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El Doble Grado como un Derecho Constitucional de las Partes

En el estudio de nuestra legislación procesal penal verificamos dos aspectos relevantes en los que se centra el presente ensayo: por un lado tenemos que el artículo 21 del Código Procesal Penal establece que el imputado tiene derecho a un recurso contra las sentencias condenatorias ante un juez o tribunal distinto al que emitió la decisión; y por el otro tenemos los distintos sujetos procesales que, además del imputado, conforman el proceso penal, como son el ministerio público, la víctima, la parte querellante, el actor civil y los terceros civilmente demandados. En virtud de lo antes expuesto, este trabajo se centra en la doble instancia como un derecho de las partes en el proceso, para lo cual se requiere puntualizar en que consiste exactamente la doble instancia, y en consecuencia, si la misma puede ser vista como una prerrogativa de las partes que se ven envueltas dentro del proceso, tomando en cuenta para ello las diversas teorías existentes que discuten la naturaleza del doble grado de jurisdicción, y sobre todo, si este derecho es inherente únicamente al imputado dentro del proceso.

En tal sentido, la doble instancia implica que un mismo proceso se encuentra dividido funcionalmente en diversas instancias, existiendo competencia en razón del grado, con carácter funcional en sentido vertical1. En otras palabras, hablamos de dos grados que forman parte de un mismo proceso. Este se contrapone al sistema de instancia única, en donde el legislador ha suprimido para ciertos casos el doble grado de jurisdicción, y el proceso que indiviso.

Nuestro ordenamiento jurídico conserva ambos sistemas, al contemplarse en la Constitución la existencia de tribunales de Segunda Instancia dentro de la organización judicial dominicana, a la vez que las leyes adjetiva indican que el conocimiento de ciertas materias será en una única instancia. El autor antes citado señala que el constituyente pensó en un tribunal de segundo grado con función de revisión, más también instauró como sistema la única instancia señalando de forma taxativa las casos. Desde esta óptica, la doble instancia se verifica como un asunto de organización judicial, y que la misma tiene arraigo constitucional, al indicar el artículo 71 de nuestra Carta Magna que: “Son atribuciones de las Cortes de Apelaciones: 1. Conocer de las apelaciones de las sentencias dictadas por los juzgados de primera instancia …”.

Ahora bien, la pregunta a responder es si la doble instancia representa un derecho para las partes, para lo cual debemos de irnos a la finalidad de este tipo de sistemas. Por ello es que debemos hablar necesariamente del debido proceso de ley, y más específicamente, de la tutela judicial efectiva. En efecto, al hablar de la tutela judicial efectiva, se trata de un principio que no se limita únicamente a garantizar de la justicia la obtención de obtener una resolución motivada y argumentada sobre el derecho y los hechos, sino además que cubre otros aspectos como son la garantía de acceso al procedimiento, y por supuesto, la utilización de recursos para impugnar esta decisión.

Se entiende que el constituyente instituyó los tribunales de segunda instancia con la finalidad de que los justiciables pudieran recurrir las sentencias como medida de seguridad en caso de que se sientan agraviado por ésta y por tanto obtener su corrección”2. De lo anterior se infiere que la doble instancia se encuentra íntimamente vinculado con el derecho a recurrir, constituyendo la primera una garantía del segundo, y en consecuencia, la doble instancia debe ser vista tanto como un sistema de organización judicial, como también un derecho para los justiciables, tal y como lo contempla la Convención Americana de los Derechos Humanos al disponer dentro de las garantías mínimas del debido proceso, el derecho que tiene toda persona a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

En cuanto a la naturaleza de la instancia, se han planteado diversas teorías a los fines de determinar si estamos frente a una disposición de orden público, o si se trata de un derecho con rango constitucional. La importancia entre ambas teorías radica en determinar si el legislador tiene la potestad de adecuar, limitar, e incluso suprimir este derecho.

Por un lado, algunos tratadistas consideran que la doble instancia es de orden público, pero no de carácter constitucional. Esta tesis funda su postura en la coexistencia tanto del sistema de instancia única con el sistema de doble instancia, en donde las reglas que gobiernan la competencia de los tribunales de segundo grado son de orden público, y que por tanto, todas las sentencias son recurribles en principio, salvo que la Ley expresamente disponga lo contrario, en cuyo caso el litigio se conoce en única instancia.

Entre estos tratadistas se encuentra Eduardo Couture, quien afirma que: “la privación de un recurso no pone en tela de juicio la efectividad de la tutela constitucional del proceso, pues las razones esgrimidas a favor de la instancia múltiple no hacen referencia a la Constitución, sino a la conveniencia o inconveniencia de una u otra solución”3. Esta tesis también es sustentada por la Suprema Corte de Justicia, cuando ha dispuesto en varias ocasiones que el doble grado de jurisdicción no constituye una garantía constitucional, sino de orden público, por tanto, el legislador común puede suprimirlo mediante una ley adjetiva. Así lo ha establecido en una decisiones al disponer que: “la norma del doble grado de jurisdicción, o del doble examen, permite el que todo proceso, en principio, puede desarrollarse en dos instancias ordinarias, la primera y la segunda, permitiéndose de ese modo un nuevo examen del mismo; que de igual manera, por regla general, es lo que permite a las partes apelar contra la decisión de un tribunal cualquiera; que ese principio que pretende salvaguardar los derechos de las partes involucradas en un proceso, viene a ser, no obstante, una regla de orden público, lo que significa que puede ser propuesta su violación por primera vez en casación; que, sin embargo, ha sido juzgado que el mismo no reúne las características necesarias para alcanzar la categoría del orden constitucional, de lo que resulta que la ley adjetiva puede omitir el doble grado de jurisdicción en ciertos casos, a discreción del legislador ordinario”4.

Por razones como la antes expuestas es que en muchos casos el legislador llega incluso a suprimir el segundo grado de jurisdicción, en atención a la cuantía del litigio, o a la complejidad y naturaleza de las cuestiones debidas, e inclusive, en atención a principios como los de celeridad, razonabilidad, gratuidad de la justicia, en donde la doble instancia resulta más perjudicial que útil para el proceso y las partes envueltas.

Por otro lado, tenemos una vertiente que afirma que la doble instancia es un derecho con rango constitucional, no por aplicación del precitado artículo 71 de la Constitución, sino más bien por las disposiciones contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad por aplicación de los artículos 3, 8 y 10 de la Carta Magna5.

En ese orden de ideas, se destaca que el precitado artículo 8.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y que cualquier privación del derecho a recurrir constituye una violación directa a un derecho fundamental. Se podría razonar que ante la supresión del recurso de apelación, existen otros recursos en donde la decisión puede ser objeto de revisión y preservarse así el derecho a recurrir; no obstante, solamente es a través de un recurso como la apelación que se cumplen con el doble grado de jurisdicción, que es el derecho englobado dentro de las disposiciones establecidas tanto en la Convención, como en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, es decir, del derecho a recurrir como una garantía del debido proceso. Esto así, ya que si bien el recurso de casación se conoce por ante un tribunal superior al que dictó la decisión, no menos cierto es que este tribunal se limita a estudiar si el juez aplicó bien o mal el derecho al caso concreto, no así el fondo de las cuestiones hecho envueltas en el proceso6. En efecto, la casación, al igual que la revisión penal, son considerados recursos extraordinarios debido a que: “tienen tasados los motivos por los que procede su interposición”.

Enfocando el derecho a recurrir y la doble instancia desde nuestro ordenamiento procesal penal, cabe resaltar que nuestro Código Procesal Penal garantiza, no solamente el derecho a recurrir las sentencias que resuelven el fondo del conflicto penal, sino aquellas resoluciones judiciales que emanan de la fase preparatoria y de la sustanciación del proceso penal7. Asimismo, este derecho no se reserva únicamente para el imputado, sino además para las partes envueltas en el proceso. Si bien por la redacción del precitado artículo 25 del Código Procesal Penal se infiere que este es un derecho exclusivo del imputado, cabe resaltar que este derecho se funda en que toda parte interesada pueda impugnar la decisión, si la misma pudiera afectarle sus bienes jurídicos.

Ahora bien, este recurso tiene limitaciones especiales, conforme a la parte envuelta en el proceso. Así, cuando se trata de la víctima, sólo puede recurrir decisiones que pongan fin al proceso8, y en consecuencia, no puede recurrir las decisiones emanadas del juez de la instrucción, salvo el caso de que emita un auto de no ha lugar. Asimismo, a esta parte se le condiciona la posibilidad de recurrir la decisión en el hecho de que haya participado activamente en el proceso, es decir, que se haya constituido en parte civil o querellante, so pena de inadmisibilidad del recurso. Por otro lado, el tercero civilmente responsabilidad también tiene derecho a recurrir la decisión, pero sólo en la medida en que la misma involucre su responsabilidad en torno al hecho punible encartado9.

En virtud de las consideraciones antes expuestas, soy de criterio que, a pesar de que nuestra Suprema Corte de Justicia no quiera admitirlo como tal, el derecho a recurrir es un derecho constitucional, por aplicación de los tratados internacionales que así lo consagran y que forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad, y en consecuencia, la doble instancia se constituye en una garantía dentro del sistema de nuestra organización judicial bajo la cual se pueda hacer efectivo este derecho, es decir, se trata de una garantía a un derecho constitucional. Ahora bien, cabe resaltar que los derechos no son absolutos, y tal es el caso del derecho a recurrir, en donde si bien se consagra como una prerrogativa de toda parte dentro de un proceso, esto no indica que el mismo no pueda ser configurado legalmente, es decir, que la ley adjetiva no pueda adecuarlo, limitarlo, e incluso restringirlo. En virtud de esto es que dentro del derecho penal se establecen formas y condiciones en que deben ser interpuestos los recursos, incluido el recurso de apelación, al punto de que las partes no pueden recurrir una misma decisión en las mismas condiciones. Ante esta situación, lo importante es la razonabilidad de la norma, en donde si el legislador adecua, limita o incluso restringe el derecho a recurrir, es en atención a razones tendentes a proteger intereses jurídicos mayores conforme al caso concreto.

Luis Adriano Taveras Marte

AJP 1-2009

1Hermogenes Acosta, “Constitucionalización del Proceso Civil”, pág. 402.

2Idem, pág. 403.

3Citado por Hermógenes Acosta en su obra “Constitucionalización del Proceso Civil”, pág. 410.

4Cámara Penal de la SCJ, sentencia de fecha 18 de febrero del 2005.

5Estos indican en su conjunto que el Estado Dominicano reconoce y aplica las normas del derecho internacional general y americano, y que constituye una finalidad del mismo la protección efectiva de los derechos de la persona humana, y que tales prerrogativas no son limitativas, y por consiguiente, se pueden incluir otras de igual naturaleza.

6Esto es salvo desnaturalización de los hechos.

7Varios autores, “Fundamentación de los Recursos”, Escuela Nacional de la Judicatura. 2007. pág. 197.

8Véase artículo 396 del Código Procesal Penal.

9Véase artículo 397 del Código Procesal Penal.

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