Inicio » Civil » Los principios y valores reguladores del proceso civil y su fundamento constitucional

Los principios y valores reguladores del proceso civil y su fundamento constitucional

Uno de los más grandes errores cometidos por los profesionales del derecho es ver el procedimiento como una mera sucesión de actos encaminada a un fin, sobre todo bajo el paradigma que los únicos lineamientos a seguir se encuentran expresa y exclusivamente consagrados en la Ley. Esto deviene en una falacia, sobre todo si tenemos una visión pragmática del derecho, que si bien no podemos dejar de tener una idea práctica de cómo debe llevarse a cabo, no podemos dejar de lado las razones por las cuáles se establecen ciertas reglas.

El presente ensayo estudia los principios rectores del proceso civil; nótese que utilizamos el término “principio” en vez de “norma”, dado a que la norma no es más que el resultado de una concretización positivizada de los principios; en otras paalabras, mientras la norma contesta el “¿cómo?”, el principio contesta el “¿Por qué?”. En esta ocasión, veremos el por qué del derecho procesal civil a través de sus principios orgánicos, tomando en cuenta que muchos de ellos tienen un arraigo constitucional como veremos más adelante.


El Diccionario en línea de la Real Academia Española define valores como “Cualidades que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables”. El aspecto que define el valor es su polaridad, teniendo siempre una contraparte: de esta forma, cuando hablamos que la equidad y la justicia son valores, establecemos la existencia de polos contrarios a esos valores (la desigualdad y la injusticia). Se entiende por valores aquellos criterios positivos que tiene una cosa o una persona.

Eduardo Jorge Prats señala que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una determinación de los valores, ni los enumera. “Partiendo, sin embargo, de una interpretación sistemática de la Constitución, podemos inferir que los valores fundamentales de la Constitución y son esencialmente la libertad, la justicia, la igualdad y la dignidad de la persona”. (Jorge Prats, Eduardo; “Derecho Constitucional: Volumen 1, p188).

En este sentido, entendemos por valores aquellos criterios positivos que se pretenden alcanzar a través del ordenamiento jurídico, y que los mismos se encuentran intrínsecos dentro de los principios que rigen tal ordenamiento.

El principio, por su parte, es definido como “norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta”. La doctrina, al referirse a los principios, tiene criterios divididos. Los juspositivistas, por un lado, consideran que los principios no son más que lineamientos que nacen a partir de normas jurídicas preexistentes. En pocas palabras, los principios no son más que algunas de las normas existentes dentro de la sociedad u otro modo de decir lo que ya dicen implícitamente las mismas normas1. Desde esta perspectiva, se considera que los principios tienen validez en la medida en que se encuentren positivizados en una norma. Los Jusnaturalistas, por su parte, establecen que los principios revelan de por si valores que trascienden a lo escrito por las normas. Esto encuentra su razón en el carácter integrador que tienen los principios, explicado por Bobbio, con el que se señala que los mismos sirven para brindar luz a aquellas zonas en que las normas se encuentren ambiguas u oscuras.

La definición que mejor comprende el tema de los Principios y Valores, a mi humilde parecer, es la que otorga el doctor Salvador Jorge Blanco cuando señala que: “Los principios generales son ideas que por su trascendencia inspiran valores permanentes del ser humano, al margen de que estén o no expresados en un texto legal o constitucional del derecho nacional o internacional. Esas ideas inspiran soluciones que no están reglamentadas o resueltas por el derecho positivo, sea en la función de legislar o de juzgar, que son fuentes primordiales del derecho”2. Esta última definición asimila un concepto más objetivo de la palabra “principio”, dado a que en el mismo el autor señala que los principios trascienden al derecho positivo, hasta el punto de que éstos no sólo deben ser observados a la hora de juzgar un caso particular, sino además al momento de crear reglas de derecho dentro del Estado.

Una vez puntualizados estos conceptos, ha lugar ha destacar cuáles principios son reguladores del proceso civil, y entre ellos, cuáles tienen un arraigo constitucional, sea porque se encuentre expresamente consagrado en el texto de la Carta Magna, o bien si proviene de un tratado internacional que tenga aplicación interna en nuestro ordenamiento jurídico. Efectivametne, El proceso civil se ve rodeado de una serie de máximas o lineamientos generales que se encargan de darle una dirección conforme a la equidad, la justicia y la seguridad jurídica, que son los valores que fundamentan el ordenamiento jurídico. En ese sentido, encontramos una serie de principios que son propios de todos los procesos, y otros que son exclusivos del proceso civil.

Algunos de estos principios son de carácter constitucional, o sea, que encuentran su fundamento en el texto de nuestra Carta Magna, o en su defecto, en alguna estipulación de un tratado internacional. En este último caso, se habla de que el principio tiene carácter constitucional por aplicación de lo que dispone el artículo 3 de la Constitución en su parte in fine: “La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas ”, en combinación con su artículo 38, numeral 14, que faculta al Congreso Nacional para Aprobar o desaprobar tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo.

Los principios reguladores del proceso civil son varios, entre ellos tenemos:

El principio dispositivo

El principio de impulsión procesal

El principio contradictorio

El principio de publicidad

El principio de preclusión

El principio de concentración

El principio de inmediación

El doble grado de jurisdicción

El Principio Dispositivo: Este principio establece de forma general que las partes son las dueñas del proceso, tienen una posición activa respecto del mismo, mientras que el rol del juez civil debe ser siempre pasivo, o sea, actuar en base a lo propuesto por las partes. Eduardo J. Couture, en su obra “Estudios del Derecho Procesal Civil: Tomo I” establece que el principio dispositivo tiene se divide en dos contenidos: por un lado tenemos la iniciativa de la parte, con el que se dispone que el juicio civil no funciona sino a petición de parte interesada; y por el otro lado, tenemos la limitación material del conocimiento, que dispone que que el juez no conoce más materiales de hecho que los que suministran las propias partes. Este principio propio del proceso civil, dado a que existen otras materias en las que el papel asume un papel activo dentro de la instrucción del proceso.

Por aplicación de este principio, se toman en cuenta las siguientes reglas:

  • El juez sólo puede pronunciarse sobre lo que es demandado
  • Las partes tienen el derecho de alegar los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones
  • El juez no puede decidir en base a hechos no comprendidos en el debate
  • Cada parte debe probar sus respectivas pretensiones.

Sin embargo, las tendencias modernas han ido limitando este principio, dado a que “hay cada día una tendencia más acusada, aún en los países de estructura liberal democrática, a permitir la iniciativa de oficio en todos aquellos casos en los cuales la voluntad privada no basta para ofrecer las garantías necesarias3.

El principio de impulsión procesal: Este principio establece que el proceso debe seguir su curso hasta llegar a una solución del litigio. Es contemplado como un derivado del principio dispositivo, ya que es a las partes que corresponde, no sólo inicio de la actividad procesal, sino también su seguimiento, a los fines de culminar con la misma. Este, al igual que el principio dispositivo, es propio del proceso civil y no tiene una fuente constitucional.

El principio de contradicción: Este principio dispone que todo argumento o medio de prueba no puede ser tomado en cuenta para el proceso, sin que el mismo sea objeto de un debate hecho por todas las partes del proceso. Este principio es de carácter constitucional, por aplicación del artículo 8, numeral 2, literal j de nuestra Carta Magna, que dispone que debe asegurarse un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa en un proceso. “No hay juicio que se siga a espaldas de la parte a quien eventualmente perjudica, y no hay sentencia válida si no se han dado a las dos partes, por igual, las garantías de defensa necesarias4.

El principio de publicidad: Este principio viene como resultado de vivir dentro de un Estado democrático, donde sean los miembros de la sociedad que puedan observar, evaluar fiscalizar la actividad procesal de los tribunales. Este principio llama a que los procesos no sean desconocidos para los terceros, lo que implica que deben ser conocidos en audiencia pública, salvo en aquellos casos en que la naturaleza del proceso haga necesario que se conozca a puertas cerradas. Este principio es de carácter constitucional, teniendo su fundamento en el artículo 8,2,j. de la Constitución respecto a las condiciones de publicidad que deben revestir las audiencias.

El principio de preclusión: Este principio le da un carácter fragmentario al proceso civil. Establece que el proceso es sucesivo, y por ende, cada etapa del proceso debe de agotarse en su debido tiempo. Esto implica que los actos del proceso deben ejercitarse en su etapa correspondiente, so pena de invalidez de los mismos. Este principio tiene su fundamento en varias disposiciones legales, como es el caso del artículo 2, de la ley 834 de 1978 que dispone las excepciones del procedimiento deben ser planteadas antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión, so pena de que las mismas sean declaradas inadmisibles.

El doble grado de jurisdicción: Este principio consiste en darle la oportunidad a una parte del proceso que no haya quedado conforme con la decisión tomada por el juez, recurrir por ante una jurisdicción jerárquicamente superior para conocer el caso en grado de apelación. Sobre este principio se ha debatido si el mismo es de naturaleza constitucional o no. Este principio es de orden público, más no es de naturaleza constitucional, toda vez que si bien es cierto que el artículo 71, inciso 1 contempla la figura de la apelación, no es menos cierto que no lo hace como una prerrogativa o derecho fundamental, sino como una de las atribuciones de la Corte de Apelación, que bien puede ser regulada por la legislación adjetiva.

El principio de economía procesal: Este dispone que el proceso debe llevarse a cabo con una eficiencia, tanto en los actos procesales, como en los plazos, a los fines de que el proceso se lleve sin un dilaciones ni encarecimientos innecesarios.

Principio de concentración: Este principio se deriva de la economía procesal, y dispone que el proceso debe llevarse a cabo en una sola audiencia, o en su defecto, en la menor cantidad de audiencias posibles, optando porque el mismo no se vea distraído por cuestiones irrelevantes. “El principio de concentración impone la reunión de las actividades procesales en una o varias audiencias en la discusión final del caso”5.

Principio de Imparcialidad del Juez: Este principio va íntimamente ligado al principio de igualdad entre las partes, dado a que establece que el Juez que vaya a conocer del proceso debe verse desprendido de cualquier interés personal que pueda afectar su objetividad al momento de tomar una decisión respecto del mismo. En ese sentido, una violación a este principio conlleva directamente una violación al principio de igualdad entre las partes, dado a que un juez parcializado desequilibra el fundamento de este principio. Este principio es de naturaleza constitucional, dado a que se desprende de lo que dispone el artículo 8, numeral 2, literal j, en lo que respecta a que el juicio debe ser imparcial.

Principio de la carga de la prueba: Proviene de la máxima “Actori Incumbit Probatio” que establece que la parte que alega un hecho en justicia, debe de probarlo. El demandante, en principio, tiene la carga de la prueba para probar sus pretensiones, y en contraparte, el demandado sólo debe de probar el descrédito de los hechos que han sido comprobados en su contra. Este principio encuentra su fundamento en lo que dispone el artículo 1315 del Código Civil.

Luis Adriano Taveras Marte

[Ensayo realizado por el autor con motivo al curso “GarantíasConstitucionales y Principios Fundamentales del Proceso Civil”, impartidoen la Escuela Nacional de la Judicatura en el primer trimestre del 2009].

Notas:

1Vigo, Rodolfo L., “Los principios jurídicos: perspectiva jurisprudencial”, p.5
2Jorge Blanco, Salvador. “Introducción General al Derecho”, p.74
3Couture, Eduardo J., Ob. Cit.
4Idem, pág. 311
5 Jorge Blanco, Salvador. “Introducción General del Derecho”, p.264
Los principios y valores reguladores delproceso civil y su fundamento constitucional El Diccionario en línea de la Real Academia Española define valores como “Cualidades que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables”. El aspecto que define el valor es su polaridad, teniendo siempre una contraparte: de esta forma, cuando hablamos que la equidad y la justicia son valores, establecemos la existencia de polos contrarios a esos valores (la desigualdad y la injusticia). Se entiende por valores aquellos criterios positivos que tiene una cosa o una persona. Eduardo Jorge Prats señala que en nuestro ordenamiento jurídico no existe una determinación de los valores, ni los enumera. “Partiendo, sin embargo, de una interpretación sistemática de la Constitución, podemos inferir que los valores fundamentales de la Constitución y son esencialmente la libertad, la justicia, la igualdad y la dignidad de la persona”. (Jorge Prats, Eduardo; “Derecho Constitucional: Volumen 1, p188). En este sentido, entendemos por valores aquellos criterios positivos que se pretenden alcanzar a través del ordenamiento jurídico, y que los mismos se encuentran intrínsecos dentro de los principios que rigen tal ordenamiento. El principio, por su parte, es definido como “norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta”. La doctrina, al referirse a los principios, tiene criterios divididos. Los juspositivistas, por un lado, consideran que los principios no son más que lineamientos que nacen a partir de normas jurídicas preexistentes. En pocas palabras, los principios no son más que algunas de las normas existentes dentro de la sociedad u otro modo de decir lo que ya dicen implícitamente las mismas normas1. Desde esta perspectiva, se considera que los principios tienen validez en la medida en que se encuentren positivizados en una norma. Los Jusnaturalistas, por su parte, establecen que los principios revelan de por si valores que trascienden a lo escrito por las normas. Esto encuentra su razón en el carácter integrador que tienen los principios, explicado por Bobbio, con el que se señala que los mismos sirven para brindar luz a aquellas zonas en que las normas se encuentren ambiguas u oscuras. La definición que mejor comprende el tema de los Principios y Valores, a mi humilde parecer, es la que otorga el doctor Salvador Jorge Blanco cuando señala que: “Los principios generales son ideas que por su trascendencia inspiran valores permanentes del ser humano, al margen de que estén o no expresados en un texto legal o constitucional del derecho nacional o internacional. Esas ideas inspiran soluciones que no están reglamentadas o resueltas por el derecho positivo, sea en la función de legislar o de juzgar, que son fuentes primordiales del derecho”2. Esta última definición asimila un concepto más objetivo de la palabra “principio”, dado a que en el mismo el autor señala que los principios trascienden al derecho positivo, hasta el punto de que éstos no sólo deben ser observados a la hora de juzgar un caso particular, sino además al momento de crear reglas de derecho dentro del Estado. Una vez puntualizados estos conceptos, ha lugar ha destacar cuáles principios son reguladores del proceso civil, y entre ellos, cuáles tienen un arraigo constitucional, sea porque se encuentre expresamente consagrado en el texto de la Carta Magna, o bien si proviene de un tratado internacional que tenga aplicación interna en nuestro ordenamiento jurídico. Efectivametne, El proceso civil se ve rodeado de una serie de máximas o lineamientos generales que se encargan de darle una dirección conforme a la equidad, la justicia y la seguridad jurídica, que son los valores que fundamentan el ordenamiento jurídico. En ese sentido, encontramos una serie de principios que son propios de todos los procesos, y otros que son exclusivos del proceso civil. Algunos de estos principios son de carácter constitucional, o sea, que encuentran su fundamento en el texto de nuestra Carta Magna, o en su defecto, en alguna estipulación de un tratado internacional. En este último caso, se habla de que el principio tiene carácter constitucional por aplicación de lo que dispone el artículo 3 de la Constitución en su parte in fine: “La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas ”, en combinación con su artículo 38, numeral 14, que faculta al Congreso Nacional para Aprobar o desaprobar tratados y convenciones internacionales que celebre el Poder Ejecutivo.Los principios reguladores del proceso civil son varios, entre ellos tenemos:
El principio dispositivoEl principio de impulsión procesal El principio contradictorio El principio de publicidad El principio de preclusión El principio de concentración El principio de inmediación El doble grado de jurisdicciónEl Principio Dispositivo: Este principio establece de forma general que las partes son las dueñas del proceso, tienen una posición activa respecto del mismo, mientras que el rol del juez civil debe ser siempre pasivo, o sea, actuar en base a lo propuesto por las partes. Eduardo J. Couture, en su obra “Estudios del Derecho Procesal Civil: Tomo I” establece que el principio dispositivo tiene se divide en dos contenidos: por un lado tenemos la iniciativa de la parte, con el que se dispone que el juicio civil no funciona sino a petición de parte interesada; y por el otro lado, tenemos la limitación material del conocimiento, que dispone que que el juez no conoce más materiales de hecho que los que suministran las propias partes. Este principio propio del proceso civil, dado a que existen otras materias en las que el papel asume un papel activo dentro de la instrucción del proceso. Por aplicación de este principio, se toman en cuenta las siguientes reglas:

  • El juez sólo puede pronunciarse sobre lo que es demandado
  • Las partes tienen el derecho de alegar los hechos que sirven de fundamento a sus pretensiones
  • El juez no puede decidir en base a hechos no comprendidos en el debate
  • Cada parte debe probar sus respectivas pretensiones.

Sin embargo, las tendencias modernas han ido limitando este principio, dado a que “hay cada día una tendencia más acusada, aún en los países de estructura liberal democrática, a permitir la iniciativa de oficio en todos aquellos casos en los cuales la voluntad privada no basta para ofrecer las garantías necesarias3. El principio de impulsión procesal: Este principio establece que el proceso debe seguir su curso hasta llegar a una solución del litigio. Es contemplado como un derivado del principio dispositivo, ya que es a las partes que corresponde, no sólo inicio de la actividad procesal, sino también su seguimiento, a los fines de culminar con la misma. Este, al igual que el principio dispositivo, es propio del proceso civil y no tiene una fuente constitucional.El principio de contradicción: Este principio dispone que todo argumento o medio de prueba no puede ser tomado en cuenta para el proceso, sin que el mismo sea objeto de un debate hecho por todas las partes del proceso. Este principio es de carácter constitucional, por aplicación del artículo 8, numeral 2, literal j de nuestra Carta Magna, que dispone que debe asegurarse un juicio imparcial y el ejercicio del derecho de defensa en un proceso. “No hay juicio que se siga a espaldas de la parte a quien eventualmente perjudica, y no hay sentencia válida si no se han dado a las dos partes, por igual, las garantías de defensa necesarias4.El principio de publicidad: Este principio viene como resultado de vivir dentro de un Estado democrático, donde sean los miembros de la sociedad que puedan observar, evaluar fiscalizar la actividad procesal de los tribunales. Este principio llama a que los procesos no sean desconocidos para los terceros, lo que implica que deben ser conocidos en audiencia pública, salvo en aquellos casos en que la naturaleza del proceso haga necesario que se conozca a puertas cerradas. Este principio es de carácter constitucional, teniendo su fundamento en el artículo 8,2,j. de la Constitución respecto a las condiciones de publicidad que deben revestir las audiencias. El principio de preclusión: Este principio le da un carácter fragmentario al proceso civil. Establece que el proceso es sucesivo, y por ende, cada etapa del proceso debe de agotarse en su debido tiempo. Esto implica que los actos del proceso deben ejercitarse en su etapa correspondiente, so pena de invalidez de los mismos. Este principio tiene su fundamento en varias disposiciones legales, como es el caso del artículo 2, de la ley 834 de 1978 que dispone las excepciones del procedimiento deben ser planteadas antes de toda defensa al fondo o fin de inadmisión, so pena de que las mismas sean declaradas inadmisibles. El doble grado de jurisdicción: Este principio consiste en darle la oportunidad a una parte del proceso que no haya quedado conforme con la decisión tomada por el juez, recurrir por ante una jurisdicción jerárquicamente superior para conocer el caso en grado de apelación. Sobre este principio se ha debatido si el mismo es de naturaleza constitucional o no. Este principio es de orden público, más no es de naturaleza constitucional, toda vez que si bien es cierto que el artículo 71, inciso 1 contempla la figura de la apelación, no es menos cierto que no lo hace como una prerrogativa o derecho fundamental, sino como una de las atribuciones de la Corte de Apelación, que bien puede ser regulada por la legislación adjetiva. El principio de economía procesal: Este dispone que el proceso debe llevarse a cabo con una eficiencia, tanto en los actos procesales, como en los plazos, a los fines de que el proceso se lleve sin un dilaciones ni encarecimientos innecesarios. Principio de concentración: Este principio se deriva de la economía procesal, y dispone que el proceso debe llevarse a cabo en una sola audiencia, o en su defecto, en la menor cantidad de audiencias posibles, optando porque el mismo no se vea distraído por cuestiones irrelevantes. “El principio de concentración impone la reunión de las actividades procesales en una o varias audiencias en la discusión final del caso”5. Principio de Imparcialidad del Juez: Este principio va íntimamente ligado al principio de igualdad entre las partes, dado a que establece que el Juez que vaya a conocer del proceso debe verse desprendido de cualquier interés personal que pueda afectar su objetividad al momento de tomar una decisión respecto del mismo. En ese sentido, una violación a este principio conlleva directamente una violación al principio de igualdad entre las partes, dado a que un juez parcializado desequilibra el fundamento de este principio. Este principio es de naturaleza constitucional, dado a que se desprende de lo que dispone el artículo 8, numeral 2, literal j, en lo que respecta a que el juicio debe ser imparcial. Principio de la carga de la prueba: Proviene de la máxima “Actori Incumbit Probatio” que establece que la parte que alega un hecho en justicia, debe de probarlo. El demandante, en principio, tiene la carga de la prueba para probar sus pretensiones, y en contraparte, el demandado sólo debe de probar el descrédito de los hechos que han sido comprobados en su contra. Este principio encuentra su fundamento en lo que dispone el artículo 1315 del Código Civil.Luis Adriano Taveras Marte[Ensayo realizado por el autor con motivo al curso “Garantías Constitucionales y Principios Fundamentales del Proceso Civil”, impartido en la Escuela Nacional de la Judicatura en el primer trimestre del 2009].

1Vigo, Rodolfo L., “Los principios jurídicos: perspectiva jurisprudencial”, p.5
2Jorge Blanco, Salvador. “Introducción General al Derecho”, p.74
3Couture, Eduardo J., Ob. Cit.
4Idem, pág. 311
5 Jorge Blanco, Salvador. “Introducción General del Derecho”, p.264
About these ads

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Únete a otros 1.622 seguidores

Audios

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 1.622 seguidores

%d personas les gusta esto: