Jurisdicción Inmobiliaria?

El artículo 3 de la ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario dispone textualmente que tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana (…). Sin embargo, agrega una excepción importante en su párrafo I, cuando establece que:

Párrafo I.- Los embargos inmobiliarios, y los mandamientos de pagos tendentes a esos fines son de la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios y no de la Jurisdicción Inmobiliaria, aún cuando la demanda se relacione con la propiedad del inmueble cuya expropiación se persiga, o con cualquier derecho susceptible de registrar y aún cuando dicho inmueble esté en proceso de saneamiento.

Esta disposición estuvo vigente incluso en la otrora Ley 1542 sobre Registro de Tierras, que en su artículo 10 disponía que: “Los tribunales ordinarios serán competentes para conocer de toda demanda que se establezca con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario o de un mandamiento de pago tendiente a este fin, aún cuando se relacione esta demanda con la propiedad del inmueble cuya expropiación se persigue o con cualquier derecho a registrar y aún cuando esté en proceso de saneamiento de dicho inmueble”.

La pregunta sería: ¿Qué pasa con las acciones en nulidad de sentencia de adjudicación? ¿Sería competencia del Tribunal Civil o de la Jurisdicción Inmobiliaria? La respuesta evidentemente es que la jurisdicción civil, y a continuación exponemos tres motivos esenciales:

i. La JI es un Tribunal de Excepción. Contrario a la Jurisdicción Civil Ordinaria, la competencia establecida para los Tribunales de Tierra está estrictamente limitada por la ley, y es de esta forma que sentenciosamente inicia el referido artículo 3 de la LRI, lease una competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana. En ese sentido, si no se ha establecido expresamente por la ley la aptitud legal de los Tribunales de Jurisdicción Original para conocer de nulidades de sentencia de adjudicación, el Juez no puede deducir su competencia implícitamente para conocer de estas acciones. En contraparte…

ii. La Jurisdicción Civil es la jurisdicción de derecho común. Al efecto, la ley 821 sobre Organización Judicial dispone en su artículo 43 que…

En cada Distrito Judicial habrá un Juzgado de Primera Instancia con plenitud de jurisdicción, el cual podrá estar dividido en Cámaras según lo exija el mejor desenvolvimiento de las labores judiciales a su cargo.

Esa plenitud de jurisdicción, como bien es sabido, funciona a la inversa de los tribunales de excepción: El Juzgado de Primera Instancia tiene competencia implícita para conocer de todo aquello que la ley no la ha establecido expresamente para una jurisdicción especial. Por vía de consecuencia, bastaría decir que si no hay una competencia establecida para la Acción en Nulidad de Sentencia de Adjudicación, su conocimiento y fallo cae automáticamente ante el Tribunal de Derecho Común. Sin embargo, este análisis termina siendo simplista de la situación: Estamos ante una demanda en donde se pretende declarar nula la decisión judicial que adjudicó un inmueble. Es obvio que estamos ante una acción con consecuencias registrales.

iii. El Juez de la Acción es el Juez de la Excepción. Esta solución es la arribada por la jurisprudencia dominicana, cuando -invocándose la incompetencia de la jurisdicción civil para conocer de este tipo de acción- la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió de la siguiente manera:

“(…) respecto al alegato de la parte recurrente de que procedía la incompetencia del tribunal ordinario para conocer de la demanda en nulidad de sentencia de adjudicación, por existir un apoderamiento previo del tribunal de tierras para conocer una litis de terrenos registrados sobre el certificado de título expedido a favor del recurrente, esta Corte de Casación, ha verificado que, contrario a lo alegado por la parte recurrente y conteste con lo expresado en la sentencia impugnada, el único tribunal competente para conocer una demanda en nulidad de sentencia de adjudicación es aquel que la dictó, es decir, el Juzgado de Primera Instancia correspondiente y no la jurisdicción inmobiliaria, conforme lo establece el artículo 10 de la Ley 1542 sobre Registro de Tierras, el cual expresa que: “Los tribunales ordinarios serán competentes para conocer de toda demanda que se establezca con motivo de un procedimiento de embargo inmobiliario o de un mandamiento de pago tendiente a este fin, aún cuando se relacione esta demanda con la propiedad del inmueble cuya expropiación se persigue o con cualquier derecho a registrar y aún cuando esté en proceso de saneamiento de dicho inmueble”; en consecuencia, el alegato examinado carece de fundamento y debe ser desestimado” Suprema Corte de Justicia, Primera Cámara, sent. 12, del 10 de octubre del 2007. BJ 1163.

Recapitulando, las tres razones que podemos ofrecer para determinar que el tribunal competente es la jurisdicción civil -y no la inmobiliaria- de la demanda en nulidad de sentencia de adjudicación fluyen por el mismo razonamiento: La jurisdicción inmobiliaria como jurisdicción especializada sólo conoce de aquello que la ley expresamente le otorga competencia, distinto a la jurisdicción civil ordinaria, que en el caso de la nulidad de sentencia de adjudicación, primero no es establecida su competencia para los tribunales inmobiliarios, y segundo su naturaleza deviene un embargo inmobiliario, que es de competencia expresa de las cámaras civiles y comerciales.

Atm

¿A quién realmente le hemos fallado?

Hace exactamente tres años escribí estas líneas, y en su momento decidí no publicarlas en el blog. Aparentemente entendí que era mejor dejarlas como una nota personal y no como un pronunciamiento público. En todo caso, para el que dice que es mejor pensar antes de hablar, yo humildemente respondería que ese ejercicio, llevado al extremo, termina dejando a la gente muda. 

Fue un día ajetreado en la ciudad capital ese viernes 31 de enero del año 2013, en que yo, pobremente alimentado, tenía fijado tres eventos de día completo: recibir clases en la Escuela Nacional de la Judicatura en la mañana, reunirme con el nuevo Director Interino de Carrera Judicial en la tarde, y finalmente ir en la noche al Hotel Crowne Plaza, lugar donde se celebraría esta entrega de los Premios Nacionales de la Juventud y en el que nuevamente no ganaría. Quizás suene como un verdadero perdedor diciendo esto, pero esos premios por concurso de méritos no tienen un real valor objetivo en sí mismos (aunque el metálico y el viaje fuera del país no caen mal, que digamos), en el sentido de que con tanto talento compitiendo en los mismos renglones a nivel nacional, seleccionar una persona para ser premiada en cada renglón es el equivalente a comparar peras con manzanas, basketball con ajedrez: nadie, objetivamente hablando, puede ser mejor que otro (quizás si hubiese ganado, mi percepción sea otra, pero… ¿quién sabe?)

Aunque admito que la calidad del evento aumentó sustancialmente en esta particular entrega frente al anterior; en esta ocasión fue especial y estremecedora, ya que fue la oportunidad de conocer muy brevemente esa joven que de la que apenas había escuchado en las noticias: aquella talentosa ingeniera industrial cuya calidad de vida fue alterada para siempre por un acto injustificado de violencia, siendo atracada, recibiendo un disparo, y todo para sustraerle sus pertenencias. Esta joven, que por intervención divina hoy cuenta con la capacidad de narrar su historia personal, quedó totalmente ciega. En esas circunstancias, cualquiera -hasta aquellos más fríos, racionales y pasivos- le hubiese dado la licencia personal para sentir y externar su odio agresores; y sin embargo, en un acto inesperado para una mente tan cínica como la mía, ofreció el perdón a quienes cegaron su visión. Ese viernes por la noche, la ovación para recibir a Francina Hungría fue de pie, con un aplauso continuo que sólo fue callado cuando ella tomó la palabra mientras recibía un premio especial a la juventud, y ofrecía un discurso positivo y alentador a todo el conglomerado de jóvenes allí reunidos.

Luego de ese breve evento, esa joven retornaría a ser una nota informativa más en nuestra querida eRReDé, que uno inadvertidamente saca de circulación con noticias mas recientes y sigue -de forma indiferente- con el ritmo normal de su vida.

Mas adelante esta misma semana, su nombre y otros más han un sido tópico relevante en la palestra pública, cuando el proceso penal seguido en contra de sus supuestos agresores culminó con sentencia condenatoria (30 años) para uno de ellos, y sentencia absolutoria para los cuatro restantes. La reacción mediática no se hizo esperar, y por la ley del precedente, se hizo bastante predecible: Todo un aluvión conformado por la prensa, la pseudo-prensa, juristas y aspirantes a juristas, desde el contacto más anónimo de Facebook hasta el representante en jefe del Ministerio Público han mostrado públicamente su indignación y condenación moral a esta “benigna” y “reprochable” decisión; todo esto convirtiéndose en un huracán ante los medios sociales, con el ojo ubicado justamente en las honorables magistradas del Segundo Tribunal Colegiado. En efecto, ya todo un escenario post-procesal ha sido construido: desde la creación de programas especiales titulados: “Te fallamos, Francina”hasta la creación de campaña difamatoria en contra de las juezas de ese tribunal penal; campaña de la que no queda exento el Procurador General de la República, cuyas manifestaciones van (como en ocasiones anteriores) más allá del potencial recurso de apelación en contra de la impopular decisión. Lo peor de todo es que todas estas campañas han ido al plano personal, usando incluso el nombre de pila de las magistradas, tal si estos activistas realmente conocieran las personas detrás de Sarah Veras, Ingrid Soraya Fernández y Gisel Soto.

Personalmente, he tirado la toalla tratando de convencer a todo interlocutor, cuando toca estos temas, que una cosa es lo que se narra en la prensa y otra muy distinta lo que realmente sucede en los tribunales. Llegó un punto en una conversación con un amigo, muy educado y dispuesto a escuchar, en que le dije de manera inmerecida y ex-abrupta que si la idea era hacer un comentario social, yo ni pretendía rebatirle… es más, lo ayudaría buscando argumentos, que la justicia no sirve y que este país hay que cerrarlo con llave… todo para tratar de demostrarle que todas estas manifestaciones no son el producto de un juicio racional, sino de quien pierde los estribos (no dándome cuenta en el momento que fui yo quien perdí los estribos, al no contestar apropiadamente). Luego de esto, calmadamente procedí a adoptar una posición más metodológica y me dije que para proceder a un análisis adecuado tengo que ubicar el elemento esencial por antonomasia: La sentencia.

Siendo la sentencia el paso #1, me hice una pregunta sin respuesta al momento de este escrito: ¿Dónde está la sentencia? ¿Qué presentó el Ministerio Público en audiencia? ¿Cuáles motivos fueron esbozados para la parte absolutoria, y cuáles para la parte condenatoria? ¿Por qué treinta años?. De todo esto sólo puedo elaborar hipótesis infundadas, pero jamás un juicio acabado sobre la verdad construida en ese proceso y que finalizó con la sentencia que no tengo a mano.

En estas circunstancias, no puedo defender a la magistrada Ingrid Soraya Fernandez, quien he tenido la oportunidad de conocer y darme cuenta que es una agradable persona y muy dispuesta a su trabajo; tampoco puedo defender a la magistrada Sarah Veras, un excelente ser humano antes que jueza, muy amiga de la familia desde hace buen tiempo, pero sobre todo, una lumbrera en derecho procesal penal, tal y como se evidencia con sus diversos logros en el área. Pero sobre todo, no entiendo qué es lo que se debe defender, analizar o acusar sin tener el porqué en mis manos; un porqué tan necesario que tampoco lo tiene el honorable PGR, cuyos pronunciamientos se alejan del Derecho y se aproximan más a un proyecto político.

Al final, tanto los medios como las autoridades que han tomado esta oportunidad para ser nuevamente relevantes, cimientan su jugada en el buen nombre y reputación de estas magistradas, que sirven de chivos expiatorios para todas las políticas públicas fallidas o defectuosas de nuestro Estado de Derecho. El derecho penal es el último dique de la política criminal del Estado, y atribuir todos los males del mundo (como lo hace este activismo arrasador) a esta impopular sentencia, es negar la existencia de males que le preceden e imaginar que con una sentencia super-condenatoria se puede, no sólo devolver la vista a la joven Francina, sino además enmendar la plana a toda la sociedad dominicana, que de por sí vive en un paso a desnivel: Por cada Francina Hungría que sufre públicamente la atrocidad de la delincuencia, éste último mal no viene a desaparecer con una actitud vengativa, sino con el desarrollo de políticas preventivas para que otra persona por tenga que pasar nuevamente la misma experiencia.

¿Estamos acaso otorgándole mayor función y relevancia al Derecho Penal de la que realmente tiene?… Personalmente, no creo en la erradicación del Derecho Penal, y más bien considero que debe reforzarse su finalidad preventiva. Pero de ahí a que una pena tenga un efecto retroactivo, y restaure los cosas a su estado anterior es una noción idílica e irrealizable que sobrepasa la utopía en que muchos de nosotros quisiéramos vivir.

El hecho delictivo en manos es lamentable; que ese hecho haya quedado parcialmente impune, más lamentable aún. Pero una sociedad organizada debe elevar su nivel de respuesta al de una turba iracunda e irracional. Por ello es que los procesos son públicos, igual su resultado final en forma de sentencias y resoluciones judiciales. Antes de acudir a métodos primitivos, ¿no es mejor hacer uso del derecho a la información y documentarse de todos los acontecimientos al respecto?

Es lo que finalmente pido en este escrito, ya que la persona más afectada por todo esto hizo algo que elevo nuestra categoría como seres humanos: ofreció el perdón. Antes de que esto se malinterprete, no pido la liberación o el perdón judicial de la pena de una persona culpable de un hecho tan atroz (de hecho, legalmente no procede); lo que pido es que la actuación de la plebe vaya de la mano con una cabeza fría, meditada y que se pueda identificar con las herramientas legales que realmente tiene a mano. Porque si nos dejamos llevar por el odio, el sentimiento de indignación, y por saciar una sed inacabable de venganza, estaríamos fallando como parte de la sociedad a la que Francina pertenece.

El recurso de casación en materia penal. ¿En cuáles casos procede?

Trabajo académico presentado en la Escuela Nacional de la Judicatura (circa 2009), con motivo al curso taller de “Derecho Procesal Penal III: Derecho de los Recursos y Ejecución Penal”. Aquí exploramos la naturaleza del recurso extraordinario por excelencia: La casación, cuya finalidad objetiva es la unificación de la jurisprudencia a nivel nacional. Para ellos, deberá explorarse todas aquellas decisiones que ponen fin al procedimiento. Mucha lluvia ha caído desde este artículo, pero he decidido dejarlo intacto para abrir el abanico de posibles críticas, sobre todo, en vista de la nueva ¿ley? 10-15 que modifica el Código Procesal Penal. Esperamos sea de utilidad. 

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Saneamiento y los gravámenes sobre inmuebles no registrados: Deficiencias en el principio de publicidad.

klkEl presente trabajo se ha realizado dentro del marco de la maestría en Derecho Inmobiliario a la que ya hemos referido en posts anteriores. Aquí nos enfocaremos en una de las principales deficiencias para materializar el principio de publicidad al momento de sanear un inmueble, y es con respecto a las cargas y gravámenes que pesan sobre el inmueble objeto del Saneamiento. Espero sirva como aporte, no sólo académico, sino además logístico para una futura mejora en los actuales sistemas registrales de República Dominicana… y como siempre, la crítica constructiva siempre será bien recibida. 

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Sobre la Resolución 1-2016 y el problema normativo en RD.

Planteamiento.

El 8 de febrero del año 2016, el Consejo del Poder Judicial aprobó la Resolución 1-2016, pretendiendo con ella la modificación del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original de la Jurisdicción Inmobiliaria. El uso del verbo “pretender” en la oración anterior no ha sido accidental ni por ligereza, sino la reacción que produce en el foro judicial la idea de que una disposición que cumple con ciertas pautas constitucionales pueda surtir efectos normativos: es una pretensión, no necesariamente una aserción. Pero esto no es más que un leve síntoma del principal problema que tiene República Dominicana, en cuanto a teoría de la norma se refiere, y es la idea de que cualquier disposición por escrita puede considerarse una ley de alcance general, como expondremos brevemente.

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El Escrow y el Title Security en la República Dominicana (Colaboración)

Trabajo académico realizado por las/os colegas Alicia, Rosalba, Suleyka, Wanda y Bayoan respecto al “Escrow” y el “Title Security” como modelos novedosos de negocios jurídicos que se implementan en la República Dominicana, a pesar de la escala o nula regulación legal respecto a estos contratos. El presente trabajo fue realizado dentro del marco de la maestría en Derecho Inmobiliario impartida por la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA durante el período 2015-2017, bajo la dirección del profesor Cristian Martínez.

Se analizan las distintas generalidades de estas contrataciones especiales, así como su diferencia de estos contratos clásicos que estudiamos de la nómina planteada en nuestro Código Civil Dominicano; explorando además el marco normativo y formalidades para la perfección del negocio en cada uno de ellos, el uso práctico de cada uno de ellos, pero sobre todo, su implementación en transacciones inmobiliarias.

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